
Gustavo Petro vs. Alexander Vega: la pelea detrás del último día de sesiones legislativas
Crédito: Fotoilustración de Yamith Mariño
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El gran protagonista del 20 de junio, último día de legislatura, fue el registrador Alexander Vega, quien acudió al Capitolio a ayudar al Gobierno a aprobar los proyectos sobre el cannabis y la reforma laboral, y terminó actuando en su propio provecho, asegurando la aprobación del Código Electoral. ¿Cómo fue la pelea entre Vega y el presidente Petro?
Por: Redacción Cambio

La del pasado 20 de junio fue una jornada adversa en varios frentes para el Gobierno Petro. En la mañana, las marchas convocadas por la oposición tuvieron más afluencia de lo esperado; en la tarde se hundió la reforma laboral y en la noche la regulación del cannabis terminó archivada en su último debate.
Además, las reformas a la salud y pensional se quedaron sin discutir y ni siquiera fueron incluidas en las sesiones extraordinarias. La crónica del último día de la legislatura da cuenta de la política menuda que se jugó para hundir unos proyectos y salvar a otros.
El Código Electoral: la moneda de cambio
Al último día de sesiones ordinarias el Gobierno llegó consciente de que se avecinaba una catástrofe legislativa. En medio del fuego cruzado entre la oposición y el Ejecutivo estaba la reforma laboral, la regulación del cannabis de uso adulto –que aunque no era un proyecto del Gobierno, sí tenía el respaldo decidido de la Casa de Nariño– y la reforma al Código Electoral, proyecto radicado por el registrador Alexander Vega de la mano del entonces ministro del Interior Alfonso Prada. A las tres iniciativas les faltaba el último paso para salvarse, pero solo una de ellas sobrevivió: la que tenía la bendición del registrador.
Los días previos al 20 de junio estuvieron marcados por el plan tortuga de la oposición, que entorpeció el trámite de los proyectos del Gobierno. La orden del presidente Petro fue llevar hasta el final la agenda legislativa para evitar su hundimiento a pesar de las advertencias de sus tres operadores políticos en el Congreso: Luis Fernando Velasco, Alexander López y David Racero. Con la decisión ya tomada por la Presidencia y la imperiosa necesidad de buscar votos al detal, el Gobierno buscó la ayuda de Alexander Vega, un funcionario con tradición de negociaciones políticas, dotado de abundante burocracia y urgido de apoyo político para que el Código Electoral, la bandera de su gestión en los últimos tres años, quedara aprobado antes de terminar su periodo.
El canje era simple: Vega y su equipo le daban una mano al Gobierno consiguiendo el apoyo faltante para la reforma laboral y el cannabis, y la Presidencia movería los hilos para que el Código Electoral cruzara la meta y pasara al examen de la Corte Constitucional.
Para ejercer presión, el Ejecutivo echó mano del orden del día para la plenaria del Senado. Sobre las once de la mañana, en el orden definido por la mesa directiva no apareció ninguna conciliación, solo estaba agendada la discusión del cannabis, lo que en la práctica hundía el Código Electoral de un plumazo sin siquiera votarlo.
La decisión le puso los pelos de punta a Alexander Vega, quien llegó al Congreso a visitar tantas oficinas de senadores como fuera posible. “Llegó desesperado”, dijo un congresista que vio al registrador haciendo lobby. El registrador estaba acompañado de sus dos asesores estrella en el trámite del Código: Felipe Uscátegui, excandidato a la Cámara por el Partido de la U; y José Darío Castro, secretario general de la Registraduría y exgerente de talento humano de la misma entidad.
Vega también se sentó con Alexander López y David Racero, los presidentes de las corporaciones del Congreso, quienes ya habían recibido una preocupante instrucción del presidente Petro, ya colérico por el hundimiento de la reforma laboral.
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Al filo de las tres de la tarde el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara Agmeth Escaf no tuvo mas remedio que levantar la sesión y de esta forma sepultar la reforma laboral. No llegaron los congresistas suficientes para tener quórum y ni siquiera la ministra de Trabajo Gloria Ramírez estuvo en el recinto. Aunque entre periodistas y los mismos congresistas hubo dudas sobre si la reforma en realidad había quedado hundida, quien dio la confirmación oficial para los titulares de última hora fue el presidente Gustavo Petro.
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“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.
La furia del presidente con el Congreso era total. CAMBIO conoció que Petro llamó al registrador y le anunció que el Código Electoral perdía el apoyo del Gobierno por la poca efectividad que tuvo consiguiendo votos. Vega le respondió: “Yo no soy su ministro del Interior”.
El paso siguiente del mandatario fue darle la instrucción a López y a Racero de hundir todo lo que estaba agendado en las plenarias de ese 20 de junio, sin importar la crisis que eso pudiera desatar. “Petro mandó a la mierda al Congreso”, dijo un senador que estuvo al frente del trámite del Código Electoral.
Pero los dos congresistas desobedecieron al mandatario y se arriesgaron a las consecuencias. Fue así como en la tercera modificación del orden del día y minutos antes de las cinco de la tarde, reapareció la conciliación del Código Electoral en el documento oficial. “Racero y López salieron con cara de muy pocos amigos de la reunión (...) no quisieron reventar el país y mantuvieron el orden del día original”, dijo una fuente del equipo de la Registraduría que estuvo ese día en el Congreso.
La oposición también jugó su propio partido ese 20 de junio. Cuando llegó el orden del día de la discordia donde se había dejado por fuera al Código Electoral, la bancada del Centro Democrático se acercó al equipo del registrador para ofrecerle un trato: el uribismo apoyaría el proyecto a cambio de que Vega moviera sus influencias para darle un golpe de Estado a Alexander López en la plenaria del Senado. López ya había negado la posibilidad de que la oposición tuviera la sesión que les corresponde por ley ese 20 de junio y al Centro Democrático solo le quedaba la opción de presidir la plenaria a través de una proposición.
Si Vega se comprometía a conseguir votos para que la proposición pasara, en el orden del día de la oposición estaría de primera la conciliación del Código Electoral, y de segunda, la votación del cannabis para hundirlo rápidamente. Sin embargo, el equipo del registrador se negó a la propuesta y por ello en la plenaria del Senado la proposición de Paloma Valencia se hundió.
El pulso lo perdió el Gobierno en las plenarias
La primera prueba para el Código Electoral el 20 de junio fue en la plenaria de la Cámara. Allí, el informe de conciliación pasó con cerca de 120 votos, pero con un gesto que sorprendió a los presentes en el Salón Elíptico: toda la bancada del Pacto Histórico se salió del recinto intentando romper el quórum y así hundir el proyecto del registrador. La posición del petrismo cambió a última hora, pues había acompañado el proyecto hasta en su último debate. La instrucción llegó desde la Casa de Nariño.
Sin embargo, la jugada salió mal para el Gobierno. El Código Electoral sobrevivió en la Cámara sin el apoyo del petrismo y con mejores cuentas de las que tenía el mismo Vega. El registrador esperaba obtener alrededor de 100 votos y terminó ganándose 20 más.
CAMBIO conoció que el excedente de votos que tuvo Alexander Vega y el sostenimiento del quórum obedeció a la intención de varias bancadas de "mostrarle los dientes al presidente", como aseguró un representante de la coalición de Gobierno. "Los del Pacto quisieron ser soberbios y terminaron haciendo el ridículo", aseguró el congresista a cambio de no citar su nombre. Ni siquiera la totalidad de los representantes del Partido Verde le caminó a la idea del Pacto de abandonar la plenaria de la Cámara.
Con el mensaje claro de la Cámara y después de una hora de discusión sobre el orden del día, en la plenaria del Senado los congresistas del Pacto Histórico también empezaron a dejar sus constancias sobre su voto negativo a la conciliación del Código Electoral, aduciendo varias razones. Por ejemplo, la senadora María José Pizarro explicó que su postura obedecía principalmente a que en la conciliación se cayó la paridad del 50 por ciento femenino en las listas para cargos de elección popular, que quedó del 30 por ciento.
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"He defendido los derechos de las mujeres, he defendido la paridad, he defendido el cese de la violencia contra nosotras y si este Código Electoral no garantiza ni la paridad no puedo acompañarlo", dijo la senadora Pizarro.
El senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay resaltó el hecho de que el Pacto Histórico le soltara la mano al Código Electoral en la recta final. "¿Qué cambió señores del Pacto Histórico? ¿Qué no les dieron? (...) ¿Por qué apoyan el Código Electoral en cuatro debates y ahora que se va a votar la conciliación ya dicen que no?", expresó Turbay.
También hubo duros cuestionamientos al lobby del registrador por parte de senadores como Ariel Ávila, quien se opuso desde el principio al Código Electoral. "Este Código Electoral es una vergüenza institucional. Estuvo Alexander Vega oficina por oficina y hay acusaciones de que está repartiendo puestos", manifestó Ávila. Sin embargo, otros senadores defendieron la presencia del registrador en el Congreso, justamente los mismos con quien Vega se reunió previo a la plenaria como Juan Felipe Lemos del Partido de la U y Paulino Riascos del Pacto Histórico.
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"No estoy defendiendo al registrador, pero yo le pregunto a la mesa directiva: ¿Qué tipo de funcionarios pueden venir a hacer lobby en el Congreso? Porque yo miro a diario funcionarios haciendo su lobby (...) no permitir a Alexander Vega venir aquí a hacer su lobby es violatorio de los derechos humanos", dijo Riascos.
CAMBIO conoció que la artillería burocrática de Alexander Vega tanto el último día de la legislatura como en el último año se apalancó principalmente en los supernumerarios que se nombrarán para las próximas elecciones regionales de octubre, encargados de labores de apoyo para la inscripción de ciudadanos y que podrían llegar a los 40.000.
