El magistrado del caso de Arturo Char pidió licencia por el resto del año, ¿qué va a pasar?

El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Francisco Farfán está inmerso en un escándalo tras haber sido señalado por Cielo Gnecco de haberles avisado a los integrantes de esa familia que estaban siendo interceptados en el marco de una investigación que avanzaba en 2019 en contra del senador José Alfredo Gnecco Zuleta por presunta compra de votos. Farfán, que niega esos señalamientos y ya fue apartado del caso que fue reabierto en la Corte para examinar esas presuntas irregularidades, pidió una licencia no remunerada por el resto del año y por los tres primeros meses del 2024.

Esa licencia la tiene que definir la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el presidente de la Corte, su vicepresidente, y los presidentes de la Sala Penal, Laboral y Civil, y se espera que lo hagan el martes. Una de las preguntas que han surgido respecto de la petición de Farfán es qué va a pasar con los casos que el magistrado tiene a su cargo y, especialmente, el caso del exsenador Arturo Char, que es el único de esos expedientes en donde hay una persona presa.

Farfán es el magistrado instructor del caso contra Char por presunta compra de votos y el que hizo el pedido a sus colegas de la Sala de Instrucción para que el expresidente del Congreso fuera cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario y se emitiera una orden de captura internacional. Eso fue aceptado por la sala en pleno menos por la magistrada Cristina Lombana, que salvó su voto.

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Fuentes explicaron a CAMBIO que, de otorgarse la licencia, los procesos los puede asumir o el presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado César Reyes, alguno de los otros magistrados de la Sala o bien, que es posible designar un reemplazo temporal. Esto, además, si se tiene en cuenta que Farfán despidió a cuatro de sus funcionarios del despacho y actualmente solo queda allí un magistrado auxiliar.

La decisión de a quien le corresponda el caso es clave en tanto que, entre otros, quien lo asuma deberá seguir con la etapa probatoria, para luego entrar a definir si acusa o no a Char, quien está preso en La Picota. Los términos son importantes en tanto que la defensa del exsenador podría elevar una petición de libertad si su detención se extiende en el tiempo sin que se defina su situación.

Cabe recordar que la Sala, con ponencia del magistrado Farfán, dijo que en este caso hay, hasta el momento, indicios de que Char no solo participó sino que financió el entramado ilegal de compra de votos conocido como la "Casa Blanca", desde por lo menos octubre de 2017 y para los comicios de marzo de 2018 al Congreso, no solo para elegir a Aida Merlano (condenada por estos hechos) y a Lilibeth Llinás, sino también al propio Char.

Esa decisión asegura que se trató de un entramado ilegal del que habrían hecho parte también Alejandro Char, hermano de Arturo, y el hoy alcalde electo de Barranquilla, junto al empresario Julio Gerlein, quien está en juicio por estos hechos. Para ello, alega que hay al menos doce indicios de presunta responsabilidad derivados de las pruebas hasta el momento conseguidas y del testimonio de Merlano, así como de excolaboradores de la campaña que certifican lo que ella indicó, como Rafael Rocha, Vicente Rosanía y Edwin  Martínez, entre otros, en relación a que supuestamente el dinero venía de la familia Char y de Gerlein.

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"La Sala enfatiza en que estos hechos periféricos conocidos y acreditados (...) y el aporte de recursos financieros a las reseñadas campañas políticas por parte de este y de Faisal Jacobo Cure, megacontratistas de la alcaldía de Alejandro Char, confieren sustento y respaldo a los testimonios de Merlano Rebolledo, Rocha Salcedo y Palencia Borrero en este tópico, en el sentido de que la familia Char, encabezados por Arturo y Alejandro Char, operó como el principal grupo financiador de la campaña política que se enfocó en la compra de votos, lo que reafirma, por vía de prueba directa e indiciaria, el posible compromiso de responsabilidad penal del exsenador Arturo Char Chaljub”, dice esa decisión.

Una de las razones por las cuales es clave saber quién quedará a cargo del caso y si se hará un sorteo o el caso le quedará al magistrado que le sigue en orden alfabético que sería la magistrada Cristina Lombana, quien ya asumió uno de los expedientes en que Farfán se declaró impedido y que tiene que ver con los congresistas de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Lombana, como se indicó, no estuvo de acuerdo con la decisión de detener a Arturo Char. En un salvamento de voto de 50 páginas en poder de CAMBIO, la jurista dijo que, en su criterio, con las pruebas que hay hasta el momento, no se observa de qué manera en concreto Char Chaljub habría “organizado” el concierto para delinquir del que se le sindica o “financiado” y expone razones para señalar que esos 12 indicios de responsabilidad de los que habla la Sala de Instrucción en mayoría no eran suficientes para ordenar la detención.

Así, por ejemplo, la Sala mayoritaria enfatizó en que de los testimonios recogidos se puede indicar que se habrían comprado 10.000 votos al menos para Char desde la Casa Blanca, y que este visitó esa sede para concretar el pacto ilegal, de acuerdo con los testimonios de Merlano, de Rafael Antonio Rocha y Vicente Rosanía, entre otros.

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Estos testigos indicaron que vieron a Char entrar a la sede en octubre de 2017, Char reconoció la cita, pero dijo que era para un tema de la Asamblea del Atlántico y la Corte dijo que su postura no es creíble y que la reunión era para concretar el acuerdo ilegal de compra de votos.

Pero según la magistrada Lombana, esto no se puede comprobar porque la única testigo que habla de conocer directamente de la financiación sería Merlano. “Por ende, se tiene que ninguno de los testigos que ha ofrecido su relato acerca de los hechos que concitan la atención, salvo Aida Merlano, sostiene que le conste directamente que Arturo Char financió la ilegal compra de votos”, dijo.

Lo cierto es que la continuación del caso ya no quedaría en manos de Farfán.