El divorcio del billón de pesos: la disputa por la fortuna de Panamericana

El primero de junio de 1964, en el centro de Bogotá, Carlos Federico Ruiz abrió el primer local de lo que años después convirtió en el emporio Panamericana, un grupo empresarial que, según la Superintendencia de Sociedades, es uno de las más grandes del país, con ingresos en 2022 de 750.000 millones de pesos, un patrimonio de 720.000 millones de pesos y activos de más de un billón de pesos. 

Ruiz ha dirigido Panamericana desde hace más de cinco décadas, durante las cuales transformó su pequeña librería inicial en un negocio diversificado que ofrece, en más de 30 almacenes, no solo libros, sino papelería, arte, música, decoración, entretenimiento, educación, artículos de oficina, tecnología y hasta confitería.

Buena parte de su conglomerado, que incluye editorial propia, lo construyó Ruiz mientras estuvo casado con Aura Lilia García, con quien contrajo matrimonio en 1971 –en la Parroquia Nuestra Señora de Covadonga, en Madrid, España– y de quien se divorció en 2018. Es este divorcio la base de una intriga que ha saltado de la privacidad de la vida conyugal a los estrados judiciales, por cuenta de la forma como ha operado la justicia para inclinar la balanza a favor de Ruiz y en perjuicio de García, quien dice merecer la mitad de la fortuna de su exesposo, cercana al billón de pesos.

CAMBIO confirmó que existen al menos cinco procesos judiciales que exigen atender las sospechosas maniobras jurídicas con las que Ruiz –con ayuda de sus delegados– intenta evadir la obligación legal de entregarle a su exesposa lo que le corresponde.

Separados, pero no divorciados

Carlos Federico Ruiz y Aura Lilia García tuvieron dos hijos: Aníbal y Carlos Federico. Sin embargo, entre el nacimiento de Aníbal y el de Carlos Federico, Ruiz tuvo un primer hijo extramatrimonial; y después del nacimiento de Carlos Federico, otra hija por fuera del matrimonio, con la misma mujer. Luego, tuvo otras dos hijas extramatrimoniales, con mujeres distintas. Las infidelidades –y las peleas derivadas de estas infidelidades– provocaron que la pareja decidiera separarse definitivamente en 1997, tras 26 años de matrimonio. 

El asunto es que Ruiz y García se separaron, pero nunca se divorciaron. Al menos no hasta 2018, cuando decidieron oficializar el trámite.

El divorcio quedó firmado en noviembre, de manera aparentemente pacífica; pero la disputa escaló a otro nivel cuando llegó el momento de la disolución de la sociedad conyugal y la repartición del patrimonio en partes iguales. Según el artículo 160 código civil colombiano, que es el que pone las pautas en el tema, la liquidación de la sociedad conyugal consiste en distribuir en partes iguales los bienes adquiridos durante el matrimonio. Quedan excluidos aquellos que han fueron adquiridos antes de la sociedad y aquellos que han sido heredados. 

Luego del inventario de los bienes, Ruiz supo que debía dividir su fortuna en partes iguales y darle la mitad a su exesposa. Ahí fue Troya.

Una sentencia demasiado demorada

El 27 de junio de 2018, en virtud de salvaguardar el inventario de los bienes que, según la ley, debían ser liquidados en partes iguales, la juez 5 de familia, de Bogotá, decretó el embargo de 31 inmuebles, las cuentas bancarias que Ruiz tenía en tres bancos y los derechos y acciones –incluyendo dividendos, utilidades por repartir e intereses, y cualquier otra suma de dinero que poseyera el demandado– como socio, accionista o empleado, en las empresas Panamericana Librería y Papelería S.A., Panamericana Formas e Impresos S.A., Panamericana Editorial Ltda, Panamericana Outsourcing S.A, Nueva Aurora S.A.S. y Dafne Managnent Inc de Panamá.

Luego, en noviembre, la juez decretó el divorcio y ordenó la expedición de copias de su sentencia para que la novedad pudiera ser inscrita en el registro civil de matrimonio. Este trámite era clave porque solo con el divorcio inscrito en el registro civil de matrimonio es posible presentar la demanda de liquidación de la sociedad conyugal.

No parecía un trámite de más de dos días; pero pasó una semana y luego otra; un mes, y luego otro. Al final, el despacho tardó nueve meses en expedir las copias de la sentencia, el 26 de agosto de 2019. Mientras tanto, la juez 5 de familia dejó el despacho, y el juez que la reemplazó se apresuró con mucha diligencia a ordenar el levantamiento del embargo de los bienes de Ruiz, con el argumento de que el plazo de dos meses –a partir de la sentencia de la juez– para presentar la demanda de liquidación de la sociedad conyugal se había cumplido hace rato. El hecho resultaba contradictorio: el juez se quejaba de que no había llegado a su despacho la demanda de liquidación cuando para presentarla eran necesarios los oficios que su mismo despacho debía expedir.

El juzgado 5 de familia, en cambio, fue ágil en notificar, solo 20 días después de que se dio por terminado el proceso de divorcio, a todas las sociedades del señor Ruiz que los bienes habían sido liberados,

El 25 de noviembre de 2019, un año después de la sentencia de divorcio, Aura Lilia García pudo presentar por fin la debida demanda de liquidación de la sociedad conyugal, en la que se pedía partir en partes iguales la fortuna que su exesposo había construido durante el matrimonio y de la cual el correspondía casi medio billón de pesos.

Una vez más, el 6 de diciembre, el juez 5 ordenó el embargo de los bienes de Ruiz, incluidas las acciones en la totalidad de las sociedades del Grupo Panamericana. En enero de 2020, la secretaria del despacho, Herly Matilde Huertas, le notificó del embargo a los representantes legales de las empresas del grupo Panamericana; pero omitió entregar los oficios correspondientes al embargo de las acciones de las sociedades Panamericana Librería y Papelería S.A. y Panamericana Formas e Impresos S.A.

Gracias a ese olvido de la secretaria del despacho, Ruiz pudo –a pesar de saber que existía una orden de embargo de esos recursos– retirar el 19 de marzo de 2021, a través de su abogada, Claudia Álvarez, 10.000 millones de pesos de la empresa Panamericana Librería y Papelería S.A. 

Empiezan las denuncias

Casi un año después, en febrero del 2022, Aníbal, primogénito de Ruiz, decidió interponer una primera denuncia, en contra de la abogada Claudia Álvarez. A su parecer, Álvarez era responsable del delito de fraude a resolución judicial, pues –amparándose en no haber recibido los oficios correspondientes– retiró las utilidades de la empresa Panamericana Librería y Papelería S.A. a pesar de saber que había una orden de embargo sobre las acciones.

Sorprendentemente, apenas un par de días después de la radicación de esa denuncia, la fiscal 32 de la Unidad Administrativa Pública de Bogotá archivó la investigación, lo cual provocó una segunda denuncia: contra la fiscal 32, como presunta responsable de prevaricato por acción, con el argumento de que había archivado el caso arbitrariamente y no ceñida a la ley. 

Casi de inmediato, la Fiscalía decidió desarchivar el proceso y vincular a Álvarez formalmente a la investigación. Un año después, no hay decisiones en el caso. CAMBIO se contactó con la abogada, pero decidió no decir nada al respecto.

Más irregularidades

En julio de 2023, Aníbal Ruiz presentó una tercera demanda, esta vez contra Carlos Franco, representante legal de Nueva Aurora, una de las empresas del grupo Panamericana, por fraude a resolución judicial, por no haber inscrito en el libro de accionistas de esa empresa la orden de embargo sobre las acciones de Ruiz. Ese olvido del representante legal permitió que Ruiz sacara de la compañía más de 2.600 millones de pesos, cuando una resolución judicial se lo prohibía.

No fue la última. Aníbal decidió interponer una cuarta denuncia, que pone en duda la credibilidad del juzgado 5. La nueva denuncia condensa todas las presuntas irregularidades en las que incurrió el despacho y que hicieron posible,  primero, el desembargo de los bienes de Ruiz; y, segundo, que Ruiz pudiera sustraer más de 12.000 millones de pesos de dos de sus empresas, por omitir notificar a esas empresas de la sentencia de embargo sobre las acciones.

Esa última denuncia recae directamente contra quien parece ser protagonista secundaria de todo el caso: la secretaria del juzgado 5 de familia, Herly Matilde Huertas López, quien desde un comienzo ha sido la encargada de expedir los oficios y notificar a las partes. El proceso en su contra –por el delito de prevaricato por acción– está, según fuentes de la Fiscalía, a punto de arrojar resultados en el sentido de que las omisiones de Huertas no han sido una simple negligencia.

El otro proceso paralelo que montó Ruiz

Mientras todo este recuento procesal ocurría, al dueño de Panamericana se le ocurrió una idea: iniciar un proceso de divorcio paralelo en otro despacho, no ya en el juzgado 5 de familia, sino en el juzgado 30, con el que pretendía que el nuevo juez desconociera el proceso del juzgado 5 y declarara, de buenas a primeras, que la sociedad conyugal entre Aura Lilia García y Carlos Federico Ruiz había estado vigente sólo hasta el 25 de enero de 1984. 

Desde el punto de vista legal, intentar abrir un proceso paralelo en un despacho distinto al que ya lleva el caso no solo es abiertamente ilegal sino que deja en evidencia claras intenciones de hacer trampa.

Ruiz buscaba aprovecharse de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le caía como anillo al dedo: la sentencia SC 40272021, expedida a finales de 2021, que resolvió que la separación de hecho sí disuelve la sociedad conyugal; es decir, que los bienes que deben contemplarse para la repartición son solo los adquiridos hasta el momento de la separación, no hasta la fecha del divorcio. Así, Ruiz pretendía desconocer el inventario de bienes de la sociedad conyugal validado por el juez 5 en 2018.

Al enterarse de este doble proceso, el juez 30 se declaró impedido de continuar con el caso y devolvió todo al juez 5. Ruiz y su abogado intentaron retirar la demanda antes, pero ya el juez 30 había enviado el caso al juzgado 5.

Por estos últimos hechos, Aníbal Ruiz denunció a su padre y al abogado de este, Fernando Dueñas, como presuntos responsables de los delitos de fraude procesal y fraude a resolución judicial; pues, a su manera de ver, no solo intentaron hacer incurrir en error a la administración de justicia, sino que intentaron, deliberadamente, que Aura Lilia García no pudiera reclamar la totalidad de los bienes que, por ley, le corresponden en la liquidación de la sociedad conyugal.

El proceso de separación de bienes entre Carlos Federico Ruiz y Aura Ligia García ya completa cinco años, durante los cuales García ha vivido de lo que sus allegados le dan. Mientras tanto, espera que la justicia le dé, por fin, lo que la ley, se supone, le concede.

CAMBIO consultó a las partes involucradas y ninguna quiso entregar su versión por considerar que se trata de su vida privada.