Los millonarios contratos para vías en La Guajira que están en la mira de la Corte

La Corte Constitucional ha sido clara: no se pueden cambiar las graves condiciones de la niñez wayuu en varios municipios de La Guajira si, por ejemplo, desplazarse para recibir atención médica es imposible. Por eso, el arreglo de vías terciarias en Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia se volvió un indicador clave en el marco del seguimiento que el Alto Tribunal hace a la sentencia que, en 2017, declaró la existencia de una vulneración masiva de derechos de esta población.

Desde 2022 se identificaron 1736 kilómetros de vías terciarias que deben ser intervenidos, y el Gobierno presentó a la Corte un primer plan por más de 364 millones de pesos, financiados por el Sistema General de Regalías y por recursos de la Nación. Una parte buscaba crear un plan para atender de urgencias puntos críticos y otra atendía vías específicas: la rehabilitación del tramo La Florida-Cuestecitas, la mejora de la placa huella en zona de difícil acceso en la vía que va de Carrapía a la reserva natural Monte de Oca de Maicao o la construcción de la vía Uribia-Nazareth, entre otros.

Pero en julio de 2023, la Sala de Seguimiento de la Corte a esta sentencia (T-302 de 2017) no aprobó en términos generales el Plan Provisional de Acción que presentó el Gobierno. Por eso, fue necesario elaborar uno nuevo que tiene dos fases: por un lado, una caracterización vial para mejorar la movilidad del pueblo wayuu en zonas dispersas por 1.985 millones de pesos; por otro, la ejecución de las obras en 36 tramos viales intervenidos por 317.807 millones de pesos.

Ante la insistencia de la Corte, en octubre del año pasado el Ministerio de Transporte dijo que la primera parte del plan, de caracterización de vías, se haría en dos fases: una de 685 millones de pesos para 1.093 kilómetros individuales, para la cual se firmó un contrato, y otra por 1.300 millones de pesos para 1.394 kilómetros. Ambas fases tuvieron contratos de consultoría.

Ya para la parte de ejecución, se hizo un cronograma de actividades hasta septiembre de este año de parte del Invías para 12 tramos viales en Riohacha, 10 en Manaure, 9 en Maicao y 5 en Uribia por 291.000 millones de pesos. Pero aunque este plan parecía prometedor y a la Corte Constitucional le aseguraron que estaba en marcha, lo cierto es que la implementación va muy por debajo de lo esperado. Así lo dijo la Sala en decisión conocida por CAMBIO. 

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“El proceso de intervención vial enfrenta a bloqueos institucionales en el proceso de definición de cronogramas precisos y asignación de responsables en cada etapa. Esta indefinición y falta de cumplimiento de las fechas, por supuesto, irradia los procesos precontractuales y contractuales, generando que no haya un impacto concreto en la movilidad de las comunidades”, dijo la Corte.

Las demoras

Por ejemplo, la construcción de varios tramos en el corregimiento de La Paz, en Manaure, por 22.108 metros lineales, va en 25 por ciento. Y el mejoramiento de 3.34 kilómetros de una vía terciaria en Manzana en el municipio de Manaure va en 12 por ciento.

Este elemento es importante porque el Invías, en el marco del contrato 3239 de 2023 celebrado con Findeter y el Ejército por 29.394.357.464, se hizo una georreferenciación de más de 50 tramos en los cuatro municipios. Además, se firmó otro convenio, el 2282 de 2023, para prestar asistencia técnica legal y administración de recursos para el desarrollo de proyectos para ejecutar en el marco de esta sentencia por 53.420.000.000 millones de pesos.

Además, hay otros convenios priorizados:

Tras valorar lo expuesto y la información recibida de diferentes entidades como la Contraloría y la Procuraduría, la Corte fue muy crítica del Gobierno, dado que varios de los convenios señalados debían culminarse en diciembre de 2023 y eso no se hizo: “la Sala Especial considera que, respecto de las obras para mejorar las condiciones de movilidad no hay secuencialidad, ni uniformidad”.

“A pesar de que en (una) inspección judicial (que hizo la Corte) se presentaron los proyectos de una manera avanzada, la realidad era muy diferente, pues la terminación del proceso de caracterización vial finalizaría en diciembre de 2023. De manera que para el día 31 de ese mismo mes y año era imposible acreditar el inicio y, menos aún, la culminación de las obras anunciadas durante la inspección judicial”, dijo la Sala.

La Corte señaló que el Gobierno tampoco les ha reportado avances sobre las vías mencionadas en el primer plan provisional.

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“Se trata de información poco consistente, que genera incertidumbres sobre: la ubicación geográfica de las vías a priorizar, las comunidades que se beneficiarían, las fechas de inicio y terminación de las obras, el número de kilómetros de cada tramo a intervenir. Estos vacíos impiden que la Sala pueda corroborar posteriormente la existencia de las obras, su incidencia en el goce efectivo de los derechos y, por supuesto, que defina si hay o no avances en este último aspecto”, agregó la Corte.

Lo que sigue

Por esa razón, la Sala de Seguimiento, que lidera el magistrado José Fernando Reyes, explicó que, desde el 21 de octubre de 2022, es decir hace casi dos años, el Gobierno tenía que reportar la caracterización vial, sin que esto se haya hecho.

Todas estas fallas llevaron a la Sala a declarar un incumplimiento bajo de las órdenes dictadas y a emitir otras nuevas. Por ejemplo, el Gobierno deberá exponer un informe en el que todas las entidades responsables expongan los proyectos que tienen a cargo, su estado, cronograma y responsable de cada tramo vial, con mapa incluido.

La Corte dijo que en el cronograma se deberá contemplar un plazo de máximo seis meses para acreditar un avance del 20 por ciento de las obras y, si se considera que este plazo no es razonable, deberá exponer las razones. Este plan, que deberá hacer la Consejería para las Regiones, será remitido a la Procuraduría General y a la Defensoría para su seguimiento.

La Corte le solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría que hagan “un informe actualizado del estado del seguimiento que se anunció, que se haría al contrato n.º 234 de 2022, celebrado por el municipio de Uribia, Guajira. Adicionalmente, el informe deberá incluir qué comunidades aledañas son beneficiarias de ese proyecto”.