Paz Total: un camino cuesta arriba
Crédito: Jorge Restrepo
La principal bandera de Gustavo Petro hoy es blanco de críticas de amigos y detractores del gobierno. Se habla de problemas en la implementación de los acuerdos, vacíos jurídicos en la ley de sometimiento, narcotraficantes pescando en río revuelto y un panorama incierto con el ELN. ¿Tiene futuro la política de paz total?
Por: Redacción Cambio
Los grupos armados han sido el eje central de las elecciones presidenciales del último medio siglo en Colombia. Cada cuatro años los votantes acudían a las urnas para elegir entre candidatos que, casi siempre, ofrecían dos visiones diametralmente opuestas sobre cómo lograr la paz y garantizar el orden público: mano dura vs. negociación.
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Esa realidad política cambió en 2022. Por primera vez, ya con unas Farc desmovilizadas, ambos contendores prometían implementar los acuerdos de La Habana y ponían sobre la mesa estrategias para silenciar los fusiles de los grupos armados que seguían operando en el territorio. La del ingeniero Rodolfo Hernández resultaba risible: “eso póngale un otrosí a lo que se firmó en Cuba y listo”. Gustavo Petro, por su parte, planteaba una apuesta mucho más ambiciosa, elaborada y compleja.
Una vez elegido, el mandatario le presentó al país la que sería la principal bandera de su administración: la política de paz total. Aunque nadie se opone a que se acabe la violencia, y buscar la paz es un mandato constitucional del jefe del Estado, cada vez hay más reservas sobre el método que Gustavo Petro ha puesto en marcha para conseguir tal fin. El gobierno sigue siendo optimista pero los observadores del conflicto, encabezados por los antiguos protagonistas del proceso con las Farc, temen que el presidente, por un intento noble de firmar la paz con todo el mundo, se quede sin el pan y sin el queso. Es decir, que no logre la dejación de armas de ninguno de los grupos y, de paso, abra una puerta a la impunidad y descuide la implementación de lo que ya se firmó con las Farc.
La radiografía resulta, cuando menos, poco alentadora: más de 200.000 hectáreas sembradas en coca, un frenazo en las operaciones ofensivas e incautaciones de droga, un Clan del Golfo fortalecido, unas disidencias de las Farc envalentonadas que reclaman estatus político, unas Farc desmovilizadas que se sienten frustradas y piden que se implemente el acuerdo de La Habana, un presidente que afirma que ese acuerdo quedó mal hecho, 372 firmantes asesinados, 200 familias recién desplazadas de un ETCR por las disidencias, un ELN lento, soberbio y descentralizado que no ve con buenos ojos que se negocie con otros grupos, un cese al fuego que no se cumple y que desconcierta a la Fuerza Pública, una ley de sometimiento que preocupa a los juristas, un fiscal general que se opone a su aprobación, narcos que buscan colarse en la paz para obtener los beneficios, una situación de seguridad que se sigue complicando, docenas de bandas y grupos armados difíciles de combatir e identificar, voces de antiguos negociadores que levantan alertas sobre la política de paz y un largo etcétera de obstáculos y peros. El gobierno aún tiene margen de maniobra, pero una falla en la táctica o en la estrategia podría convertir el esfuerzo por buscar la paz en un coctel del desastre.
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Paradójicamente, hoy el escepticismo no viene solamente de los sectores de oposición. Algunos de los colaboradores más cercanos del gobierno, académicos, firmantes y exnegociadores de otros procesos de paz han salido a los medios a explicar por qué, según ellos, se ve difícil que la apuesta de Gustavo Petro llegue a buen puerto.
La lista de reparos y preocupaciones se centra en cinco ejes principales: 1) el estatus político para la Segunda Marquetalia, 2) las fallas en la implementación del acuerdo de La Habana, 3) la agenda de negociación con el ELN, 4) la ley de sometimiento, 5) el orden público.
El primer punto, uno de los más álgidos, es mucho más complejo que un simple problema de presentación. Se trata de un desafío político, jurídico y constitucional. El presidente Gustavo Petro y el alto comisionado para la Paz han dejado saber que el gobierno emprendió una fase de exploración para sentarse a negociar con la Segunda Marquetalia. Esto, porque a ojos del Ejecutivo, ese grupo tiene un origen político y su existencia está directamente relacionada con el “entrampamiento” al proceso de La Habana. Se tome o no como cierta la teoría del saboteo a los acuerdos por parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el lío jurídico está lejos de resolverse. La realidad es que la Segunda Marquetalia es una mezcla compleja de disidentes que no firmaron, firmantes que desertaron, narcotraficantes puros y duros, y nuevos reclutados. Hoy, el tamaño de ese grupo se estima en unos 4.500 hombres y mujeres alzados en armas.
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El problema central radica en que los acuerdos del Teatro Colón fueron incluidos en el bloque de constitucionalidad. En otras palabras, para modificarlos se requiere una reforma a la carta política. En esos acuerdos quedó expresamente establecido que quienes volvieran a delinquir perdían todos los beneficios y debían ser sometidos a la justicia ordinaria. Dicho esto, los emisarios de la Segunda Marquetalia han dejado claro que si no se les reconoce un origen político y no se les da la posibilidad de acceder a un sistema de justicia transicional, no están dispuestos a negociar y, mucho menos, a acogerse a una ley de sometimiento. Sobre esta encrucijada legal el ministro de Justicia le dijo a CAMBIO: “Ellos pueden acogerse a la ley de sometimiento. Dudo mucho que lo hagan. Nosotros, en el ministerio, todavía no tenemos una fórmula jurídica para reconocerles estatus político y negociar con ellos”.
En el Partido Comunes hay opiniones divididas. Mientras algunos de los desmovilizados que sí cumplieron lo pactado consideran injusto y desleal que se negocie con quienes no cumplieron, otros afirman que hay que sentarse a dialogar con los disidentes. Un alto mando del ahora partido político de las extintas Farc, quien pidió proteger su identidad, le dijo a CAMBIO: “Yo observo que están llegando mensajes muy negativos para quienes firmamos un acuerdo de paz. Haberles dado a ellos estatus político con el rótulo de Estado Mayor Central de las Farc tiene consecuencias: deslegitima el Acuerdo de La Habana”. No obstante, el senador Pablo Catatumbo afirmó que “el partido no será un obstáculo para que Iván Márquez vuelva al sendero de la paz. Nosotros somos un partido nacido del diálogo y nunca seremos opositores de la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto armado”.
Los problemas referentes al manejo que el gobierno le da a los acuerdos de La Habana no terminan en el tratamiento político para la Segunda Marquetalia, grupo que está matando e intimidando a quienes lo firmaron. Existen también voces de protesta sobre la falta de método y esfuerzo en implementación de lo acordado.
Aunque nadie cree que Gustavo Petro sea enemigo de la paz, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, Rodrigo Londoño y hasta el propio expresidente Juan Manuel Santos han hecho un llamado con el fin de que el gobierno no olvide que, para lograr la paz total, lo primero que debe hacerse es cumplir e implementar lo que ya se acordó. Existe entre los gestores del acuerdo de La Habana la sensación de que en Palacio se olvidaron de cumplir lo pactado y lo dejaron sin doliente. Incluso el senador Iván Cepeda, tan cercano al gobierno, no sólo ha aceptado que hay fallas en la implementación del Acuerdo de Paz, sino también ha insinuado que podría hacerse un debate de control político sobre el tema. Más allá de las críticas que puedan existir entre los protagonistas de ayer y de hoy, para un sector importante de la sociedad la nueva negociación con las disidencias encarna un mal mensaje: “daba lo mismo cumplir que no cumplir”.
Si por los lados de las Farc llueve, en la mesa con el ELN no escampa. La agenda que se ha presentado, con una estrategia de implementaciones parciales, despierta grandes preocupaciones entre los expertos. La doctrina de ir poniendo en marcha acuerdos paulatinos es totalmente contraria a la que se adoptó en la era Santos: “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. En entrevista con la W Radio, el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo afirmó que por lo pronto no se ve un escenario de tiempo definido, que el gobierno ha cedido demasiado con compromisos como “erradicar el paramilitarismo” que resultan imposibles de cumplir y que, si las cosas siguen su curso, habrá una negociación interminable que puede acabar en un fortalecimiento del ELN y no en una entrega de las armas.
Las reservas también se han hecho ver dentro de la coalición de gobierno. Roy Barreras, presidente del Congreso y punta de lanza de Petro en el Parlamento, le dijo a CAMBIO que, aunque apoya el proceso con el ELN, siente que "se está desarrollando una negociación sin rigor ni métodos que incluyó una entrega prematura de beneficios”. El senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, salió en defensa de la política de Gustavo Petro. Aseguró que en estos seis primeros meses se han construido las bases sólidas de un proyecto de paz integral, que cuenta con la ley de orden público (2272 de 2022); el reajuste institucional para la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc; la mesa de diálogos con el ELN y ahora el inicio de un proceso exploratorio con el denominado Estado Mayor de las FARC. Y ha agregado que, si se llegara a romper el proceso con el ELN, y se hubieran implementado algunos de los acuerdos, simplemente lo que habría sucedido es que el estado habría cumplido con deberes que antes no cumplía, porque todo de lo que va a hablarse está dentro del marco de la Constitución.
Los procesos de negociación con las guerrillas han sido siempre un desafío enorme. Sin embargo, la ley de sometimiento para las bandas criminales presentada por el gobierno tampoco parece pasar sus mejores días. El fiscal Francisco Barbosa presentó 9 objeciones iniciales para que fueran ajustadas en el proyecto de ley. Pero la calma duró poco. El jefe del ente acusador afirmó que sus reparos fueron desatendidos por el gobierno y agregó que ahora eran 12 y no 9. “No voy a permitir que pase esa ley”, dijo Francisco Barbosa ante los micrófonos. En su criterio, el proyecto es un “indulto camuflado” para criminales que cometieron delitos graves, como el concierto para delinquir que desemboca en otros como el secuestro y la trata de menores. Barbosa se ha mostrado preocupado porque se le otorgue libertad a más de 3.500 personas en medio de un proceso en el que la Fiscalía, según afirma, tendrá muy poco tiempo para corroborar los hechos que hagan parte de las actas que firman las organizaciones y sus respectivos miembros. “Yo sí quiero decirle al país que una persona que cometió un genocidio o una masacre, condenada a 40 años y que lleve ocho en la cárcel, con la aprobación de esta ley, o al año siguiente, o al momento en el que se firme el acta, puede salir inmediatamente de la cárcel”, aseguró el fiscal.
La ley de sometimiento tendrá que cumplir su trámite en el Congreso y seguramente será modificada con varias de las anotaciones del fiscal y de los parlamentarios. El desafío del gobierno consistirá en garantizar que se apruebe una ley coherente, que abra la puerta para el sometimiento colectivo y, al mismo tiempo, logre blindarlo de quienes quieren pescar en río revuelto para buscar impunidad
Existen por supuesto varias señales de alerta en torno a la apuesta de Gustavo Petro por la llamada Paz Total. No obstante, el presidente tiene todo a su favor para corregir el rumbo y sacar de la violencia a miles de colombianos que hoy operan en las guerrillas, disidencias, grupos irregulares y bandas criminales. Los detractores del gobierno afirman que hay mucha improvisación y poco método. Aunque algo de verdad pueda haber en esa lectura, lo cierto es que existen mecanismos para aterrizar las intenciones de la Casa de Nariño. Darle un protocolo claro de operación a la fuerza pública, ser estrictos en la identificación de los grupos que puedan entrar en el sometimiento, encontrar una salida jurídica para la Segunda Marquetalia, implementar el acuerdo de La Habana, proteger la vida de los firmantes, garantizar la seguridad en los territorios, diseñar una estrategia para que los ceses al fuego no les den aire y capacidad operativa a los violentos, designar a los equipos negociadores para cada grupo, y acotar la agenda con el ELN para que la negociación sea posible, son algunos de los puntos a tener en cuenta. De ese ajuste de tuercas depende el éxito de la que hasta ahora ha sido la apuesta más ambiciosa por buscar la paz de Colombia. Pero es el presidente Petro el único que puede ajustarlas.
