Las sorpresas que se vienen en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe

El próximo 6 de septiembre se inician las audiencias preparatorias de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado  de los delitos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal. Sin embargo, fuentes de CAMBIO advirtieron que la defensa del exmandatario alista dos recursos con los que busca darle un giro al proceso. ¿De qué se trata?

El primer recurso, el más importante, será un punto de inflexión en el caso, dicen las fuentes. Lo interpondrán durante las audiencias preparatorias y, aunque no quieren revelar cuál es su naturaleza jurídica, las personas con conocimiento del caso aseguran que se trata de un as bajo la manga de la defensa del expresidente que pondrá en jaque la continuidad del proceso, por lo menos, en el juzgado de la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Ese escenario se conocerá el 6 de septiembre. 

Sobre el segundo recurso hay más información. Las fuentes aseguran que la defensa del expresidente también trabaja en una tutela que presentarán en menos de un mes y con la que apelarán a la violación del debido proceso, entre otros.

Con ese recurso, el abogado de Uribe reiterará que los derechos del expresidente se vieron afectados porque no hay claridad sobre lo que se le imputó. Específicamente se refieren a que no están claros los hechos jurídicamente relevantes por los que se le investiga y que así pueda ejercer su derecho a la legítima defensa.

El abogado Jaime Granados ha argumentado en varias oportunidades que una indagatoria de la Corte no deja claros esos hechos por los que se le acusa, así que reprochará, de nuevo, el hecho de que los cargos hayan variado tanto desde la imputación a la acusación.

La tutela deberá ser estudiada a profundidad en la Corte Constitucional, que será la encargada de determinar si la justicia le ha vulnerado algún derecho al expresidente durante este proceso penal. En todo caso, ese recurso no para el juicio en su contra. Lo que sí puede pasar, según las fuentes, es que la Corte determine la violación a algún derecho fundamental y obligue a que el caso reinicie. 

Por ejemplo, si el Alto Tribunal dice que la variación del proceso fue excesiva y que eso vulnera los derechos del expresidente, el caso se echaría para atrás hasta la etapa que la justicia considere, es decir, hasta la imputación o la acusación. Eso solo significaría una cosa: la prescripción. Esto, teniendo en cuenta que los términos del proceso contra el exmandatario se vencen en octubre de 2025 y, con ese panorama, sería imposible que se tuviera una sentencia de segunda instancia. 

Los intentos fallidos

En noviembre de 2020, un juez de segunda instancia decretó que la indagatoria que le practicó la Corte Suprema de Justicia en Ley 600, el 8 de octubre del 2019, al entonces senador Álvaro Uribe, era equiparable a la imputación de cargos en la Ley 906, por lo que definió que el expresidente adquiría -desde ese momento- la calidad de imputado, pero que podría continuar su proceso en libertad. 

Sobre ese aspecto, el juez 4 de conocimiento de Bogotá había dicho en 2020 que la indagatoria (Ley 600) era equiparable a la imputación (Ley 906) porque: “Bastan los primeros 33 minutos para verificar, se le identificó en debida forma, que se le puso de presente núcleo fáctico de la acusación, que se le expuso la calificación jurídica provisional de los delitos por los cuales se vinculaba a la actuación, que se le pusieron de presente derechos como procesado vinculado, que se le interrogó de cara a verificar la plena comprensión de lo antes enunciado, que se informó prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, se le interrogó sobre su deseo de renunciar al derecho de guardar silencio para el desarrollo de la diligencia, que se le interrogó sobre el ejercicio de la defensa técnica y acerca de si su decisión de declarar era libre, consciente y voluntaria”.

La juez Sandra Liliana Heredia, que lleva el proceso actualmente, le dio toda la credibilidad a ese juez y a la Corte Constitucional que había fallado en el mismo sentido. Ahora, la funcionaria judicial deberá pronunciarse sobre a quiénes acredita como víctimas y luego, iniciará formalmente la audiencia de acusación contra el expresidente por soborno, soborno a testigos y fraude procesal.

Y aunque por disposición de la juez no procedían los recursos de reposición ni de apelación, el abogado Granados dispuso un recurso de "queja" con el que buscaba que el Tribunal Superior de Bogotá se pronunciara sobre la decisión de la juez de "rechazar de plano" la nulidad. El pasado martes 27 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a la juez y ordenó que el proceso contra el expresidente continúe en la fase en la que va, es decir, en las audiencias preparatorias del juicio. 

Sin embargo, con las nuevas sorpresas, queda claro que lo que se viene son nuevos escenarios con los que la defensa del expresidente Álvaro Uribe buscará que cada detalle del proceso sea revisado minuciosamente por los distintos tribunales. Todo tendrá algún tipo de repercusión en el proceso penal.