“La vida de los magistrados en el Palacio de Justicia no les importó a los militares”: Alfonso Gómez Méndez

CAMBIO: En el libro que usted acaba de publicar, Democracia bloqueada, la toma al Palacio de Justicia es un tema protagónico. ¿Dónde estaba usted ese día?

Alfonso Gómez Méndez: Estaba en mi oficina de abogado. Incluso, estaba con Yesid Reyes. Yo era conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Y, la verdad, cuando supimos la noticia, inicialmente no me preocupé. Había un antecedente inmediato que era el de la toma de la embajada de la República Dominicana, en donde el M-19 había entrado con los mismos métodos del asalto al Palacio de Justicia. En ese caso el Estado sí accedió a negociar, con los resultados conocidos. Un gobierno de derecha que negoció con un grupo guerrillero. Por eso lo de Belisario Betancur fue tan desconcertante. Él era un humanista y un partidario de la solución política. Empecé a preocuparme después del mediodía cuando entraron los tanques al Palacio. Ahí ya se perdía cualquier posibilidad de negociación. Cuando el doctor Reyes Echandía salió en medios a pedir el cese del fuego, yo llamé al presidente de la república y al ministro de gobierno. No logré comunicarme. Después llamé al general Maza Márquez y al general Víctor Delgado Mallarino. Ninguno me pasó al teléfono. Cómo último recurso, me comuniqué con Gabriel García Márquez y le dije “Gabo, esto va para una tragedia si no se para ese operativo militar”. Y Gabo me dice: “Espérame un rato”. A la hora me contesta la llamada y me dice: “Alfonso, no hay nada que hacer. El presidente no domina la situación”. Ahí me di cuenta de que íbamos para esa tragedia.

CAMBIO: Al año siguiente, en 1986, cuando usted era representante a la Cámara, adelantó un debate de control político señalando ahí la responsabilidad de la fuerza pública. A partir de ese momento, hasta hoy, usted tuvo que estar acompañado de guardaespaldas. ¿Quiénes fueron las personas que se sintieron amenazadas con lo que usted dijo, para que su vida corriera peligro?

A.G.M.: Ya para entonces se había establecido lo que yo llamo una especie de ‘pacto de silencio’ sobre lo ocurrido en el Palacio. Entonces cité a un debate a los ministros de Defensa, de Gobierno y de Justicia. Hice el cuestionario con estos temas centrales y lo primero que recuerdo es que el Gobierno, no el presidente Barco, y particularmente el ministro de Gobierno, que era Fernando Cepeda, trataron de evitar que el debate se hiciera. Quisieron cancelar el debate argumentando que así se honraba la memoria de los magistrados pero yo me negué. En ese momento el discurso que se manejaba era el de que los militares había salvado la democracia y, por eso, no se les podía pedir explicaciones. Yo lo que hice fue pedirles cuentas y hacer las preguntas incómodas que nadie era capaz de hacer.

CAMBIO: La reacción de las fuerzas militares, en una supuesta operación de rescate, no tuvo en cuenta la vida de los rehenes…

A.G.M.: Exactamente. Fue un operativo para liberar rehenes, pero sin detenerse en la protección de sus vidas. Eso fue todo menos una operación para salvar a la mayoría. Buena parte de los muertos de la Corte se produjo en el cruce de disparos entre guerrilleros y el Ejército. Algunos de ellos, y eso quedó claro en las autopsias, murieron con balas oficiales. Y ahí se mencionó a las personas que han salido con vida, como por ejemplo Irma Franco, y recuerdo que, ya para entonces, una comisión de investigación creada por el propio Betancur había hablado de eso: de la vigilancia y de las personas que habían salido vivas del Palacio de Justicia y de las cuales no se tenía conocimiento. Y, claro, eso produjo un fuerte sacudón en ese debate, porque era la primera vez que se decía claramente que allí se habían cometido graves delitos de lesa humanidad. Empezando porque no se había tenido en cuenta la vida de los rehenes y porque habían salido personas vivas que luego fueron asesinadas.

CAMBIO: Algunos de los magistrados asesinados en el Palacio estaban investigando temas que afectaban directamente al Ejército. ¿Existió una relación directa entre los temas que estaban trabajando los magistrados y la sobrerreacción de la fuerza pública?

A.G.M.: Yo en el debate dije que el Ejército estaba “ardido” con el Gobierno porque el presidente Betancur no les consultó sobre las conversaciones de paz. También porque se había producido la toma del Batallón Cisneros, de Armenia, y un atentado al general Zamudio. El Ejército encontró el peor escenario para desahogar esa especie –así lo dije– de ira e intenso dolor. La política que allí se aplicó fue la de tierra arrasada. Yo encuentro esa relación, y así lo expresé en el debate, pero demostré además que el presidente no había tenido el control de la situación y que los militares habían tomado sus propias decisiones.

CAMBIO: El exagente José Leonardo Dorado dijo en entrevista con CAMBIO que el operativo del Palacio fue un plan de inteligencia en contra de la rama judicial. Lo que usted dice no parece tan lejano de esa lectura. ¿Usted le cree a Dorado?

A.G.M.: Pues lo que se vio en ese momento es que la vida de los magistrados no les importó a los militares. Por ahí están todas esas grabaciones de la época de un periodista que, con un radioteléfono, grabó todo eso. Por ejemplo, con relación a una de las guerrilleras, la grabación decía que “aparezca la manga, pero no el chaleco”, o que “estamos terminando ya, antes de que llegue la Cruz Roja”. Y sí, evidentemente, las cortes habían tomado decisiones. Hablo tanto de las del Consejo de Estado, de un lado, como las de la Corte, ninguna de las cuales les gustaron a los militares. Y particularmente todas las de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre responsabilidad. La Sala Penal de la Corte, por ejemplo, con ponencia del doctor Reyes y de Gustavo Gómez Velásquez, le había quitado el fuero penal a los policías. Irónicamente, se lo restableció Antonio Navarro Wolff en la Constituyente. Y, bueno, el doctor Reyes había pertenecido también al Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, con Alfredo Vázquez Carrizosa y con sectores del Partido Comunista, y como que lo tenían fichado como si fuera un hombre de izquierda. En la misma situación también estaba Manuel Gaona.

CAMBIO: El exagente plantea también que muchos magistrados estaban siendo seguidos por la inteligencia…

A.G.M.: Eso puede tener alguna verosimilitud.

CAMBIO: Años después, cuando usted ya era procurador general, suspende a dos generales: Jesús Armando Arias Cabrales y Edilberto Sánchez Rubiano. Arias Cabrales fue el comandante de toda la operación y Sánchez Rubiano el comandante de inteligencia del B2. ¿Qué pasó después?

A.G.M.: Todo el establecimiento se me vino encima. Más o menos, lo que decían era que la Procuraduría le estaba haciendo el juego al M-19. Comenzaron a amenazarme. Cuando mi seguridad rastreó esa llamadas identificaron que venían de las oficinas de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore). El presidente Gaviria, debo decirlo, también me dejó solo. Es más, esa decisión disciplinaria tenía que ser incorporada por el Gobierno en un decreto. Y recuerdo inclusive que, cuando salió la decisión de la Procuraduría Delegada, yo le digo al presidente que si quiere nombrar un procurador ad hoc para que tome la decisión final. Él trata de hacerlo, pero los que nombra no aceptan, ninguno acepta. Entonces yo me voy del país. El presidente Gaviria se demoró un tiempo en hacer cumplir mi decisión. Lo hizo ya cuando se iba del gobierno. El ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo, envió una carta pública que por ahí conservo.

CAMBIO: ¿Qué decía?

A.G.M.: Que él cumple esa orden, pero que considera que esa sanción es injusta. Y hay una parte en donde declara que eso hacía parte de una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Militares. Y ese tema me persiguió por muchos años. Me graduaron de enemigo de las Fuerzas Militares. Inclusive, en esa época fue que acuñaron la expresión de ‘el síndrome de la Procuraduría’, según el cual los militares no podían actuar porque la Procuraduría no los dejaba. Yo les decía: no, lo que pasa es que la Procuraduría lo que no puede es permitir, y esa fue otra de mis tesis, que el Estado pueda reaccionar de la misma forma de los delincuentes. La diferencia entre los delincuentes, así sean políticos, y el Estado, es que el Estado no puede usar sino los métodos legítimos.

CAMBIO: Esa carta del ministro Pardo, en esa época, era como ponerle una lápida.

A.G.M.: Sí, porque en esa época la cúpula militar no permitía que se le investigara. Es más, para entonces, el solo hecho de hablar de derechos humanos se decía que era una tesis comunista. Hoy en día no, pues ha habido avances.

CAMBIO: Pero cuántos muertos ha costado eso...

A.G.M.: Claro. Incluso cuando se quería descalificar se afirmaba que a la Procuraduría le atraviesan los derechos humanos para que no pueda actuar. Ese fue el ambiente que me tocó a mí como procurador. Y, por supuesto, yo sentí que había puesto el dedo en la llaga, porque –y nadie hasta entonces lo había hecho– fue la primera vez en que se sancionó a un militar de alto rango. Por eso es que, si usted revisa los periódicos de la época, todos están en contra mía.

CAMBIO: En este país parece que fuera imposible investigar y sancionar a la fuerza pública. En su libro usted sostiene la tesis del golpe de Estado permanente. Eso, en otras palabras, quiere decir que por miedo al golpe los presidentes han vivido a las órdenes de los militares y no al revés…

A.G.M.: Esa tesis la esbocé en el discurso en el año 86, cuando dije que en América Latina hubo todos los golpes militares en la década del 60. Y que después de eso, como que salieron de ese tema. Pero nosotros, por temor al golpe de Estado, terminamos en el golpe de Estado permanente. Es que no se podía cuestionar la actividad militar. Todo aquel que la controvertía le estaba haciendo el juego a la guerrilla. Y eso fue terrible. Por eso hablaba de aquel pacto de silencio. Es más, yo creo que esto le hizo mucho daño a las Fuerzas Armadas. Porque si desde entonces se hubieran tomado los correctivos, ellas hubieran podido actuar con más legitimidad. Y entonces, claro, como se sabía que de antemano gozaban de esa especie de impunidad, el problema fue avanzando. Los llamados falsos positivos son producto de este tipo de premisa de que hay entidades que no se pueden cuestionar.

CAMBIO: El mundo al revés.

A.G.M.: Inclusive, previamente el Senado había negado el ascenso de Arias Cabrales y cuando sale esto reversa la decisión y aprueba el ascenso a mayor general. Fue como una bofetada. Esa noche me sentí absolutamente solo.

CAMBIO: Hemos hablado del ‘pacto de silencio’ en el pasado y de la impunidad. ¿Podemos decir que continúa hoy?

A.G.M.: Creo que sí continúa, pero en menor medida. Incluso, esa frase, el ‘pacto de silencio’, que después utilizó la Comisión de la Verdad, la usé yo mucho antes en una entrevista con Cecilia Orozco muy recién pasados los hechos. ¿Por qué no ha sido posible establecer quién dio la orden del retiro de la seguridad? Porque ese es el quid de todo

CAMBIO: ¿Cuál es su lectura sobre la última resolución de la Fiscalía General de la Nación, que desconoce que Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio de Justicia?

A.G.M.: Como entenderá, yo me retiré. Pero mientras fui procurador y luego, mientras fui fiscal, algunas cosas hicimos, como identificar algunos de los desaparecidos. Pero me parece un poco extraño, la verdad –y repito, sin tener el conocimiento directo que antes tuve–, negar algo que es evidente. Hay muchos testimonios, e incluso pruebas de todo orden. Entonces, yo entiendo que la fiscal general seguramente se va a pronunciar y aspiraría a que enmiende ese error.

CAMBIO: Usted ha calificado la toma del Palacio de Justicia como la mayor torpeza política de parte del M-19. ¿Cómo analiza la amnistía otorgada a ese grupo y, sobre todo, desde el lente de hoy, con los estándares actuales de verdad, reparación y no repetición? ¿Qué efecto tuvo eso a largo plazo?

A.G.M.: Se le dio una ley de amnistía, pero no se le pidió que dijera ninguna verdad. Es más, hubo una juez que con razones jurídicas trató de desconocer esa amnistía con el argumento de que, para entonces, también existía una prohibición, como si nos hubiéramos anticipado a la Corte Penal Internacional, que decía que no podía haber amnistía por actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. Y esa juez dijo: “La toma del Palacio fue un acto terrorista”. Luego dispuso la orden de captura de la cúpula. A esa juez se le vino todo el mundo encima. E inmediatamente, el gobierno de Gaviria hizo aprobar una ‘re-amnistía’. Irónicamente, una de las personas que impulsó ese acto fue Álvaro Uribe. De manera que este es un país muy extraño.

CAMBIO: Esas son las paradojas.

A.G.M.: Es un país muy extraño. Por ejemplo, cuando yo tomo la decisión sobre Arias Cabrales, el M-19 preguntó que qué hacía el procurador escarbando cosas que ya pasaron. Todavía el M-19 no le ha explicado al país si fue cierto o no que estaban infiltrados. Esa, por ejemplo, sería una verdad para aceptarla o para descartarla, pero sólo la pueden decir ellos. Esa juez se atrevió a desconocer la amnistía con un argumento constitucional, pero, obviamente, y esa es otra cosa que pasa en Colombia, y es decir: “La política está por encima del derecho”. Y entonces la paz está por encima de la verdad.

CAMBIO: Usted ha dicho que el M-19 sobreestimó la importancia de los jueces para la fuerza pública. En la conversación con el exagente de inteligencia Dorado, él comentó que incluso ‘iban’ por los jueces. ¿Qué apreciación tiene?

A.G.M.: Fue una estupidez política porque ese acto significa no entender que al establecimiento de entonces los jueces no le importaban mucho. La manera en la que se manejó el operativo es una prueba de eso.

CAMBIO: Esos sí valían.

A.G.M.: Es que es dramático, porque el Estado negoció cuando los rehenes eran los diplomáticos, empezando por el nuncio apostólico y el embajador de Estados Unidos. ¿Y por qué no negoció para salvar la vida cuando era la de los magistrados? Creo que el país no se ha repuesto todavía de lo que significó esa tragedia en materia de justicia. La justicia nunca volvió a ser igual después del holocausto del Palacio de Justicia.

CAMBIO: Y no se llamó a rendir cuentas a nadie. Se evaporó el examen pendiente sobre las torturas del Estatuto de Seguridad Nacional. ¿Qué opina usted sobre la transformación de guarniciones militares que han sido sitios de detención y tortura como una forma de justicia simbólica?

A.G.M.: En términos de reparación, y como los hechos lo demostrarán o lo han venido demostrando, por lo menos dejan hitos para construir la memoria histórica real de esta nación.

CAMBIO: Es lo que sucede en todos los países en procesos de transición. ¿Por qué cree que, a 39 años o casi 40 de sucedido, este hecho sigue generando tanta polarización? Eso no lo generan ya ni siquiera las ejecuciones llamadas falsos positivos o el genocidio de la UP.

A.G.M.: Porque en el Palacio de Justicia hubo complicidad de todo el mundo. Es decir, yo recuerdo que todos los expresidentes vivos de la época apoyaron la solución militar, y los medios de comunicación también, en cierta forma. Nadie quiere aceptar que tuvo culpa. Entonces, la mejor manera es desarrollar conductas negacionistas e impedir que se sepa la verdad.