Los millonarios contratos para vías en La Guajira que están en la mira de la Corte

La Corte Constitucional ha sido clara: no se pueden cambiar las graves condiciones de la niñez wayuu en varios municipios de La Guajira si, por ejemplo, desplazarse para recibir atención médica es imposible. Por eso, el arreglo de vías terciarias en Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia se volvió un indicador clave en el marco del seguimiento que el Alto Tribunal hace a la sentencia que, en 2017, declaró la existencia de una vulneración masiva de derechos de esta población.

Desde 2022 se identificaron 1736 kilómetros de vías terciarias que deben ser intervenidos, y el Gobierno presentó a la Corte un primer plan por más de 364 millones de pesos, financiados por el Sistema General de Regalías y por recursos de la Nación. Una parte buscaba crear un plan para atender de urgencias puntos críticos y otra atendía vías específicas: la rehabilitación del tramo La Florida-Cuestecitas, la mejora de la placa huella en zona de difícil acceso en la vía que va de Carrapía a la reserva natural Monte de Oca de Maicao o la construcción de la vía Uribia-Nazareth, entre otros.

Pero en julio de 2023, la Sala de Seguimiento de la Corte a esta sentencia (T-302 de 2017) no aprobó en términos generales el Plan Provisional de Acción que presentó el Gobierno. Por eso, fue necesario elaborar uno nuevo que tiene dos fases: por un lado, una caracterización vial para mejorar la movilidad del pueblo wayuu en zonas dispersas por 1.985 millones de pesos; por otro, la ejecución de las obras en 36 tramos viales intervenidos por 317.807 millones de pesos.