Histórico: Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado logran acuerdo de reparación colectiva
12 Enero 2025 03:01 am

Histórico: Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado logran acuerdo de reparación colectiva

Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Crédito: Comunidad de Paz-Redes sociales.

CAMBIO revela los detalles de una solución amistosa a la que llegaron los representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó –que es neutral frente a todos los actores del conflicto desde 1997– y el Estado colombiano. Con la aceptación de responsabilidad internacional de múltiples violaciones a derechos humanos y compromisos concretos, se pretende poner fin a un litigio en la CIDH que se remonta a 2008.

Por: Alejandra Bonilla Mora

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El Estado colombiano hará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas, por acción y por omisión, en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde su conformación en marzo de 1997.

Este es el primer paso de un acuerdo sin precedentes que se firmó el 18 de diciembre de 2024 entre la Comunidad y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de un litigio que se remonta a 2008 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CAMBIO conoció los detalles de este acuerdo de solución amistosa, como se llama técnicamente. Incluye medidas de reparación colectiva, la creación de una comisión independiente de evaluación de investigaciones penales por violaciones a los derechos humanos ejercidas contra miembros de la Comunidad de Paz, y el compromiso de la Fiscalía de asignar más fiscales para la zona.

Pero más allá de los detalles, este acuerdo sólo puede describirse como histórico. 

La resistencia en medio de la guerra

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Foto: Comunidad de Paz.

Es histórico por todo lo que lo rodea. Se trata de una comunidad de campesinos que, en marzo de 1997, ubicados justo en medio de las acciones armadas en Antioquia, se declararon neutrales frente a todos los actores del conflicto. Así, la Comunidad, que ahora es un ejemplo en el mundo, dejó en claro que la guerra no es lo suyo y que no colabora con ningún violento, incluidos los agentes del Estado.

Pero los integrantes y la Comunidad, como sujeto colectivo, han sido víctimas de innumerables hechos de violencia. Por esa razón, desde diciembre de 1997 disponen de medidas cautelares de protección de la CIDH y desde octubre de 2000 medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Aunque dichas medidas fueron reiteradas múltiples veces –la última vez en 2018, eso no ha logrado frenar las amenazas, ejecuciones, desapariciones, violencia sexual, homicidios denunciados y violencia paramilitar perpetrada de manera conjunta según la Comunidad con la Fuerza Pública.

Uno de los episodios que marcó a la Comunidad ocurrió en 2005: la tortura, homicidio y desmembramiento de ocho personas, incluidos tres menores de edad, en las veredas Mulatos, de Apartadó, y La Resbalosa, de Tierralta, Córdoba. Fue perpetrada por paramilitares del bloque Héroes de Tolová que lideró Don Berna, en connivencia con militares (hay varios condenados por la justicia ordinaria y algunos llamados por la JEP).

Días después, el entonces presidente Álvaro Uribe aseguró que supuestamente miembros de esa comunidad ayudaban a la guerrilla, lo cual no sólo implicó estigmatización sino un litigio por el que, en 2012, la Corte Constitucional ordenó pedir perdón.

Ese acto de perdón lo intentó hacer en 2013 el entonces presidente Juan Manuel Santos, pero no fue bien recibido por la Comunidad, que se enteró de ello por los medios de comunicación. Hasta el momento, a pesar de fallos del Consejo de Estado e intentos de excusas públicas, el Estado colombiano no ha hecho un acto de perdón público que satisfaga los derechos de las víctimas, por lo cual, este acuerdo de reparación tiene una importancia adicional.

La petición

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Para entender esta solución amistosa, hay que aclarar que, en 2008, los representantes de la Comunidad de Paz (primero representados por la organización de derechos humanos Cejil, y luego por el padre Javier Giraldo), presentaron una petición a la CIDH en la que denunciaban los constantes hechos de violencia que estaban sufriendo, inicialmente desde 1997 hasta 2000. Esta demanda se presentó cuando ya se tenían medidas provisionales de la Corte IDH, las cuales se emiten en casos de extrema gravedad y de urgencia y son de obligatorio cumplimiento.

En diciembre de 2016, la CIDH admitió esa demanda. Desde entonces, la Comunidad de Paz ha enviado reportes actualizando los hechos de violencia y, a finales de 2018, remitió sus observaciones de fondo de este caso. Ese informe fue respondido por el Estado colombiano durante el gobierno de Iván Duque.

CAMBIO conoció que en esa respuesta no se negaron los hechos de violencia, pero se enfatizó más en que sí hay mecanismos internos en las normas colombianas para atender la situación y que hay múltiples entidades para ello, entre otros.

En julio de 2024, en el marco de una audiencia que citó la CIDH, el Estado, representado por la Agencia de Defensa Jurídica (Andje), manifestó su intención de llegar a una solución amistosa. Varias fuentes consultadas por CAMBIO enfatizaron en que, en un gobierno de derecha, este acuerdo no hubiera sido posible y destacaron un cambio de postura en la defensa estatal desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia. La instrucción es de “ponerse de lado de las víctimas”, es decir, que se busca no litigar lo que ya tiene pruebas contundentes, para evitar revictimizaciones y, más bien, evitar que los casos terminen en juicio en la Corte IDH.

En medio del hermetismo, porque esta solución amistosa es reservada, CAMBIO buscó al director de la Andje, César Palomino, quien destacó que se trata de “un acuerdo histórico, si se tiene en cuenta el significado que significa esa comunidad como un ejemplo, incluso a nivel mundial, de proclamar el desarme como una política de la sociedad civil”.

“Esa postura adoptada por la Comunidad de Paz conllevó que sus miembros fueran objeto de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. El acuerdo de solución amistosa busca reparar, de manera integral y colectiva, todas las situaciones que quienes hacen parte de la Comunidad de Paz han sufrido”, dijo Palomino.

Pero el acuerdo de solución amistosa que hoy se celebra implica mucho más que un listado de tareas, pues para que la CIDH le dé su visto bueno, debe haber un avance real de lo pactado. Esto es clave, pues si la CIDH no homologa el acuerdo, el litigio en ese organismo internacional sigue.

El acuerdo de solución amistosa busca reparar, de manera integral y colectiva, todas las situaciones que quienes hacen parte de la Comunidad de Paz han sufrido: director de la Andje

No obstante, fuentes consultadas por CAMBIO se muestran satisfechas con lo alcanzado, porque logra recuperar la confianza de la Comunidad de Paz con el Estado y el Gobierno actual, con la mediación de la CIDH, y también porque se pactaron medidas de reparación colectivas (no individuales y no monetarias), que son novedosas en el marco de lo que normalmente se pacta en soluciones amistosas, y que buscan resarcir el daño causado a múltiples niveles. Esto implicará un esfuerzo tanto nacional, como departamental y local, con un enfoque transversal.

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¿En qué consiste el acuerdo?

En primer lugar, se pactó la realización de un acto público de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que ejerció el Estado colombiano contra integrantes de esa comunidad. La solución amistosa enfatiza en el reconocimiento de la Comunidad de Paz como sujeto colectivo y se pactaron medidas de reparación, de verdad, de justicia y de política social para garantizar el sostenimiento de los integrantes y suplir sus necesidades, todo lo cual pasa, incluso, por el acceso a la tierra.

El acuerdo incluye medidas para mejorar las condiciones de vida y de vivienda, en las que las autoridades locales tendrán un rol importante. También se construirá y se hará mantenimiento de monumentos en honor a las víctimas y se ubicarán espacios de memoria para la instalación de placas, monumentos y murales. Además, se publicará un libro en el que se narre la historia de la Comunidad de Paz.

Una medida central de este convenio es la creación de una comisión independiente de justicia que liderará la Defensoría del Pueblo y que estará conformada por cuatro expertos.

CAMBIO estableció tres de esos nombres: el abogado Jorge Molano, quien por años ha acompañado la defensa jurídica de casos que envuelven a la Comunidad; la abogada y defensora de derechos humanos por más de 35 años Liliana Uribe, quien viene de trabajar en la Comisión de la Verdad; y Dora Lucy Arias, destacada abogada y defensora de derechos humanos que recientemente estuvo en la terna para la Defensoría. El cuarto experto es un exmagistrado de la Corte Constitucional.

Esta Comisión de Evaluación de la Justicia tendrá que revisar 50 casos, de un universo de 300 procesos penales que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos ejercidas en contra de la Comunidad, para luego redactar un informe al Ejecutivo que incluya recomendaciones. Cabe recordar que, en 2012, la Corte Constitucional había ordenado crear una comisión evaluadora de justicia dentro del marco del seguimiento al caso de la Comunidad. No obstante, esto nunca se puso realmente en marcha.

Además de esta comisión, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo se comprometió a establecer un grupo de fiscales y de investigadores del CTI para que avance en los casos que están rezagados. CAMBIO buscó al padre Javier Giraldo para consultarle sobre la importancia de este acuerdo y detalles al respecto, pero la comunicación no había sido posible al cierre de esta edición.

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Lo que sí es claro es que este acuerdo (que tiene otras medidas que aún no se conocen) debe ponerse en marcha rápidamente. La idea es que la comisión de justicia actúe durante todo este 2025 para garantizar la homologación de la CIDH antes de que termine el mandato de Gustavo Petro. Por el lado de la Comunidad de Paz hay expectativa, pero también exigencia.

El pasado 20 de diciembre, en su página web, la Comunidad resaltó que, tras 27 años de negación, “ahora el Estado comienza a reconocer que ha sido monstruosamente cruel con nosotros y que sus millares de crímenes no se pueden seguir negando y escondiendo tan olímpicamente, sino que debe intentar algunos resarcimientos. Lo está haciendo a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual adelanta una búsqueda de Solución Amistosa con nosotros, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Y al mismo tiempo denuncia que la campaña de exterminio en su contra, en los términos de la Comunidad, sigue. Y advierte que avanza la “consolidación territorial del paramilitarismo bajo el dominio del Clan del Golfo”.

Como ejemplo, señala que el 16 de septiembre fue hallado el cuerpo sin vida de Juan de Jesús Graciano en la vereda El Cuchillo, de San José de Apartadó. Y agrega que en octubre fue amenazada la familia de Germán Graciano, representante legal de la Comunidad de Paz, al tiempo que se ha advertido la presencia de paramilitares varias veces en diferentes veredas, entre otras denuncias.

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