La situación en El Catatumbo "es inaceptable": la dura crítica de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional hizo una dura crítica al Gobierno por la crisis humanitaria que se vive en la región de El Catatumbo, que deja, por el momento, más de 50 personas asesinadas, incluidos líderes sociales y firmantes de paz. Así mismo, 53.000 personas fueron desplazadas por cuenta de la violencia del ELN y las disidencias de las Farc.

La Corte declaró en 2022 un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la situación de los firmantes de paz. También advirtió de las múltiples fallas que existen alrededor del sistema de prevención de riesgos por varios factores como la baja coordinación entre las autoridades para reaccionar de manera oportuna a las alertas tempranas y dificultades en la emisión y detalle de esos riesgos.

En audiencia de seguimiento realizada este lunes 3 de febrero, la magistrada Cristina Pardo se refirió a la crisis en Norte de Santander y Arauca. "No en vano en estas últimas semanas las noticias nos han recordado, una y otra vez, que lo que está ocurriendo en la región de El Catatumbo ya había sido advertido por este sistema", dijo.

“De hecho, la Sala registra al menos ocho alertas desde 2020 en varios municipios de Cesar y Norte de Santander que incluyen a los firmantes de paz como uno de los grupos vulnerables. Concretamente, tres alertas se refieren de manera específica a El Catatumbo. ¿Qué pasó entonces con las medidas de respuesta oportunas e integrales para evitar que los riesgos allí advertidos se convirtieran en una gran y dolorosa lista de daños a los derechos fundamentales de los y las firmantes de paz y de la población civil en general?”, agregó Pardo.

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¿Qué pasó entonces con las medidas de respuesta oportunas e integrales para evitar que los riesgos allí advertidos se convirtieran en una gran y dolorosa lista de daños a los derechos fundamentales de los y las firmantes de paz y de la población civil en general?

La magistrada lamentó el homicidio de seis firmantes de paz que habían vivido en el ATCR (Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) de Tibú, quienes adelantaban su reincorporación en diferentes municipios de Norte de Santander. Se trata de Pedro Angarita, Pedro Rodríguez Mejía, Jean Carlos Carvajalino, Jhon Fredy Carrascal García, Albeiro Díaz Franco y Disney Sánchez Contreras.

A esto se suma que hay diez firmantes de paz cuyo paradero se desconoce y que al menos 150 se han desplazado, según reportes oficiales entregados a la Corte. “Esta situación de victimización masiva es inaceptable. La Corte Constitucional rechaza con vehemencia todos los crímenes cometidos en contra de la población firmante de paz, de los y las lideresas sociales y de la población civil en general”, dijo la jurista.

“Precisamente, al mencionar con nombre propio a las personas, la Sala busca nombrar los daños a la población firmante, dignificarla y reconocer su esfuerzo por construir la paz pese a las múltiples victimizaciones que han padecido desde la firma del acuerdo. La Sala también quiere dar un lugar en la memoria histórica e institucional al sufrimiento de cada una de las personas, familiares y comunidades que conforman esta población”, agregó la magistrada Pardo.

Ministro Juan Fernando Cristo fue duro con el ELN

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció la gravedad de la situación y consideró necesario que la Corte siga haciendo seguimiento a la sentencia que declaró el ECI. “Es inaceptable que sigan sucediendo estos episodios. Pero además es inaceptable que incluso quienes están sentados en mesas de negociaciones actualmente, al mismo tiempo estén atentando contra quienes, ya desarmados, están incorporados a la sociedad”, señaló.

“El Gobierno, en las distintas mesas de negociaciones, desde hace ya un buen tiempo viene señalando y advirtiendo a sus participantes que no se aceptan esas conductas cometidas por quienes están sentados en las mesas. Esa actitud del Gobierno creo que llevó a que en 2024 disminuyera sustancialmente el número de exintegrantes de las Farc asesinados, lo cual obviamente no significa una buena noticia”, añadió.

En su presentación, el ministro Cristo reconoció que hay un problema estructural porque el Estado sigue sin tener presencia en los territorios, por lo que se debe recuperar la seguridad en esas regiones. “Es difícil para un Estado, para cualquier Gobierno, que, en un escenario de confrontación armada, en donde grupos ilegales ya no buscan enfrentar el Estado sino apropiarse de territorios específicos y ejercer control territorial, para derivar de ello ganancias inmensas de rentas criminales como el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión… es difícil sin la transformación de ese territorio”, dijo.

Cristo advirtió que el presupuesto de la UNP se ha cuadriplicado en los últimos ocho años, pues pasó de 700.000 millones a 2.8 billones de pesos, y también dijo que se ha duplicado la cifra de personas protegidas. “El día en que recuperemos esa seguridad, vamos a disminuir el asesinato de firmantes que todos lamentamos”, agregó el alto funcionario, quien refirió que en las alertas tempranas se han demandado acciones de más de 2.000 entidades, lo cual implica un desafío.

A su turno, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró en la audiencia que se han implementado operaciones conjuntas para capturar a los responsables de los crímenes y reportó 131 capturas y la identificación de 78 objetivos a nivel nacional. Informó que se han desplegado 1.084 uniformados distribuidos en 34 pelotones para garantizar los derechos de las personas que están en los AETCR.

De otro lado, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, afirmó que en el marco de esas operaciones se han evacuado a 607 personas, 35 de las cuales son firmantes de paz. Además, dijo que, en el espacio de Caño Indio, en Tibú, solo quedan 48 personas, ya que la mayoría decidió salir del lugar por su seguridad.

El almirante Cubides aseguró que los culpables acá son los integrantes del ELN que arremetieron de una forma indiscriminada contra los firmantes de paz, los líderes sociales y la población civil, lo cual habría violado el principio de distinción. "Eso es un señalamiento de una demanda pública internacional porque todo lo que hagamos en favor de la seguridad nunca va a ser suficiente. Aquí la situación del Catatumbo es culpa del ELN", aseguró.

En la audiencia, el vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, lanzó varias preguntas a los responsables de reaccionar a la situación, advirtiendo que las alertas tempranas habían identificado los riesgos y que, desde la sentencia de la Corte, que es de 2022, se tienen identificadas las fallas en la protección de los firmantes de paz.

"Entonces, frente a esa advertencia la pregunta es: ¿Vamos a ejecutar un plan a largo plazo, cuando llevamos un largo plazo después de identificar un problema estructural que fue lo que hizo la sentencia de 2022? Hemos identificado problemas estructurales que requieren órdenes complejas y llevamos tres años sin que se cumplan. ¿Vamos a necesitar más tiempo? ¿Vamos a necesitar más tiempo a ver si algún día coordinamos?", preguntó el magistrado Ibáñez.

Con los insumos que recogió la Corte en la audiencia, la Sala de Seguimiento a la Sentencia 020 de 2022, que declaró el ECI sobre los firmantes de paz, emitirá un nuevo pronunciamiento con órdenes específicas para tratar de resolver las dificultades que existen sobre la identificación y reacción de los riesgos que sufre esta población.