Crisis en La Guajira: Gobierno dice que hay poco compromiso de órganos de control

El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, aseguró ante la Corte Constitucional que hay un bajo compromiso de los organismos de control para investigar la desviación de recursos en el departamento de La Guajira. La afirmación la hizo en una audiencia de seguimiento a la crisis de la niñez wayuu, declarada por el Alto Tribunal desde 2017, en especial Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.

“Una de las dificultades es el bajo o poco compromiso que tienen los órganos de control para hacerle seguimiento a los recursos. Y en eso quiero hacer un llamado de atención a efectos de lograr un apoyo interinstitucional que nos permita trabajar conjuntamente”, señaló López Maya.

El director dijo que, si bien lleva unas semanas en la entidad, el DNP ha venido haciendo compulsa de copias a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía de reportes de posibles hechos de corrupción, así:

“En el caso de Uribia 135 reportes en cuatro años; Manaure, 130; Maicao, 59 y Riohacha 132. Esos reportes son por baja ejecución, por incumplimientos contractuales, por desviación del objeto contractual. En fin, una cantidad de situaciones que le han dado a la comisión técnica en el territorio”, dijo López Maya.

Luis Enrique Abadía García, vicecontralor encargado, dijo en la audiencia que se ha venido haciendo una actuación especial de fiscalización sobre los recursos del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas en esos municipios por diferentes vigencias, y anunció que el resultado se entregará en junio.

También indicó que hay 181 hallazgos administrativos, de los cuales 45 son con incidencia fiscal por 34.900 millones de pesos. Uno de los casos que están en indagación preliminar es el polémico contrato para 40 carrotanques para el suministro de agua en Uribia y sus alrededores.

El vicefiscal Gilberto Guerrero señaló que entre las dificultades que hay para investigar casos de posible corrupción se cuentan las muchas denuncias que son anónimas, generales y abstractas, y anunció que la entidad planea hacer jornadas para recibir denuncias en la zona, así como crear un enlace concreto con la Contraloría y fortalecer las capacidades de investigación. Guerrero se fijó un plazo hasta el 31 de octubre de este año para empezar a tener resultados sobre estos temas.

La audiencia técnica fue citada por la Corte Constitucional, que desde 2017 declaró un Estado de Cosas Inconstitucionales en esos municipios de La Guajira, para hablar esta vez de manera concreta sobre los contratos que se realizan y sobre el seguimiento que se hace a esos recursos.

El presidente de la Corte, magistrado José Fernando Reyes, dijo que a partir de información recibida por el Alto Tribunal, es claro que hay niveles de corrupción altos: "No hay ninguna duda y para la Sala, a partir de datos objetivos, la constatación de ese hecho exige a su vez actividades propositivas", dijo el magistrado, quien tuvo que hacer constantes llamados de atención a los participantes de la audiencia por no dar respuestas concretas a las preguntas del Alto Tribunal sobre el seguimiento que se hace a esos contratos.

Como en la diligencia se evidenció de manera general falta una caracterización de la población de las comunidades indígenas en la zona, el viceprocurador Silvano Gómez dijo que este tema es preocupante porque la falta de información concreta afecta la priorización de parte de los mandatarios.

"¿Cómo se hará para identificar a las comunidades si ni siquiera saben cuántas son aquellas personas que necesitan la prestación de servicios?", afirmó. De otra parte, el procurador dijo que el año pasado el alcalde de Riohacha fue suspendido temporalmente y aseguró que no es cierta la afirmación que hizo Alexander López en la audiencia.

Añadió que hay 25 investigaciones, dos de las cuales están en pliego de cargos contra dos exalcaldes de Riohacha por presuntas irregularidades en un contrato de 28.000 millones de pesos. También hay otro caso por vicios en contratos contra exgobernadores del departamento y exfuncionarios, entre otros. "La actividad ha sido basta a pesar de las calificaciones injustas que se nos hacen", dijo.