Emilio Tapia y sus tutelas para pagar condenas a cuerpo de rey

Emilio Tapia, acusado de participar en la desaparición de 70.000 millones de pesos en el famoso contrato de Centros Poblados para dotar de tecnología a los niños de los lugares más necesitadas de Colombia, está empeñado en ser trasladado de la cárcel El Bosque al batallón militar de Malambo, uno de los lugares donde pueden pagar condena los funcionarios públicos. Solo que Tapia no es funcionario. Ambos lugares están a sólo 19 kilómetros de distancia uno de otro, un recorrido que toma 37 minutos. Aún así, a fuerza de tutelas, está a punto de salirse con la suya.

Tapia, al parecer, ha usado el mismo modus operandi que Carlos Mattos, el otro famoso condenado que logró, vía tutela, que un magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla ordenara su traslado a la “mansión” por cárcel en Barranquilla, donde paga plácidamente su pena por el delito de soborno, por cuestiones de salud.

Los pabellones de funcionarios suelen ser un dolor de cabeza para las autoridades penitenciarias. Los reos allí no solo gozan de una detención menos estricta, sino que se dan sus mañas para garantizarse ciertos privilegios que no tendrían en pabellones ordinarios. Los sitios preferidos por los funcionarios son los batallones militares, en uno de los cuales cumplió pena, por ejemplo, Fernando Botero Zea por el proceso 8.000.

Esta situación hizo que, en mayo de este año, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, tomara una decisión drástica: cerrar el pabellón de funcionarios en Barranquilla, donde era evidente que había un foco de corrupción por cuenta de unas denuncias que advertían que Kiko Gómez, el exgobernador de la Guajira condenado por homicidio, salía y entraba como si nada de la cárcel El Bosque. Kiko Gómez fue trasladado a la cárcel de La Dorada, en Caldas, mientras que al resto de funcionarios los repartió entre La Dorada y la Picota, en Bogotá.

¿Cuál es la estrategia de Tapia para lograr ser trasladado?

Emilio Tapia logró que un juez de Malambo, Atlántico, ordenara su traslado de la cárcel El Bosque al batallón militar de ese municipio, con una condición bastante particular: que fuera a casa militar o al Casino de Oficiales del Batallón de Ingenieros de Combate. Ante semejante capricho, autorizado por el juez, el Ejército interpuso una nueva tutela, con la que busca, por tercera vez, tumbar la decisión. 

CAMBIO tuvo acceso a los documentos que dejan en evidencia las sospechosas decisiones. 

“El despacho tiene de presente y concuerda con la entidad accionada que la Cárcel y penitenciaria de mediana Seguridad CPAMS- EJEMA efectivamente es solo para miembros del Ejército Nacional, y no para el señor en mención. Eso deja claro que este despacho no envía al señor Emilio José Tapia Aldana a dicho lugar, sino a una Casa Fiscal o Casino, donde ya estuvo antes, que garantiza los derechos que le fueron protegidos a la señora accionante (se refiere a la esposa de Tapia) y su núcleo familiar, así como la integridad física del señor Tapia Aldana". Eso dice la decisión del juez primero promiscuo de Malambo, Franklin de Jesús Bedoya Mora.

Para lograr este traslado, Tapia y su familia apelaron al derecho a la “unidad familiar, igualdad y dignidad humana”. Lo que no es lógico es que el juez acepte este argumento si se tiene en cuenta que Tapia está recluido en la cárcel de Barranquilla, ciudad en la que vive su núcleo familiar.

Tapia también argumentó que la cárcel del Bosque no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y protección para salvaguardar sus derechos. Sin embargo, en diálogo con CAMBIO, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, dijo que el establecimiento sí cumple con esas condiciones. 

A pesar de estas inconsistencias argumentativas, el mes pasado el juez Bedoya, de Malambo, volvió a darle la razón a Tapia; y, por no haber cumplido su orden del 9 de junio, sancionó con tres días de arresto y el pago de cinco salarios mínimos al coronel Mauricio Calvo Restrepo, jefe de la guarnición militar de Malambo, y al general Jaime Eduardo Torres, director del Comando de Personal.

Y aunque la batalla parecía haberla ganado Tapia, la semana pasada el Ejército interpuso una nueva tutela contra esa decisión, con el argumento de que hubo “vulneración al debido proceso, derecho de defensa y contradicción, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia”.

Palabras más, palabras menos, lo que argumenta el Ejército es que en la tutela inicial de Tapia no los vincularon como parte procesal, y, por lo tanto, no los habían escuchado “dentro de la discusión jurídica de responsabilidad de salvaguardar el derecho reclamado por los tutelantes”. 

El Ejército añadió, además que el batallón “no tiene la capacidad para la reclusión de una persona privada de la libertad del nivel de seguridad del señor Emilio Tapia, ya que el único espacio de reclusión está ocupado por la excongresista Aida Merlano”. 

Por último, el Ejército le recordó al juez de tutela que “el Código Penitenciario y Carcelario prohíbe expresamente los lugares especiales de reclusión para personas procesadas por corrupción”. 

A esa tutela se le suma un concepto del Inpec, con fecha del 20 de septiembre, conocido por CAMBIO, en el que el coronel Calvo y el general Torres expresan su “negativa unánime” al cumplimiento de la tutela del juez de Malambo porque consideran que la casa fiscal o el casino no son los lugares adecuados para custodiar a Tapia. 

Ahora será un juez de tutela el que determine si le da la razón al Ejército o si, como espera Tapia, lo favorece a él en su empeño por ocupar un lugar en el batallón de Malambo.

¿Cómo fue el caso de Carlos Mattos?

El magistrado Demóstenes Camargo De Ávila, del Tribunal Superior de Barranquilla, aceptó la tutela como una medida de detención hospitalaria transitoria por el estado de salud de Carlos Mattos, quien, con 75 años de edad, sufre “síndrome coronario agudo Tipo Iam Sest (Infarto agudo al miocardio) y Síncope de probable origen cardiogénico”, según su historial clínico.

Así las cosas, la decisión parecería razonable. Sin embargo, lo que ha generado suspicacias es que el magistrado Camargo está acusado de prevaricato por acción, en el caso de corrupción de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Específicamente, es investigado por decidir una tutela, por el control de la Unimetro, contraria a la ley. 

Camargo de Ávila fue acusado junto con su colega Jorge Eliécer Mola Capera, también magistrado del Tribunal, por presuntas irregularidades en diversos fallos de tutelas que favorecieron a los primos Juan José Acosta Osío y Alberto Acosta Pérez, en la disputa por la universidad que sostenían con otros miembros de su familia. Son los mismos primos a favor de los cuales el senador Eduardo Pulgar intentó sobornar con 200 millones a un juez para que los favoreciera en este mismo caso. 

Pero aquí no acaban las suspicacias. Uno de los abogados de Mattos en Barranquilla, que ha ayudado con todos los requerimientos judiciales en esa ciudad, es Raúl Cadena, uno de los investigados por la Fiscalía por planear la fuga de la excongresista Aida Merlano. Quizá no sobra decir que Mattos fue condenado por comprar decisiones judiciales. 

Aunque nada de lo anterior es suficiente para decir que hubo corrupción en la tutela que determinó que su mansión fuera su hospital transitorio, periodísticamente vale la pena ponerle la lupa al caso.