Miles de millones sin control en la Procuraduría de Margarita Cabello

Los convenios de cooperación internacional son un mecanismo bajo el que dos entidades entregan bienes y servicios para adelantar un proyecto en conjunto. Un ejemplo son los acuerdos entablados entre cualquier institución pública y algún organismo extranjero, usualmente de orden multilateral, para trabajar en temas de educación, pobreza, desplazamiento forzado u otro tipo de problemáticas sociales.

Las entidades estatales colombianas están autorizadas para celebrar estos convenios y cumplir así los fines que por ley les corresponden. Y fue en uno de estos convenios que CAMBIO identificó irregularidades en el manejo de recursos de la Procuraduría General de la Nación durante la actual administración de Margarita Cabello.

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El convenio

El 13 abril de 2021, la procuradora Cabello radicó una solicitud en el Departamento de Planeación Nacional (DNP), entonces dirigido por Luis Alberto Rodríguez, para modificar la destinación de 16.551 millones de pesos que habían sido asignados al presupuesto del Ministerio Público y provenían de recursos de la nación.

Esa plata, en principio, debía gastarse en la “reconstrucción y reforzamiento estructural de la sede principal” de la entidad en Bogotá, ubicada en la histórica localidad de La Candelaria. Sin embargo, Cabello pidió que le permitieran utilizarla para “mejorar la gestión institucional de la Procuraduría a nivel nacional”, un objetivo tan amplio que puede significar cualquier cosa. Curiosamente, la solicitud recibió el visto bueno en tiempo récord, solo dos días después, dándole vía libre a la procuradora para que empleara esos recursos en lo que mejor le pareciera.

Y, en efecto, así fue. Un mes más tarde, el 19 de mayo de 2021, la Procuraduría firmó un convenio de cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con el ánimo de “aunar esfuerzos para contribuir con el desarrollo y fortalecimiento institucional, la socialización y diálogo social en territorio”.

Los dineros que designó la institución para el convenio provinieron del monto cuyo cambio de destinación fue aprobado por el DNP. Es decir, lo que debía ser ejecutado en el reforzamiento del edificio principal de la Procuraduría —un proyecto que podía ser medido y evaluado por ingenieros y arquitectos— terminó en manos de un organismo de cooperación, bajo unas condiciones que dejan más dudas que certezas. Desde un punto de vista legal y económico, lo pactado es bastante más beneficioso para la OEI que para el Ministerio Público. 

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Dado que se trata de un convenio de cooperación internacional y no de una licitación pública, ambas entidades están obligadas a aportar recursos propios para cumplir el objetivo en común. Fue así como la Procuraduría entregó 12.558 millones de pesos de su bolsillo (equivalentes al 76 por ciento de los recursos de los que trataba la solicitud al DNP) y la OEI otros 13.907 millones, pero con la particularidad de que no son en efectivo sino “en formación y capacitación”. Mientras la contribución estatal sí exige liquidez, la del organismo internacional es en especie y tasada por una cifra considerablemente alta, a la que se llegó sin ningún estudio previo ni evaluación técnica.

La situación, desventajosa, no acaba ahí porque existe otra singularidad: el convenio está sometido a los reglamentos de la OEI y no a los de la contratación pública colombiana. Según un decreto expedido durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, cuando más del 50 por ciento de la financiación (así sea en especie) provenga de fondos de un organismo de cooperación, un convenio deberá regirse por lo que dictamine esta entidad. En consecuencia, la OEI no está obligada a rendir cuentas a la ciudadanía sobre cómo maneja los dineros que desembolsa la Procuraduría.

La falta de transparencia en el manejo de estos recursos se confirma con la respuesta que emitió la Secretaría General de la entidad a un derecho de petición interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría (STP), en el que se exigía información sobre las empresas a las que la OEI subcontrató para cumplir con el convenio y los costos que había sufragado.

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“Las contrataciones internas de la OEI para realizar los fines objeto del convenio no son sujeto o competencia de la Procuraduría General de la Nación”, se lee en el documento.

El Ministerio Público agregó que su tarea se limita a revisar el “cumplimiento de los objetivos” del convenio, pero que no le corresponde estar pendiente de las formas como se llega a la consecución de estos objetivos.

¿Cómo se manejaron estos dineros públicos?

El primer evento con fondos de este convenio se llevó a cabo el 28 de julio de 2021, cuando Margarita Cabello viajó a la isla de San Andrés para hacer seguimiento al proceso de reconstrucción del archipiélago después del paso del huracán Iota. La procuradora también visitó ese mismo año Pereira y Mocoa para adelantar diálogos sociales, uno de los objetivos del convenio.

Para manejar la operación logística de los viajes de Cabello, a lo largo de los dos años que dura el convenio, la OEI lanzó una licitación en agosto de 2021 por un valor de 5.000 millones de pesos, dinero que salió de los recursos aportados por la Procuraduría. El jugoso contrato se lo ganó Du Brands SAS con un puntaje casi perfecto en las evaluaciones técnicas y financieras. 

El proceso de elección no estuvo exento de polémica. Esta firma sacó provecho de un ítem denominado “mejoramiento evento fin de año”, el cual reconocía 15 puntos adicionales al proponente que entregara tres o más regalos —cada uno debía tener un valor mínimo de 500.000 pesos— para la fiesta de fin de año de la OEI. Según los resultados provisionales y definitivos de la licitación, Du Brands obtuvo todos los 15 puntos de ese ítem.

No es la primera vez que Du Brands acapara la atención pública. Entre 2018 y 2020, fue la compañía encargada de mejorar y posicionar positivamente la imagen del entonces presidente Iván Duque a cambio de 8.000 millones de pesos, distribuidos en seis contratos con cargo al Fondo de Recursos Especiales para la Paz. Du Brands y Duque eran viejos conocidos, ya que Du Brands había prestado servicios a la candidatura presidencial de Duque y realizado aportes económicos a la campaña del No en el Plebiscito por la paz de 2016.

En agosto de 2020, un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reveló un documento elaborado por Du Brands y entregado a la presidencia en el que se clasificaron como negativas, positivas o neutras más de 400 cuentas en Twitter de periodistas, medios de comunicación, líderes de opinión y políticos. El reporte fue calificado como “perfilamiento” por la Flip y la agencia fue llamada por la Corte Suprema de Justicia para dar explicaciones.

¿Quién está detrás de la OEI?

Aún más llamativo resulta que el encargado de firmar el convenio con la Procuraduría, así como la adjudicación definitiva de la logística a Du Brands, fue Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien se mantuvo como directivo de la OEI hasta septiembre del año pasado, cuando fue nombrado como vicecontralor general por Carlos Hernán Rodríguez, actual contralor general.

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Aunque en el anuncio de su nombramiento Rodríguez presentó a Zuluaga como un funcionario elegido por criterios técnicos y no “por cercanía a partidos políticos”, el abogado atlanticense ha sido relacionado al cacique político conservador Efraín Cepeda, congresista desde 1994 y gran elector de ese departamento.

Zuluaga también fue el secretario de Gobierno del conservador Carlos Rodado Noriega en la Gobernación del Atlántico entre junio de 2007 y enero de 2008. Además, en 2015, se lanzó por el Partido Conservador a la Alcaldía de Sabanalarga, su pueblo natal, y fue el candidato apoyado por Efraín Cepeda.

La colectividad azul fue indispensable para la elección tanto de Cabello como del contralor Rodríguez. Respecto de este último, sorpresivamente, un día antes de la votación en el Congreso, los conservadores anunciaron que declinaban su apoyo a María Fernanda Rangel y se lo daban a Rodríguez. Ese fue el estreno de los conservadores como partido de Gobierno contra todo pronóstico. Por ello, Zuluaga Pardo es visto como la cuota goda en la Contraloría.

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Pero luego del proceso de licitación en la OEI, Zuluaga y Du Brands volvieron a coincidir, ahora en la Contraloría. A la agencia le fue adjudicado un contrato por 50 millones de pesos para “la gestión en el desarrollo de las reuniones requeridas” de la entidad desde el 26 de enero de 2023 hasta el próximo 26 de marzo, o antes, si se agotan los recursos destinados.