Petro pide desclasificar archivos de las Convivir e insiste en el vínculo entre empresas de seguridad y paramilitarismo

Durante el pasado consejo de ministros del lunes 7 de abril, el presidente Gustavo Petro solicitó desclasificar todos los archivos relacionados con las Convivir. La petición hace parte de su política de apertura de documentos históricos, una iniciativa que ha impulsado desde su paso por el Congreso.

En su intervención, el mandatario reiteró que el paramilitarismo en Colombia tiene raíces estructurales que se remontan a las políticas de seguridad implementadas en la década de 1990. En particular, señaló la creación de las Convivir, asociaciones de civiles armados autorizadas mediante un decreto del gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1994 para colaborar en labores de vigilancia en varias regiones del país.

“Desde 1993 hasta hoy, fecha en la que inició el paramilitarismo, en Colombia se le entregaron licencias de funcionamiento a 2.019 empresas de vigilancia a través de la Superintendencia de Vigilancia”, remarcó Petro. Cuestionó la falta de control estatal sobre estas entidades, muchas de las cuales, según él, operaron sin supervisión durante años.

De acuerdo con el mandatario, el decreto que dio vida a las Convivir fue el punto de partida para consolidar grupos paramilitares que, pese a su carácter ilegal, contaron con apoyo implícito del Estado. Aunque reconoció que la iniciativa fue originada bajo el mandato de Gaviria, subrayó que fue el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez (1995-1997), quien la impulsó activamente en la región.

El presidente insistió en que existió una relación directa entre el Estado y el paramilitarismo, materializada a través de la entrega de armas oficiales a empresas de vigilancia privada. Estas compañías, señaló, habrían tenido nexos con grupos criminales. Además, anunció que pidió una investigación formal a la Superintendencia de Vigilancia ante las denuncias sobre el desvío de armamento oficial hacia el paramilitarismo y la falta de trazabilidad de esas armas.

“La Superintendencia sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales, con sello oficial. Escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia. Es decir, el Estado está cuidando a los capos con armas oficiales”, mencionó.

Por su parte, el Archivo General de la Nación será el encargado de revisar en detalle 54 cajas con miles de documentos relacionados con la creación y expansión de las Convivir.  

Más de 60.000 armas desaparecidas

Según información suministrada por el presidente, actualmente se desconoce el paradero de 62.664 armas que fueron entregadas a empresas de seguridad legalmente constituidas, pero que habrían dejado de operar sin que se recuperara el material bélico. Además, identificó 197 compañías con licencias aún vigentes, aunque inactivas en los registros oficiales, que estarían prestando servicios de escolta a “capos del crimen”.

“Hay que hablar con seriedad, esto se llama paramilitarismo, ligado, seguramente, al narcotráfico. En Barranquilla hay un gran ejemplo de esto, pero no lo comento porque son investigaciones penales que vincula a políticos”, sostuvo Petro.

Esta no es la primera vez que el presidente insinúa que las empresas de seguridad privada infiltran miembros del crimen organizado para que utilicen armas bajo todos los permisos pertinentes. En el consejo de ministros del pasado 10 de marzo señaló que “se le está dando licencia a los criminales. Dueños de empresas de seguridad son paramilitares y narcotraficantes, exmilitares a veces y expolicías. Ya van tres presos". 

En esa ocasión, miembros de varios gremios de seguridad privada hablaron con CAMBIO y rechazaron las acusaciones del presidente, pues es el mismo Estado quien da dichas licencias a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.