La mala educación de la secretaria de Educación de Medellín
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
La secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, es investigada por amañar contratos y hacer uso indebido de los recursos del programa Buen Comienzo, que sacaba pecho por atender a los niños de Medellín y ahora presenta deficiencias en la prestación de servicios. Esta es la historia.
Por: Juan Pablo Vásquez
Una de las políticas por las que Medellín sacó pecho durante mucho tiempo fue Buen Comienzo, un programa diseñado en 2004 para brindar apoyo a los niños de la ciudad. Cifras de la época indican que el 71 por ciento de los niños menores de 5 años –cerca de 150.000– vivían en condiciones de vulnerabilidad y requerían algún tipo de atención.
El proyecto se puso en marcha en tres modalidades, que atendían las necesidades de cada hogar: institucional, familiar y ludotecas.
Diferentes estudios establecen que el periodo que va desde los 0 a los 5 años es fundamental para el desarrollo de un menor de edad y repercute directamente en sus posibilidades de continuar su vida académica, conseguir un trabajo, mantener una vida sana e incluso en la productividad de sus descendientes. El éxito de Buen Comienzo llevó a que instituciones dedicadas al trabajo con la primera infancia de diferentes lugares del país se acercaran a la capital antioqueña para entender cómo operaba el programa y tratar de replicarlo.
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Sin embargo, lo que era sinónimo de orgullo recientemente protagonizó titulares por cuenta de irregularidades que involucran a la secretaria de Educación de la Alcaldía de Medellín, Alexandra Agudelo, con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tentativa de peculado por apropiación. También están comprometidos Lina Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, representante de Colombia Avanza, firma operadora del programa. Todo indica que los dineros de la niñez no han sido manejados de la mejor manera.
¿Por que Buen Comienzo está mal?
Desde 2020 venían presentándose quejas de organizaciones civiles, medios de comunicación y padres de familia sobre Buen Comienzo.
Los datos demuestran que el programa ha decrecido durante los últimos dos años en materia de cobertura, calidad y atención. Por ejemplo, según un informe de la organización Medellín Cómo Vamos, pese a que en 2021 se destinó una mayor cantidad de recursos, benefició a menos personas. Mientras que en 2019, con 162.000 millones de pesos, fueron atendidos 97.000 niños y madres lactantes, en 2021, con 200.000 millones, la cifra cayó a 93.000. Un incremento del 19 por ciento en el presupuesto que, sin embargo, no se vio reflejado en aumento de la cantidad de beneficiarios, que disminuyó 5 por ciento.
La cantidad de niños que se le asignan a una maestra en los jardines infantiles de Buen Comienzo aumentó. En 2019, a una educadora le correspondían 25 menores de edad por aula; dos años más tarde, el número era de 36.
Los servicios, además, empezaron más tarde que en años anteriores. En 2021, Buen Comienzo empezó a finales de abril, cuando anteriormente (2018, 2019 y 2020) solía iniciar en las primeras semanas de marzo. Según expertos, dada la influencia de estos años en la vida de las personas, es clave que la atención alimentaria y pedagógica no se posponga porque no puede ser recuperada más adelante.
Las madres también padecieron el enflaquecimiento de las condiciones del programa. Tras la pandemia, Buen Comienzo ha sido incapaz de igualar la cantidad de madres gestantes y lactantes que reciben atención en sus diferentes centros. Las 9.431 madres atendidas en 2021 distan de las 12.954 que se atendieron en 2019. Lo mismo ocurre con los controles prenatales. En 2019, todas las mujeres contaron con al menos cuatro controles. Actualmente, la atención completa ha descendido al 90,8 por ciento.
El informe de Medellín Cómo Vamos también toma nota del retroceso en vacunación a menores de un año, el descenso en la cantidad de bebés que son alimentados con leche materna en sus primeros 6 meses de vida y el déficit de niños atendidos con estrategias de lectura en bibliotecas públicas, entre otros aspectos.
El debilitamiento en estos ítems coincide con la llegada de Daniel Quintero al gobierno municipal en enero de 2020. El alcalde ha desestimado las alertas emitidas por Medellín Cómo Vamos en relación con Buen Comienzo, aduciendo que la organización arregla los números de sus informes para afectar su imagen, ya que es auspiciada por el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado al que Quintero critica con frecuencia y responsabiliza por las demoras en Hidroituango. “Esta es una fundación creada por el GEA. Obviamente, presentan las cifras que más les convienen para hacer daño”, aseguró.
Pero el alcalde no siempre vio con desconfianza a Medellín Cómo Vamos. En un trino de febrero de 2020, apenas en su segundo mes en La Alpujarra, el mandatario afirmaba que trabajaría de la mano con la organización “para mejorar la calidad de vida de los medellinenses”.
Y la credibilidad que hoy Quintero le resta, acusándola de ser un apéndice del GEA, era bien valorada cuando presentó su programa de gobierno. CAMBIO revisó la totalidad del documento y encontró que cita 67 veces a Medellín Cómo Vamos en temas de seguridad ciudadana, convivencia, calidad de vida, finanzas públicas, empleo, educación e infancia, estando estos dos últimos asuntos ligados directamente a Buen Comienzo.
Las dudas sobre los recursos
Los reproches sobre Buen Comienzo también giran alrededor de la contratación. En 2020, con Alexandra Agudelo en la Secretaría de Educación, la modalidad familiar del programa –encargada de atender a madres lactantes y niños– se le entregó de forma directa a Colombia Avanza, una corporación sin experiencia en primera infancia y cuyo representante legal es Henry Paulison Gómez, un exconcejal de Bello, Antioquia, y aportante a la campaña a la alcaldía de Daniel Quintero. El historial de la corporación demuestra, de hecho, que ese municipio es su fortín.
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Según lo han revelado diferentes medios de comunicación, entre 2015 y 2020, Colombia Avanza celebró más de 200 contratos con instituciones públicas por 69.573 millones de pesos. Solo el 9 por ciento de estos los recibió a través de licitaciones. Bello fue el lugar en el que más ejecutó, con un total de 24 contratos.
La relación de Henry Paulison Gómez con la clase dirigente de allí está probada. La tía de Henry, Gloria Elena Montoya, fue alcaldesa encargada de Bello en 2017, tras la captura del entonces alcalde César Suárez Mira, bajo cuyo mando Montoya trabajó en las secretarías de Recreación y Deporte, Tránsito y Gobierno. Actualmente, Montoya es concejal de Bello por el Partido Conservador.
Anteriormente, la modalidad familiar de Buen Comienzo se distribuía entre cuatro operadores y mediante convenios de asociación, pero eso cambió en 2020, cuando recayó exclusivamente en Colombia Avanza, con el que se firmó un contrato por prestación de servicios por 20.642 millones de pesos. Las empresas excluidas, con las que se solía contratar la atención de madres y niños, cuestionaron la idoneidad de la corporación seleccionada. Un informe de la Contraloría General de Medellín, publicado en noviembre de 2021 sobre la vigencia del año anterior, les dio la razón.
La veeduría Todos por Medellín allegó al ente de control pruebas de posibles irregularidades en la etapa precontractual y de ejecución. La conclusión fueron diferentes hallazgos fiscales que constataron sobrecostos injustificados de los paquetes de alimentos adquiridos; contratación de personal por parte de Colombia Avanza sin el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos; pagos de materiales y dotación que estaban por fuera de los límites del contrato y falta de planeación y estudios previos al momento de elegir al contratista que desarrollaría toda la modalidad de familiar del programa.
En otras palabras, Colombia Avanza gastó más recursos públicos de lo que podía, sin ninguna justificación, y su elección fue posible por la ausencia de un proceso claro y transparente por parte de la Secretaría de Educación.
“Aunque en el estudio de costos se asignó el valor de la logística inherente a la compra, bodegaje, distribución y entrega de los paquetes de alimentos según condiciones de peso y volumen, el cual fue presentado como un porcentaje del valor del paquete (incluyendo la misma logística), el valor que se terminó pagando por ese concepto fue muy superior al inicialmente estimado en el estudio del mercado y presupuesto oficial del proceso de contratación directa adelantado”, señala el documento.
La situación y los riesgos también habían sido advertidos por Daniel Duque, concejal del Partido Alianza Verde, quien venía hablando desde marzo de 2020 sobre las posibles consecuencias de que se escogiera “a dedo” al contratista.
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“Muchas madres beneficiarias nos empezaron a buscar y expresaron su preocupación por lo que estaba sucediendo con el programa. También se acercaron varias personas que han fungido como agentes educativas, nutricionistas y psicólogas para manifestar un montón de irregularidades. Todo eso nos llevó a revisar qué es lo que estaba pasando y encontramos graves denuncias en la contratación”, aseveró.
La imputación de cargos contra Alexandra Agudelo
Para Duque es necesario que la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, dé un paso al costado, especialmente después de que la Fiscalía, el pasado 8 de febrero, la imputara por interés indebido en la celebración de contratos y tentativa de peculado por apropiación. El ente acusador cree tener las pruebas necesarias para demostrar que la funcionaria direccionó el proceso de contratación para que quedara en manos de Colombia Avanza. Adicionalmente, la vincula con la malversación de recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de la capital de Antioquia.
Agudelo, sin embargo, cuenta con el espaldarazo del alcalde Quintero, quien defendió su inocencia incluso después de la diligencia de imputación. El mandatario sugirió en Twitter que los enemigos de su secretaria son los que están detrás del proceso judicial.
Así mismo, la propia funcionaria aseguró en su cuenta personal que se encargará de probar que sus actuaciones no constituyen ningún crimen.
Aunque la administración municipal defiende su proceder, resulta llamativo que para 2021 desechó la contratación directa y decidió volver a echar mano de los convenios de asociación para contratar la modalidad familiar, la misma que suscitó polémica un año antes. Esa determinación, en todo caso, no dejó por fuera a Colombia Avanza, a la que se le asignó uno de los cuatro lotes para prestar el servicio, pese a todas las quejas que ya había generado.
Y, así como antes, su elección no se libró de sospechas, pues los requisitos para contratar fueron modificados, dejando de lado la obligación de comprobar un historial de trabajo con la primera infancia. En 2019, último año en que se había contratado mediante convenios, la experiencia contaba con un valor del 40 por ciento en la evaluación de los postulantes. Para 2021, la experiencia dejó de ser un factor de consideración y fue reemplazado por unas capacitaciones que las propias empresas ofrecen a los agentes educativos. Colombia Avanza, de esta forma, se las arregló para ganarse el contrato y continuar formando parte de Buen Comienzo.
El proceso en contra de la secretaria Agudelo recién comienza, pero la Fiscalía está segura con las pruebas que tiene y por eso solicitó medida de aseguramiento para la secretaria Agudelo; la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina Gil, y el representante de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
Dotado de audios, informes e interceptaciones, la fiscal asegura que los tres imputados actuaron de forma articulada para direccionar el contrato de la modalidad familiar en 2020 y, posteriormente, generaron sobrecostos. Una de las grabaciones muestra cómo en Colombia Avanza, al enterarse de que estaban siendo investigados, intentaron ocultar material probatorio para no dejar rastro de las irregularidades cometidas.
“Aquí estamos sacando todo, absolutamente todo de todas las áreas que tienen que ver con otras empresas, pero las hijueputas cámaras están prendidas. Necesito que borres ahorita los pedazos donde estamos sacando las cosas”, le dice una mujer identificada como Astrid a Carlos Mario Henao, encargado de llevar los inventarios de la corporación.
En los próximos días la justicia definirá si les da casa por cárcel a Agudelo, Gil y Gómez.
