Las conversaciones que comprometen a Piedad Córdoba con miembros de las Farc

A comienzos de 2010, Martha Mancera, hoy vicefiscal general pero quien en ese entonces se desempeñaba como directora de la Fiscalía 162 de Cali, le trasladó a la Corte Suprema de Justicia copias de una investigación que adelantaba contra integrantes de la columna móvil Libardo García, de las Farc, porque, en interceptaciones telefónicas adelantadas en época electoral, los miembros del grupo guerrillero nombraban constantemente a Piedad Córdoba, quien acababa de ser elegida senadora.

La Corte Suprema llevaba indagando a Piedad Córdoba desde 2008 –indagación que hoy sigue vigente– por los supuestos nexos de Córdoba con la guerrilla de las Farc. De manera que la que solicitó Mancera fue apenas una más en el largo expediente de la Corte, que suma 52 cuadernos, a los que CAMBIO tuvo acceso.

El cuaderno número 13, en particular, de 295 páginas consigna lo que Mancera y su equipo estaban investigando desde 2008 contra integrantes de la columna móvil Libardo García, de las Farc, en relación con Piedad Córdoba.

De acuerdo con el cuaderno, el proceso inició el 16 de octubre del año 2008, cuando una fuente no formal les dio a conocer a los investigadores la existencia de una organización criminal de delincuencia común que colaboraba con la columna Libardo García, la cual estaba operando en los sectores del río Sanjuán y Bajo Calima, en Buenaventura, Valle del Cauca. 

La columna móvil Libardo García integraba el Bloque Móvil Arturo Ruiz y tenía influencia no solo en Buenaventura, sino en los municipios de Dagua, Darién y Bajo Calima, entre otros, en el Valle del Cauca. Su máximo cabecilla era José Nilsen Darío Guerrero Zamora, alias Marlon.

Dice el documento que esa organización criminal se dedicaba al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el terrorismo, y que, en medio de las interceptaciones telefónicas adelantadas por los investigadores, quedaron consignadas sus actividades delictivas; por ejemplo, un ataque perpetrado a un militar por parte de un francotirador de la columna, lo que, para los investigadores, dejaba clara “la alta peligrosidad de las actividades delictivas desarrolladas en el departamento del Valle, por parte de esta columna de las Farc”. 

Aunque las interceptaciones a los integrantes de la estructura iniciaron en 2008, fue en plena época electoral, es decir, en los primeros meses del 2010, que salió a relucir el nombre de Piedad Córdoba. 

El contexto es que la Columna Móvil Libardo García estaba ejerciendo control sobre los candidatos que pretendían adelantar proselitismo político en la zona, porque debían ser afines al proyecto político de Córdoba, quien, para la época de los hechos, era candidata al senado y finalmente fue elegida el 14 de marzo del 2010.

Una de las interceptaciones que llamó la atención de los investigadores fue una conversación entre un tal alias Don Rey –sin identificar– y alias Marlon, principal cabecilla de la columna, en los primeros días de febrero de 2010. Según el resumen de los que escuchaban las líneas, alias Don Rey le dijo a alias Marlon que todo el que pretendiera hacer política en la región debía pasar por el visto bueno de ellos y de la entonces candidata al senado Piedad Córdoba.  

En otra interceptación –citada en el informe–, los guerrilleros hablaron de que Piedad Cordoba estaba con ellos en una reunión y que “la gente está contenta escuchándole la política, y que al parecer en aquella reunión estuvo también una representante a la cámara”. En otra, dicen que Don Rey le manda a decir a la senadora  "que pueden reunirse en el día de hoy, que vaya al lugar en donde él esta a ver qué es lo que quiere". Luego, hay por lo menos tres llamadas en las que hacen referencia a una presunta reunión que se habría dado entre Rey y Córdoba.

“Es reiterado el vínculo que los interlocutores establecen entre el citado grupo guerrillero y la señora Piedad Córdoba, quienes podrían estar refiriéndose a la hoy senadora de la República, por el departamento del Chocó (…) y es un hecho que corresponde investigarlo a Nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, por ser el Juez Natural que investiga a los aforados Senadores de la República ”. Con ese argumento, el despacho de la Fiscalía 162 de Cali le compulsó copias de la investigación a la Corte Suprema de Justicia, para que la investigue. 

El informe dice que en seis de las 52 conversaciones interceptadas a los miembros de las Farc alias Don Rey y alias Marlon se hace alusión a la senadora Córdoba. 

Apenas el 12 de abril de 2010, el magistrado Leonidas Bustos –encargado en ese entonces de la investigación y hoy procesado por el denominado Cartel de la Toga y prófugo de la justicia– dio la primera orden:

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“Antes de avocar el conocimiento de este asunto y tomar la decisión que corresponda, solicítese al Congreso de la República constancia sobre la calidad foral de la doctora Piedad Esneda Córdoba Ruiz”, dijo. 

Tres días después, el Congreso le certificó su calidad de aforada. El cuaderno 13 no da pistas de cómo transcurrieron las pesquisas después de esa certificación. 

Unos meses más tarde, en los últimos meses de 2010, Piedad Córdoba fue destituida de su cargo como senadora e inhabilitada por 18 años para ocupar cargos públicos, por la Procuraduría de Alejandro Ordónez, decisión que anuló el Consejo de Estado seis años después.

El cuaderno concluye con una decisión que toma la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el tres de mayo del 2011. Su veredicto sobre la investigación de Mancera es que las conversaciones no se enmarcaban dentro de ningún delito electoral que se le pudiera atribuir a Córdoba “porque en las conversaciones se hablaba de alguna forma de condicionamiento ejercido por la organización ilegal sobre los candidatos en días próximos a los comicios del año 2010”. Por eso, dicen los magistrados, esa investigación se sumaría al proceso existente contra la senadora, que era por sus presuntos nexos con las Farc. 

La compulsa de copias que hizo el despacho de la entonces fiscal seccional de Cali, Martha Janeth Mancera, es una de las 27 (entre compulsas y denuncias) que conforman el expediente contra Córdoba sobre sus supuestos nexos con las Farc y que ahora corre por cuenta del despacho de la magistrada Cristina Lombana. La indagación contra Córdoba continúa en etapa preliminar.