
La cadena de errores de la Fiscalía en el proceso por corrupción en la UNGRD
La fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Crédito: Foto: Colprensa
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El 20 de febrero la Fiscalía anunció el inicio de una indagación preliminar para establecer si existió corrupción en el contrato de los carrotanques por parte de la UNGRD y, dos meses después, Olmedo López y Sneyder Pinilla empezaron a contar la verdad del entramado. Han pasado cinco meses y las decisiones hasta el momento son insuficientes para un escándalo que tiene en jaque al Gobierno nacional.
Por: Sylvia Charry

La línea de tiempo del proceso judicial sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD habla por sí sola. Han pasado cinco meses desde que la Fiscalía abrió una indagación preliminar para establecer si existió corrupción en el contrato de los carrotanques y solo han tomado una decisión: imputar cargos al exdirector y exsubdirector de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y al contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso.
Esa decisión es insuficiente teniendo en cuenta que ellos mismos aceptaron su responsabilidad desde hace meses, que hay otros pesos pesados involucrados y que se están perdiendo las pruebas. CAMBIO reconstruye la cadena de errores de la Fiscalía en el caso de la UNGRD.
(Olmedo López y Sneyder Pinilla)
Las fechas clave del escándalo de la UNGRD y los desaciertos de la Fiscalía
El 18 de enero de este año, la UNGRD anunció la entrega de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua de la población de La Guajira. Un mes después, la periodista Paula Bolívar de La W Radio reveló que los carrotanques seguían parqueados en el Batallón Matamoros en Uribia.
El 21 de febrero, la Fiscalía abrió una indagación para determinar si existió corrupción en la contratación y a finales de ese mes renunció Olmedo López. Sneyder Pinilla, por su parte, renunció a principios de marzo. Desde ese momento, todos los medios de comunicación pusieron sus reflectores en el caso.
El primer error de la Fiscalía fue que López y Pinilla cogieron la delantera y dominaron la narrativa del escándalo durante semanas. Los dos optaron por salir a los medios para ser escuchados por el país, porque pasaba el tiempo y la Fiscalía no los llamaba ni a un interrogatorio.
Normalmente, cuando suceden esas demoras, es porque la Fiscalía trabaja silenciosamente para recaudar pruebas y solicitar capturas. Pero ese no fue el caso. Esa primera demora aún no tiene una explicación de audacia judicial porque la Fiscalía terminó haciendo lo que pudo haber hecho desde un principio: los citó a interrogatorio y solo los escuchó hasta el 11 de junio, cuatro meses después de abrir la indagación y justo en el momento en que la presión de los medios estaba en su punto más álgido.
Mientras algunos medios registraban los testimonios y señalamientos del exdirector y exsubdirector de la UNGRD, otros criticaban que no mostraran las pruebas. Todos hacían su trabajo de vigilancia al proceso.
Sin embargo, desde los primeros acercamientos con la Fiscalía, que empezaron desde mayo, Sneyder Pinilla entregó nombres importantes. El del presidente del Senado, Iván Name; el del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle; el del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el del exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Meza; el del subdirector de conocimiento del riesgo, Luis Carlos Barreto Gantiva, y el de otros contratistas de la entidad.
Así, en efecto dominó, han salido a la luz los nombres de otros pesos pesados del Gobierno nacional. Primero, vino el de la consejera presidencial Sandra Ortiz y luego, el del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Eso ocurrió en los últimos días de abril, pero la Fiscalía no dijo una sola palabra acerca de si iniciaba sus pesquisas sobre estas personas, a quienes tiene competencia para investigar.
A finales de mayo, se conoció públicamente que Sneyder Pinilla había entregado 30 folios con información sobre el escándalo. Aquí puede ver el listado de los elementos que entregó a la justicia. Nada se supo de las pesquisas que adelantaba la Fiscalía hasta el pasado 11 de julio, cuando en un escueto comunicado de prensa el organismo informó que había radicado solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el Pastuso. No informaron de ninguna otra actuación. Para ese entonces ya se cumplían cinco meses de pesquisas.
Esa decisión solo puede calificarse como insuficiente, por decir lo menos, si se tienen en cuenta los siguientes datos:
La administración de Olmedo López compró 80 carrotanques para La Guajira a través de dos contratos. Los primeros 40 por 46.800 millones de pesos con la empresa Impoamericana Roger SAS, de propiedad de el Pastuso. Los otros 40 los adquirió por 29.000 millones a la empresa Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral-Yapurutu, representada legalmente por el expolítico conservador Édgar Echeverri Toro. La situación de todos los carrotanques es la misma: se contrataron con sobrecostos, están parqueados sin funcionar y no tienen pólizas. Aquí puede leer esa historia completa.
Entonces, la Fiscalía está imputando a los responsables del primer contrato, el del Pastuso, pero ¿qué pasó con los involucrados en el otro, si se trata de la misma arista de los carrotanques comprados para La Guajira?
¿Qué dice la Fiscalía?
Esta semana que pasó, cuando el escándalo volvió a encabezar los titulares de prensa de todos los medios de comunicación, la Fiscalía informó, a contados periodistas y off the record, un dato con el que pretendió subsanar la falta de decisiones en este proceso que hoy tiene en una especie de callejón sin salida al Gobierno nacional:
“La Fiscalía abrió investigación preliminar por los hechos que relacionan al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al director de Inteligencia y exdirector del Dapre, Carlos Ramón González; al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz”.
Los medios pusimos los reflectores de nuevo en el escándalo por el testimonio del exdirector de la entidad, Olmedo López, ante la Corte Suprema de Justicia. De su viva voz, y gracias a la revelación de Noticias Caracol, el país lo escuchó decir que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le ordenó direccionar contratos para comprar congresistas a cambio de que apoyaran los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro. También, dijo que, por orden de miembros del alto Gobierno, intentó dar contratos al ELN para salvar el proceso de paz.
(De izquierda a derecha: Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla y Sneyder Pinilla)
Luego de esas publicaciones, vino una seguidilla de noticias sobre las pruebas que los involucrados habían entregado a la justicia. No eran pocas. En esta nota puede ver el listado de todo lo que ha entregado.
El dato filtrado de la Fiscalía, en lugar de aclarar, dejó más incertidumbre y preguntas sobre cómo se maneja el proceso. Si Sneyder Pinilla y Olmedo López mencionaron en la Fiscalía a Bonilla, Velasco, González y Ortiz hace meses, ¿por qué la indagación llega hasta ahora? ¿La Fiscalía abrió esas indagaciones contra los mencionados por la presión de los medios? Las indagaciones contra los mencionados en los interrogatorios se debieron abrir de inmediato. Eso hubiera evitado los errores que siguieron.
Es simple, la información sobre un caso de interés nacional debe ser dada oportunamente y a todos los medios.
Lentitud judicial
Los tiempos de la Fiscalía también están permitiendo que se pierdan pruebas. La semana que pasó, Presidencia confirmó que se perdieron datos de dos computadores asignados a la Consejería para las Regiones, cuando la consejera era Sandra Ortiz.
“Durante la entrega a la nueva administración de la Consejería de Regiones se recibieron dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria, asignados a contratistas del equipo de esta dependencia”, fue la comunicación que salió el jueves pasado.
No fue el único episodio. Al día siguiente, el viernes, fuentes del Ministerio de Hacienda informaron que está extraviado o “refundido” el computador de María Alejandra Benavides, la asesora del ministro Bonilla que también salió mencionada en el escándalo por cuenta de unas conversaciones que tuvo con Sneyder Pinilla, en las que le envió los contactos de los encargados de los contratos en cada uno de los municipios (Cotorra, El Salado y Saravena) que eran necesarios, supuestamente, para que triunfaran los créditos para el Gobierno en el Congreso. Aquí puede leer esta historia completa.
Esos elementos “refundidos” son una muestra de la lentitud judicial en este caso. Al tratarse de semejante escándalo de corrupción en el que están salpicados algunos de los más altos funcionarios del Gobierno nacional, era necesario que la Fiscalía actuara con celeridad e incautara todos los elementos necesarios para que el país conozca toda la verdad y no se pierda a pedazos.
Solo hasta el viernes, después de que se supo en los medios la pérdida de los elementos, la Fiscalía hizo lo que debió hacer desde el principio: inspeccionar las entidades salpicadas en el escándalo: Dapre, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Consejería para las Regiones y la Función Pública. De nuevo, la información no se dio a conocer por los canales oficiales.
Hace unos meses, muchos sectores del país consideraban al entonces fiscal general, Francisco Barbosa, como un funcionario de bolsillo del presidente Iván Duque. Colombia no aguanta otro fiscal general que sea visto de esta manera, por el bien de la institucionalidad, pero, sobre todo, de la justicia.
Para pagar esa deuda, la Fiscalía debería escarbar hasta el último contrato de la UNGRD, eso sí, no solo aquellos firmados en este Gobierno, porque ese parece ser un entramado perpetuo.
Era contraproducente que el exfiscal Barbosa saliera a dar alocuciones políticas, pero el excesivo silencio de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tampoco ha ayudado a que la gente confíe en que la entidad está actuando como corresponde.
