
El procurador también defendió la decisión del registrador, Hernán Penagos.
Crédito: Crédito: Redes sociales de la Procuraduría
“Nadie puede decir que el presidente ha roto la institucionalidad”: procurador Gregorio Eljach
El jefe del Ministerio Público indicó que el primer mandatario ha respetado la separación de poderes y que, hasta el momento, no ha incurrido en actos que vulneren el orden constitucional. Además, hizo un llamado al respeto mutuo entre las instituciones.

El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó las acusaciones en contra del presidente Gustavo Petro por incurrir en comportamientos que afectarían la independencia judicial y el equilibrio de poderes. El jefe del Ministerio Público insistió en que el primer mandatario ha respetado la labor de las instituciones, pese a sus críticas sobre decisiones particulares.
En el evento de socialización del Sistema de Vigilancia Electoral, el procurador reconoció la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de convocatoria a la consulta popular hasta que emita un fallo de fondo sobre la legalidad del acto administrativo. En ese sentido, reiteró que la Procuraduría vigilará el estricto cumplimiento de la decisión definitiva de las altas cortes.
“Nadie puede decir que el presidente ha roto la institucionalidad. Él lo que trae son propuestas a su estilo, con base en su convicción y en el programa que presentó para que Colombia decidiera a quién elegir. No puede nadie censurar al presidente de la República señalando que ha fracturado, roto o tirado por la borda la institucionalidad”, afirmó Eljach.

El jefe del Ministerio Público reiteró que la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado resulta clave para defender el sistema de pesos y contrapesos que permite preservar el orden constitucional. Asimismo, pidió al Gobierno nacional que evite insistir en la jornada electoral del mecanismo para la fecha prevista inicialmente, como muestra de respeto a la revisión realizada por el alto tribunal.
Por otra parte, el procurador destacó la decisión del registrador Nacional, Hernán Penagos, de solicitar la intermediación de las altas cortes para evaluar la legalidad del decreto de consulta popular. Según Elach, Penagos ha actuado con responsabilidad para garantizar el cumplimiento de la legalidad en el decreto y proteger la integridad del eventual proceso electoral.
“No hay procurador de bolsillo”: Gregorio Eljach
En medio de las disputas entre diferentes instituciones por el trámite de la convocatoria a la consulta popular, el procurador Eljach reiteró que el debate democrático implica respetar las diferencias sobre temas particulares, mantener el diálogo institucional y acatar las decisiones judiciales dentro del marco legal para asegurar la legitimidad de cada proceso.

"Los órganos de control somos autónomos. No hay procurador de bolsillo o un contralor que no cumpla con su deber, mucho menos un registrador alejado de la legalidad. Hay funcionarios legítimamente elegidos que cumplen con su deber constitucional. Las instituciones son legítimas y debemos respetarlas”, indicó el jefe del Ministerio Público.
El registrador nacional, Hernán Penagos, se sumó al llamado realizado por Eljach para evitar confrontaciones que aumentan la polarización y afectan la institucionalidad. En ese sentido, enfatizó en la necesidad de cumplir con el compromiso firmado en el reciente encuentro en la Conferencia Episcopal en el que se acordó priorizar el diálogo y la concertación.

En el marco de la revisión del decreto adelantada por el Consejo de Estado, la Registraduría presentó el documento en el que solicitó al alto tribunal aclarar si el Gobierno nacional puede determinar si el pronunciamiento en el que el Senado rechazó el mecanismo de participación es admisible constitucionalmente. Además, pidió definir la excepción de inconstitucionalidad presentada en el decreto.
Finalmente, será el Consejo de Estado el encargado de determinar la validez jurídica del decreto que convoca a la consulta popular, así como de definir si se cumplieron los requisitos constitucionales y legales en su expedición. Por eso, la Procuraduría y la Registraduría ya anunciaron que respaldarán firmemente la decisión definitiva adoptada por el alto tribunal.
