Ni rápido ni eficiente: Corte identifica fallas en sistema que debe alertar sobre riesgos para firmantes de paz

Las dos primeras sesiones técnicas que tendrá la Corte Constitucional este año tienen que ver con un asunto esencial: los riesgos, amenazas y la seguridad de las personas que firmaron el acuerdo de paz. Se trata de un asunto que el alto tribunal viene vigilando desde 2022 cuando determinó la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), es decir una vulneración masiva de los derechos y de las garantías para la reincorporación de estas personas.

La Corte dio múltiples órdenes en esa sentencia, la SU-020 de 2022, y creó una Sala de Seguimiento que ha venido pidiendo informes sobre esa situación a múltiples entidades. Así, va detallando, paso a paso, las fallas que se han encontrado en el camino y que impiden que se solucione un problema que deja una cifra escalofriante: 439 firmantes de paz asesinados desde 2017, según Indepaz.

Uno de esos temas cruciales es el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida que tiene dos componentes. Por un lado está el Sistema de Alertas Tempranas que hace la Defensoría del Pueblo para advertir los riesgos de estas personas y que incluyen recomendaciones al Gobierno y un seguimiento cada nueve meses. De otro lado está la respuesta rápida, que es responsabilidad del Gobierno, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, y que debe articular a las entidades nacionales y a las autoridades territoriales para reaccionar de forma oportuna a esos riesgos, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y sus comités territoriales.