Las papas calientes de la reforma a la salud que faltan por debatir en la Cámara

Un total de 71 artículos, de 143 que componen el proyecto de ley de la reforma a la salud, ya surtieron su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Falta por votarse la otra mitad, para que la reforma pase, después, a la comisión séptima del Senado y a la plenaria correspondiente. No obstante, los artículos más polémicos y que más preocupan a los críticos de la reforma todavía no se han votado. Los representantes retomarían el proceso después de las elecciones del 29 de octubre.

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Entre las voces que más resaltan de la resistencia a la reforma no están precisamente las de los partidos de oposición. Por el contrario, las congresistas Katherine Miranda, Catherine Juvinao, ambas de la Alianza Verde; Jennifer Pedraza, de Dignidad, y Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo son algunas de las que han alzado la voz en alerta sobre lo que, consideran, sería dañino de la propuesta del Gobierno. 

Una de las manzanas de la discordia, por las que también el exministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, se ha ido lanza en ristre en contra del Pacto Histórico, es la eliminación del sistema de aseguramiento actual. Específicamente, se trata del artículo 2 de la reforma, que operaría a través de la institucionalidad estatal y el sector privado con las Gestoras de Salud y Vida, que serían el reemplazo de las EPS.

La crítica principal es que no define quién sería la cabeza directora del sistema, pues no hay claridad sobre la figura de "gestor", teniendo en cuenta que los gestores suelen tener "funciones administrativas", como explica Miranda, mas no de aseguradores. Además, si se acaba el aseguramiento, opina la congresista, las familias volverían a asumir "el riesgo financiero" de acudir a los servicios de salud.

Además, los críticos han dicho que no hay un soporte técnico que demuestre que este sistema funcionaría mejor que el actual. En cambio, sí habría un riesgo en la calidad y oportunidad de la prestación de los servicios.

Por otro lado, hay cuestionamientos porque tan solo se da un plazo de dos años para la "transformación de las Entidades Promotoras de Salud" (EPS), un paso contemplado en el artículo 48. Estas podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida si cumplen con unos requisitos definidos por el Estado. 

Quedaría prohibida la integración vertical, es decir, que las EPS, luego de transformarse en Gestoras, tuvieran sus propios centros de atención en salud (IPS). En contraste, durante esos dos años, el Gobierno construiría los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). No está claro cómo se garantizaría suficiente oferta de dichos centros si las EPS quedan incapacitadas para construir o tener IPS, y si el Estado tendría la capacidad de suplir dicha demanda en caso de que falten ofertas por parte del sector privado para esto.

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También se ha cuestionado que la ADRES se convierta en el único administrador de los recursos, que para el Gobierno suena como una opción práctica y clara. De acuerdo con la visión de Katherine Miranda, que una sola entidad gestione la plata de 50 millones de habitantes es arriesgado porque no habría capacidad para garantizar el cuidado de los dineros ni el músculo administrativo y contractual.

Aparte de estos, hay otro punto espinoso que tiene enfrentados hasta a los más petristas: la eliminación de los regímenes especiales. Hay una molestia muy fuerte en Fecode, el sindicato de maestros, porque entre esos está el regimen especial del magisterio. Una fuente del sindicato le dijo a CAMBIO que la decepción era total: "Ni Uribe ni Duque se atrevieron a tanto". También se incluyen los de la Fuerza Pública, Ecopetrol y otros. 

Aunque el Gobierno avanzó entre el 9 y el 10 de octubre a pasos agigantados, a la reforma todavía le queda un largo trecho por recorrer en el Senado, una vez se termine la votación en la plenaria de la Cámara. Por ahora, el futuro de la reforma es muy incierto.

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