"La Corte no es opositora ni un partido político, cumplimos nuestra misión": magistrado Jorge Enrique Ibañez

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar fue designado como presidente de la Corte Constitucional. De tendencia conservadora, con algunas ideas liberales, el magistrado habla por primera vez sobre la independencia judicial y el choque que se ha vivido en el país entre la justicia y el presidente Gustavo Petro. También habla sobre las redes sociales, hace un llamado a la reflexión y a la calma y se refiere a casos puntuales. 

CAMBIO: El año pasado fue muy convulso especialmente en la relación con el presidente Gustavo Petro y su reacción a las decisiones judiciales que no le gustan. ¿Cómo analiza hoy la situación?

Jorge Enrique Ibáñez: Generalmente las autoridades y a veces hasta el presidente de la república reaccionan en una primera oportunidad de manera muy fuerte frente a una decisión judicial, provenga ella de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional o de algún juez de la república. Lo que yo veo es que a veces las distintas autoridades reaccionan inmediatamente sin conocer el contenido y el alcance de la decisión, sin haber leído adecuadamente y haberse asesorado de sus equipos jurídicos de lo que la decisión dice.

Entonces, cuando uno se apresura y, hoy en día con el uso de las tecnologías de la comunicación, para dar una respuesta frente a una decisión, sin haber leído la decisión, puede generar ese tipo de problemas. En ese sentido, creo que una vez que los equipos jurídicos, seguramente la secretaría jurídica de la Presidencia para este caso, le dice el presidente: 'esto fue lo que finalmente resolvió o la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado o la Corte Constitucional. Esto es lo que dice la sentencia'. Y el propio presidente ha sido respetuoso finalmente con esas decisiones y se da una respuesta razonada, tranquila y serena frente a una decisión que efectivamente han leído. Eso es lo que yo he visto en el curso del año pasado.

CAMBIO: Hubo toda una polémica sobre la posibilidad que tienen ahora los magistrados de posesionarse, no ante el presidente como era antes…

J.E.I.: Nosotros adoptamos una decisión judicial al revisar la ley estatutaria de la administración de justicia en relación con la posesión de los magistrados (que ahora se pueden posesionar ante su propia Corte). Y algunos pensaron que eso era una reacción negativa al jefe del Estado que generalmente, de acuerdo con una norma antigua, posesionaba a los magistrados. Pero faltó que antes le dijera que era una decisión judicial y, al mismo tiempo, que no se trataba de una reacción en contra del Gobierno, sino una posibilidad que tenían los magistrados electos. Y vea usted lo que acaba de suceder con la posesión de los últimos tres magistrados ante el Consejo de Estado: fue invitado el presidente a la posesión, él concurrió y el magistrado pudo posesionarse ante la corporación que lo eligió y donde va a ejercer sus funciones, con un respeto digno de tener en cuenta por parte del jefe del Estado. Ahí hay un cambio de actitud muy importante que yo destaco de una manera especial, que permite suponer que ya trabajamos con unos criterios distintos.

CAMBIO: En palabras sencillas, en un país que vive pendiente de Twitter, no se lee. No se leen las decisiones y hasta que se entienden las decisiones, ya se hicieron críticas, señalamientos y pronunciamientos que hacen un mal ambiente…

J.E.I.: Eso nos obliga justamente a llamar a la reflexión, a la calma y a la serenidad. Antes de que asumamos una postura en relación con una decisión, leamos el contenido de la decisión. Si la misma todavía no ha salido, los boletines o los comunicados de prensa que tienen un resumen de la decisión orientan significativamente a las autoridades para que, a partir de ahí, hagan los juicios de lo que corresponde. Entonces, nos toca aprender a usar adecuadamente las tecnologías de la información y de la comunicación y asumir las posiciones que correspondan, porque ahí tenemos una responsabilidad todos. No solamente el presidente de la república, las demás autoridades, el presidente del Congreso y, por supuesto, los propios jueces.

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Nos toca aprender a usar adecuadamente las tecnologías de la información y de la comunicación y asumir las posiciones que correspondan, porque ahí tenemos una responsabilidad todos

CAMBIO: Hoy, ¿cómo están las relaciones con el presidente Petro?

J.E.I.: Las Cortes tienen un mandato constitucional de garantizar el orden y, por supuesto, a partir de ahí el respeto e integridad de cada una de sus normas. Una de ellas dice que el presidente es el jefe del Estado, el jefe de Gobierno, la suprema autoridad administrativa y que simboliza la unidad nacional. Y nosotros tenemos que respetarlo como lo respetamos y tenemos que garantizar para además que él ejerza sus funciones conforme la Constitución lo establece y, en ese sentido, tenemos este año un escenario de tranquilidad, de concordia y de esperanza, en un manejo respetuoso de las relaciones entre los distintos órganos que integran las ramas del poder público, con la autonomía y el respeto que cada una de esas ramas tiene.

Yo simplemente llamo a las autoridades para que mantengamos, conservemos y sigamos trabajando con esa misma armonía, porque, al fin y al cabo, todas las autoridades tenemos funciones separadas, según lo dice la Constitución, pero colaboramos armónicamente en la realización de los fines del Estado. O sea, que la Constitución nos impone un mandato de colaboración armónica, porque es lo único que nos garantiza el cumplimiento del Estado.

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Yo simplemente llamo a las autoridades para que mantengamos, conservemos y sigamos trabajando con esa misma armonía

CAMBIO: Hay quienes creen que, de entrada, podría haber un choque entre el presidente y usted como presidente de la Corte Constitucional por su forma de ver el derecho y su tendencia más conservadora y porque el año pasado puso de presente presuntas chuzadas…

J.E.I.: Yo no tengo ningún objetivo de ninguna naturaleza de carácter político. He venido cumpliendo mis funciones en el ejercicio de administrador de justicia primero como árbitro, lo que me ha garantizado cumplir de manera imparcial y objetiva esas funciones, antes de llegar a la Corte Constitucional. Y, por supuesto, no he estado incorporado como activista de ningún partido o movimiento político y, por lo tanto, pues uno puede tener una visión del mundo que cada uno se forja desde los primeros años y con base en lo cual trabaja a partir de sus principios y de sus valores, pero yo no soy activista de ningún partido o movimiento político.

En segundo lugar, soy un juez y, en términos exactos, integro una corporación judicial que es el juez, que es la Corte Constitucional. Mi obligación como integrante de esa corporación judicial, que es el juez, es la de obrar con objetiva y absoluta imparcialidad sin ningún interés distinto que el de garantizar el cumplimiento de la Constitución y en los casos que corresponda el de la ley. También garantizar el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales. Esa es nuestra finalidad y eso es lo que nos orienta nuestro trabajo diario. Por lo tanto, yo no tengo ningún interés político de ninguna naturaleza y por lo mismo no hay ningún choque entre mis principios y valores, con los principios y valores que tenga cualquier otra autoridad, incluido el señor presidente de la república. 

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Yo no tengo ningún interés político de ninguna naturaleza y por lo mismo no hay ningún choque entre mis principios y valores, con los principios y valores que tenga cualquier otra autoridad, incluido el señor presidente de la república. 

CAMBIO: También hay quienes creen lo mismo por el hecho de que usted fue ponente de decisiones que tumbaron normas claves para Gustavo Petro…

J.E.I.: Yo he sido ponente de algunas decisiones, pero la decisión no es mía, la decisión es de la corporación. Yo insisto hasta la saciedad que uno como magistrado lo que hace es cumplir en una etapa del proceso la sustanciación. Con base en ello, lleva una ponencia ante la plenaria de la corporación y el juez, que es el que es la corporación, integrada por nueve magistrados, donde yo apenas soy uno y tengo solo un voto, es la que toma la determinación.  

Lo que hemos hecho es garantizar que la ley o el decreto con fuerza de ley, sea expedido en ejercicio de facultades extraordinarias o con motivo de un estado de excepción se someta íntegramente a la Constitución. Han pasado por el examen de constitucionalidad, las leyes y decretos que han cumplido el rigor que la Constitución se establece para que sean declarados ejecutables, así la Corte ha procedido. Y de los casos en donde eso no se ha cumplido, pues también la Corte, porque su deber y su obligación, los ha declarado inexequibles. Entonces, si se violó una norma en sentido desde el punto de vista material, no tiene la Corte Constitucional otro deber y otra obligación que declarar, luego del examen correspondiente, la inexequibilidad, como lo hemos hecho. Sin pretender convertirnos la Corte en un opositor de las autoridades ni del Congreso ni del Gobierno, porque no somos un partido político, menos un partido de oposición, sino que somos un tribunal judicial que tiene a su cargo cumplir las funciones que nos han encomendado y la misión nuestra es guardar la integridad y la supremacía de la Constitución.

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Sin pretender convertirnos la Corte en un opositor de las autoridades ni del Congreso ni del Gobierno, porque no somos un partido político, menos un partido de oposición, sino que somos un tribunal judicial

CAMBIO: Entró en funciones el magistrado Miguel Polo Rosero, quien optó por posesionarse ante el presidente. Desde su elección hasta la posesión, se ha dicho que él es cercano al jefe de Estado. Eso no es cierto, pero cómo les afecta a ustedes esos señalamientos…

J.E.I.: Una persona que termina siendo elegida y posesionada luego como magistrado de la Corte Constitucional, en medio de sus relaciones profesionales o sociales puede tener una cercanía con quienes hoy en día tienen alguna responsabilidad en el Estado. Pero lo más importante, independientemente de ello, es que quien funge, quien actúa como magistrado de la Corte Constitucional, lo hace con plena autonomía e independencia que le garantiza cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad.

Un magistrado de la Corte Constitucional no es un agente del presidente de la república, a pesar de que en algunos casos que son tres, el presidente funge como nominador, no como elector, porque al final el que lo elige es el Senado de la República. Que un gobierno manifieste una preferencia en relación con determinado candidato para que una vez el Senado deba elegir a alguien, pues se elija, no significa que esa persona sirva a los intereses del gobierno o a la administración. No. Un magistrado de la Corte Constitucional se debe a su propia corporación para cumplir sus funciones y debe hacerlo con absoluta autonomía, independencia, objetividad, imparcialidad.

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Un magistrado de la Corte Constitucional se debe a su propia Corporación para cumplir sus funciones y debe hacerlo con absoluta autonomía, independencia, objetividad, imparcialidad.

CAMBIO: ¿Qué ha pasado con la denuncia que hizo de presuntas chuzadas?

J.E.I.: Se presentaron una serie de problemas en el manejo de nuestros equipos de cómputo y de equipos de comunicación. Lo que debía hacer era poner en conocimiento del presidente de la Corte Constitucional esa situación para que eventualmente se adoptara algún correctivo. Y lo que hizo el señor presidente de la Corte el año pasado fue poner en conocimiento esa situación ante la señora fiscal. La Fiscalía, de oficio, inició unas investigaciones para determinar qué es lo que ha ocurrido y las investigaciones que son reservadas avanzan en la Fiscalía. A esas investigaciones se han acumulado otras investigaciones, entre otras cosas, unas solicitudes que hizo el propio señor presidente de la república y yo tengo confianza en que la Fiscalía lo seguirá investigando y adoptará las decisiones. Pero nada de eso puede afectar la autonomía, la imparcialidad, la objetividad y el trabajo autónomo de un magistrado o de un juez de la república.

CAMBIO: Le decía que el año pasado fue muy convulso y este también arrancó de la misma manera. Vimos que el Gobierno se atacó en vivo en el consejo de ministros. Entiendo su posición como presidente de la Corte Constitucional, pero le hago la pregunta: ¿cómo vio esa situación?

J.E.I.: La mayoría de los ciudadanos no conoce cómo se maneja o se desarrolla un consejo de ministros en distintas administraciones. Ese es un tema que requiere un análisis político, no un análisis jurídico y mucho menos de la Corte Constitucional. Razón por la cual me abstengo de opinar sobre ese tema.

CAMBIO: El otro tema grave es la situación de seguridad en el Catatumbo. El decreto de conmoción está en revisión y tal vez hay un temor porque las medidas contempladas no necesitaban expedirse por la vía excepcional, sino que bastaba la vía ordinaria. ¿Qué analiza la Corte acá?

J.E.I.: Como en cualquier otra declaratoria de Estado de excepción, lo que procede es que la Corte empiece a hacer el análisis de los presupuestos fácticos y de los registros jurídicos que terminan la constitucionalidad de un decreto declarativo. La diferencia entre esta Corte Constitucional a partir de la Constitución de 1991 y lo que se hacía antes, es que el control hoy es integral y no notarial. Hay que revisar si el hecho que se utiliza como generador del Estado de conmoción, efectivamente se produjo y cuál es la magnitud como para que el Gobierno pueda declarar un estado de conmoción interior.

La magistrada ponente decretó una serie de pruebas para valorar esos hechos que han sido allegados al proceso y los demás informes y documentos que la administración ha entregado para que hagamos la valoración correspondiente. Yo no me atrevo a afirmar en este instante cuál será la valoración porque la tenemos que hacer entre todos, es una decisión de la corporación, ni siquiera de la ponente, ni mucho menos del presidente de la Corte, a quien solo le corresponde dirigir el debate.

CAMBIO: De fondo, la situación de los firmantes de paz y de los líderes sociales está más que diagnosticada. Esta Corte declaró dos Estados de Cosas Inconstitucionales. Ustedes identificaron, por ejemplo, múltiples fallas en la cadena que hay desde la identificación de un riesgo, su alerta, y todo lo que debe hacerse después para que en efecto haya medidas de protección. Pero, las decisiones de ustedes no se cumplen y no solo estamos hablando de este Gobierno. No se cumplen sus órdenes...

J.E.I.: Yo creo que en un alto porcentaje se cumple. Cuando era presidente Alberto Rojas se señaló una preocupación sobre el incumplimiento de algunas decisiones de la Corte y él señalaba un porcentaje alto. Pero a partir de esa alerta, la Corte ha venido trabajando de una manera intensa, sin descanso, para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Hemos avanzado y hemos reducido el nivel de incumplimiento.

De otra parte, hemos pedido la colaboración de la Procuraduría General de la Nación para adelantar una verificación de cuáles son esas sentencias que no se han cumplido, con el fin de ejercer una vigilancia especial. Si se llega a la conclusión de que puede haber algún problema relacionado con un desacato, un incumplimiento, porque simplemente una autoridad administrativa resuelve no cumplir una decisión judicial, a la Procuraduría le corresponderá adoptar las medidas desde el punto de vista disciplinario.

Lo que se ha recaudado en dos sesiones técnicas que celebramos la semana antepasada y pasada, se está trasladando del proceso de análisis sobre el estado de conmoción interior para que sea valorado también por la Sala Plena en el momento oportuno cuando intervinimos el decreto declarativo del estado de conmoción interior y ahí adoptaremos las decisiones que el derecho corresponde.

CAMBIO: En esas sesiones ustedes se veían bastante preocupados, magistrado. ¿Es una preocupación general de incumplimiento del acuerdo de paz?

J.E.I.: Esa fue una sesión técnica en donde estábamos cumpliendo una función judicial. En la sesión técnica, que es un elemento probatorio importante, nosotros cumplimos funciones judiciales. Y allá expresamos lo que la opinión pública pudo verificar. Entonces, me remito a lo que ya dijimos y, en lo que no dijimos, me remito a lo que digamos luego en las providencias.