Gaviria se suma a Santos en sus duras críticas a Petro por la ‘paz total’

En medio de los escalofriantes asesinatos de policías y soldados indefensos —algunos junto a sus esposas e hijos pequeños—, como parte del llamado 'plan pistola' del Clan del Golfo, en el escenario hay dos evaluaciones diametralmente opuestas sobre la situación del orden público en Colombia. De una parte, el exmandatario y líder del partido Liberal, César Gaviria Trujillo, que coincide con las tesis del expresidente Juan Manuel Santos; y de la otra, el presidente Gustavo Petro.

Gaviria, quien durante su mandato tuvo que enfrentar la ofensiva narcoterrorista liderada por el capo Pablo Escobar, afirma: “La ‘paz total’ no es una política de Estado. Es una fantasía improvisada, diseñada sin dirección militar, sin estrategia de inteligencia, sin una hoja de ruta clara. Delegar su implementación en tres entidades —la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación— ha resultado ser un desastre”.

“Señor presidente Petro: gobernar no es declamar. No es culpar al pasado ni prometer futuros intangibles. Gobernar es garantizar que los ciudadanos no vivan bajo el yugo del miedo. La paz no se mendiga”, agrega el jefe del liberalismo.

Petro, por su parte, asegura que “la violencia de hoy en Colombia es menor que la de hace 30 años; cada vez más responde, en términos de muertes violentas, al sicariato. Y esto es clave porque nos indica la política pública que hay que tener”.

Al presentar los indicadores de homicidios en Colombia, en la noche de este lunes, Petro informó que los casos de sicariato registran un aumento marcado, lo que evidencia una nueva fase de violencia que debe ser analizada para trazar una política pública adecuada.

El auge de los sicarios

En una gráfica sobre los homicidios desde 2003, presentada por el mandatario durante su alocución, se mostró que entre 2022 y lo corrido de 2025 se han registrado 44.883 homicidios, de los cuales 28.946 fueron cometidos mediante sicariato, es decir, el 64 por ciento del total en ese periodo.

Según su informe, solo el 20 por ciento de los homicidios tuvieron relación con riñas o casos de intolerancia, es decir, 8.742 casos.

Petro considera que esta forma de violencia ya no es consecuencia de momentos de ira, sino que detrás del sicariato hay organizaciones criminales que pagan por asesinar.

“No es una violencia difusa, que con educación se podría controlar. Detrás del sicariato hay una organización, una planificación. Existe sicariato no porque hubo un momento de ira, sino porque se premeditó la muerte de otra persona y, con seguridad, hubo dinero para pagar por esa muerte”, asevera Petro.

En ese sentido, recalca que “estamos ante una nueva fase de la violencia en Colombia” y enfatiza que “la manera de entenderla y de atacarla es diferente a la pasada fase de violencia que teníamos”.

Precisamente, Gaviria y Santos, que enfrentaron momentos tan difíciles como críticos en el manejo del orden público, tienen un diagnóstico alarmante de lo que desde su óptica se vive hoy en Colombia.

El expresidente Gaviria, por ejemplo, subraya en lo que está pasando con el grupo criminal de mayor crecimiento reciente en Colombia: “¿Qué negocia el Gobierno con el Clan del Golfo? Una organización de narcotraficantes dedicada a asesinar policías y sembrar el terror. Me pregunto por qué, pese al llamado ‘plan pistola’, el gobierno continúa negociando con este grupo. ¿Por qué no se suspenden las supuestas conversaciones?”, cuestiona.

Dos expresidentes, una lectura

Gaviria se suma así a las recientes críticas de Santos, quien la semana pasada afirmó que la actual ola de violencia en varias regiones del país se debe a la ausencia de planificación y estrategia por parte del gobierno de Gustavo Petro. Según él, esa falta de rumbo facilitó que distintos grupos criminales, en especial las disidencias, formaran alianzas en varios territorios.

El ganador del premio Nobel de la Paz compartió su visión sobre la situación de seguridad desde el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, donde expresó su alarma por el hecho de que “hoy hay más de 400 municipios que están, según la ONU, controlados por bandas criminales”.

“Todos los grupos criminales —el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo— se han fortalecido. Eso también es falta de liderazgo por parte de los presidentes. Para qué nos decimos mentiras: las Fuerzas Armadas necesitan liderazgo desde la Presidencia, y eso ha faltado”, dice Santos.

Según el exmandatario, que gobernó al país entre 2010 y 2018, durante la administración Petro comenzaron las negociaciones de la paz total, que han fracasado porque, a su juicio, semejante desafío requiere planeación: saber con quién se negocia, qué tanta fuerza tiene ese grupo, qué se ofrece, qué marco jurídico se va a utilizar, cómo se desarrollará la negociación y cuáles son las líneas rojas. “Nada de eso se hizo”, asegura Santos. Argumentos similares a los que ahora usa Gaviria.

En esencia, Gaviria coincide con Santos en varios puntos. La paz total no es una política de Estado, sino una acción improvisada que conduce al desastre.

Otty Patiño, el desaparecido

Mientras tanto, dice Gaviria, el comisionado de Paz, Otty Patiño, aparece y desaparece, absorbido por negociaciones opacas. El Ministerio del Interior prioriza agendas políticas y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se encuentra en medio de conflictos internos y vacíos de liderazgo”.

Gaviria, como Santos, también se lamenta por lo que ha sucedido con el acuerdo de paz con las Farc.

Colombia firmó en 2016 uno de los acuerdos de paz más ambiciosos del mundo, dice el exmandatario liberal. Y añade: pero hoy, el acuerdo con las Farc está en coma inducido. El propio presidente lo confesó en Naciones Unidas: “Colombia no quiere cumplirlo”. Lo que no dijo es que esa decisión es política, no nacional. Es suya. El Gobierno ha preferido apostar por la paz total, una iniciativa paralela, sin conexión real con el acuerdo de La Habana, y que, en lugar de reforzarlo, lo sabotea desde dentro.

“La situación en regiones como el Catatumbo es escandalosa”, sentencia Gaviria. Y explica: en enero, más de 60 personas fueron asesinadas en una masacre perpetrada por el ELN contra las disidencias de las Farc. Cincuenta mil personas desplazadas. Niños reclutados. Comunidades indígenas como los Barí, al borde del exterminio. ¿Y la respuesta del Gobierno? Un decreto de conmoción interior y un “pacto social” que suena más a promesa de campaña que a una medida de emergencia.

Gaviria, además, hace cuentas: en lo corrido del año ya van más de 23 paros armados. Las carreteras están bloqueadas. Las escuelas, cerradas. Las comunidades, atrapadas. El transporte intermunicipal, paralizado. Las bandas criminales imponen su ley, cobran 'impuestos', secuestran, reclutan, extorsionan. El Estado brilla por su ausencia. Y en lugar de enviar helicópteros, aviones o refuerzos, el gobierno se limita a organizar manifestaciones prepagadas y a negar la gravedad de la situación.

Esto, claro, en referencia a las manifestaciones del 1 de mayo donde participaron 20.000 indígenas provenientes del departamento del Cauca.

Una fuerza pública debilitada

Y Gaviria añade que la fuerza pública, mientras tanto, opera con recursos escasos. Equipos sin mantenimiento. Inteligencia obsoleta. Una flota aérea anclada en tierra. La defensa del territorio ha dejado de ser prioridad.

Para Gaviria hay que tener en cuenta las miradas externas. Y enumera: la ONU y la OEA han extendido su apoyo, pero su paciencia se agota. El jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que una implementación decidida del acuerdo con las Farc habría evitado muchas de las crisis actuales. El Consejo de Seguridad expresó preocupación por la falta de garantías para excombatientes y comunidades. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) documentó reclutamiento forzado, trabajo esclavo y violencia sistemática contra la población civil.

“Este no es un fracaso de la comunidad internacional. Es un fracaso del Gobierno nacional, que ha hecho del discurso su escudo, mientras el país se desmorona”, asevera Gaviria.

Petro, por su parte, explica que detrás de los homicidios por sicariato hay “organizaciones multicrimen” dedicadas a diversas formas de criminalidad como la extorsión, el asesinato y el control territorial, organizadas para sostenerse mediante economías ilícitas.

Los promotores de la violencia

“La economía ilícita se ha convertido en el gran promotor de la violencia mortal en la Colombia de hoy”, asegura el presidente al analizar ese factor de criminalidad.

Asimismo, manifiesta que los homicidios en Colombia ya no están vinculados a organizaciones insurgentes que atacaban al Estado para cambiar el modelo político o económico.

“Las organizaciones que están detrás del sicariato están matando hoy a la mayor parte de los ciudadanos que mueren por homicidio, como si estuviéramos en el pasado”, reflexiona.

El presidente informa que, en lo corrido de 2025, se han presentado 4.296 homicidios, y su proyección para fin de año sería de 12.959, el menor índice registrado desde 2020.

La lectura de Gaviria es muy contraria. “La paz total ha sido, en la práctica, una política de permisividad con estructuras armadas, una renuncia a la soberanía estatal y una trampa discursiva para ganar tiempo. Ni paz, ni total. Ni estrategia, ni justicia. Ni autoridad, ni resultados”, sentencia quien fuera presidente de Colombia entre 1990 y 1994.

Una paz total que, según el expresidente Santos, tuvo un origen perverso. “Se metieron a negociar con 14 grupos al mismo tiempo sin tener la más mínima idea de hacia dónde querían ir”, asegura. “Por supuesto, estos grupos aprovecharon esa situación y se han venido fortaleciendo, todos, y de qué manera”.

La responsabilidad de Danilo Rueda

En su reciente diagnostico público, Santos acusó directamente al excomisionado de Paz, Danilo Rueda, de haber cohesionado a grupos armados ilegales que estaban debilitados y dispersos. “Hoy estamos sufriendo las consecuencias”.

El expresidente Santos es enfático al señalar que las disidencias de las Farc eran un grupo muy pequeño de narcotraficantes, porque quienes no firmaron la paz estaban dedicados principalmente al negocio de las drogas.

Dice que el primer comisionado de paz de este gobierno, Danilo Rueda, utilizó helicópteros del Estado para recoger a los voceros de los diferentes grupos criminales que se hacían llamar disidencias, y los llevó, en abril de 2023, al Yarí, entre Caquetá y Meta. En ese encuentro se les dio el reconocimiento de Estado Mayor Conjunto de las Farc.

“O sea, el propio Gobierno organizó a las disidencias, y miren los resultados que estamos sufriendo. Eso ha sido muy desafortunado”, concluye Santos.

En la otra orilla, el análisis de Petro es distinto y considera que no hay un ‘colapso de la seguridad’. “Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia. Hemos combinado fases de mayor ofensiva del Estado y otras de más diálogo y paz. Unos gobiernos han tenido un talante, otros otro, pero el balance general es que hemos sido exitosos como sociedad”.

“No hay un caos de violencia en este Gobierno”, defiende con vehemencia el jefe del Estado, que atribuye esa “falsedad” a una “mentira mediática”.