Los que no conocen la historia están condenados a repetirla

Marchas en solidaridad con las víctimas de la violencia.

Crédito: Foto: Colprensa

15 Abril 2024

Los que no conocen la historia están condenados a repetirla

El historiador Álvaro Tirado Mejía analiza, para CAMBIO, cómo se llegó a la dictadura en los años cincuenta. “Con la pérdida creciente del control territorial y ante el cúmulo de contradicciones que no podía resolver, el Estado se fue desmoronando y quedó abierto el camino a la dictadura”, dice.

Por: Álvaro Tirado Mejía

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En estos días se cumplieron 76 años del levantamiento del 9 de abril. Este aniversario es una buena ocasión para indagar sobre las causas y consecuencias de este acontecimiento y, ante todo, para reflexionar sobre cómo se gestó y cómo terminó la profunda crisis institucional y de violencia que padeció el país entre 1946 y 1958. Se ha dicho que los que no conocen la historia están condenados a repetirla y también se ha planteado la pregunta sobre si la historia se repite. Es claro que el conocimiento de la historia no puede ser objeto de su instrumentalización como pretenden los caudillos que la utilizan y adecúan a sus propósitos políticos. También es cierto que ella no se repite en los mismos términos y condiciones. Pero, de otro lado, su conocimiento es útil en la medida en que circunstancias similares producen efectos similares y en que, si bien los hechos no se repiten en forma idéntica, en ocasiones se reproducen aun con actores y propuesta de signo diferente y aun contrarios, tal como se puede ver con el neopopulismo del siglo XXI. En este caso, la utilización de elementos comunes ha conducido a manifestaciones autoritarias y antidemocráticas a nombre de la izquierda, como en Venezuela y Nicaragua, de la derecha, como en El Salvador de Bukele, o anárquicas, como en la Argentina de Milei.
 

Cuando se produjo el estallido social del 9 de abril, estaba en marcha el proceso de deterioro institucional que culminaría con la dictadura militar. En 1946, se produjo un cambio político que aspiraba a ser un cambio de régimen. Mariano Ospina Pérez obtuvo la Presidencia de la República gracias a la división del Partido Liberal, cuyos dos candidatos sumados lo aventajaban en votos. Esta circunstancia se reflejó especialmente en el Congreso de la República, el escenario más visible de una controversia que terminó en contienda. Con el resultado de las elecciones se terminaban 16 años de gobiernos liberales. El nuevo régimen, por boca de sus voceros más radicales e ideologizados, pretendía ignorar y cancelar los avances realizados y proponía imponer un cambio que, en palabras de uno de sus ideólogos, implicaba pasar “de la revolución al orden nuevo”. La controversia no se mantuvo en el plano de las ideas y propuestas y, cada vez más, las manifestaciones atávicas, lo irracional, se fue imponiendo. La agresión verbal se impuso en el Congreso y en los medios, pasó a la calle y terminó en los campos donde se transformó en violencia física.  Gaitán, con su verbo encendido, su retórica popular y sus denuncias, había contribuido a caldear el ambiente. De allí que, en medio de la confrontación verbal y doctrinaria desbocada, y con una violencia que crecía, se produjo el estallido del 9 de abril, que fue el detonante de la hecatombe. La escena política se cerró y se llegó al impasse. Algunas voces cuerdas intentaron el avenimiento, pero se impuso el ideologismo, y la sociedad fue dividida entre los buenos y los malos. Los breves intentos de unión nacional fracasaron ante el empuje de los sectores extremistas que se impusieron en el gobierno y en la oposición. 

Como era de común ocurrencia en nuestra historia, los nuevos gobernantes barrieron de la nómina a los empleados del partido contrario, de la misma forma como lo habían hecho 16 años antes los liberales, agregando otro elemento a la violencia y la desinstitucionalización. Por eso no es casual el que un punto central de los acuerdos del Frente Nacional fuera la creación de una burocracia estable y de una carrera administrativa y meritocrática. 

El Congreso se bloqueó, ni el gobierno cedía ni la oposición cejaba. Se impuso el bloqueo legislativo y desde temprano apareció el asunto de la sucesión presidencial. La retórica ideologizante, que es tan dañina, se impuso y en el Congreso se pasó de la agresión verbal  a la física con el saldo de dos parlamentarios muertos. El presidente Ospina cerró el Congreso y por una década los presidentes de turno gobernaron por medio de decretos. Por falta de garantías el Partido Liberal se retiró del proceso electoral y, en medio de la violencia que ya estaba en marcha, se posesionó como presidente Laureano Gómez. 

La violencia se extendió por los campos. El Estado, además de la legitimidad, fue perdiendo el control territorial. Se convirtió en pasivo observador de la acción criminal de sus agentes y de  las bandas que oprimían y asesinaban a la población. Con la pérdida creciente del control territorial y ante el cúmulo de contradicciones que no podía resolver, el Estado se fue desmoronando y quedó abierto el camino a la dictadura.

Para gobernar, Gómez se apoyó en seguidores ideologizados y sectarios, con los que pretendía crear un orden nuevo, el Estado Novo, diferente y contrario al Estado de la democracia liberal. De acuerdo con su concepción, este y las élites que lo encarnaban eran la causa de todos los males y de allí la necesidad de un nuevo orden.  

El espacio democrático se fue cerrando. Se estigmatizó a quienes manifestaban oposición, se satanizó el pluralismo y la sociedad fue dividida entre buenos y malos. Al amparo del estado de excepción, se gobernó por decreto, y se debilitó la separación de los poderes tan esencial al Estado de Derecho. Se estigmatizó a la prensa de oposición en un proceso que se agudizó y terminó con la censura, el cierre e incluso el incendio de periódicos.

Apareció entonces la fórmula mágica, el remedio eficaz: una Constituyente que elaboró un proyecto marcadamente caudillista, autoritario y antidemocrático. Sin embargo, no se contó con lo que alguien denominó “las astucias de la historia”. De las constituyentes se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. El estatuto redentor ya iba a ser aprobado, pero fue el médico quien se tomó la medicina. Dada la situación de desgobierno y caos, con un Estado que perdía el control territorial y se desmoronaba, se produjo un golpe de estado el 13 de junio de 1953 y se pasó a la dictadura militar. Acto seguido, la Asamblea Nacional Constituyente legalizó la dictadura y eligió como presidente de la república al general Rojas Pinilla. 

*Profesor titular y emérito Universidad Nacional

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