Peajes en Colombia: una bomba de tiempo que le está explotando a Gustavo Petro en las manos

Cobrar un peaje en Colombia se convirtió en todo un dolor de cabeza para las empresas que operan las vías concesionadas. 

No es un problema generado por el presidente Gustavo Petro, pero sí una bomba de tiempo que le está estallando en las manos. Se trata de una situación que viene de tiempo atrás y que se ha agravado durante la actual administración por diversos factores.

Por un lado, desde 2021, algunos proyectos terminaron su fase de construcción, lo que les ha permitido a los privados instalar casetas en las vías. Y, por el otro, la nación ha dado luz verde a un aumento adicional en las tarifas de algunos peajes para cubrir la ejecución de nuevas concesiones que fueron firmadas por el gobierno de Iván Duque.

Además, están las protestas de las comunidades que buscan que se levanten las talanqueras o que impiden que se instalen nuevas casetas para no tener que pagar por transportarse, sobre todo si es en distancias cortas. 

Aunque el recaudo está establecido en los contratos que el Estado firmó con los consorcios encargados de construir las grandes autopistas de Colombia, para la gente en las zonas de influencia de los peajes, como se dice popularmente, “el palo no está para cucharas”. 

Un problema difícil de resolver

El Gobierno tiene claro que es un problema con muchos factores e incluso para el presidente Gustavo Petro hay contratos de concesión, firmados en administraciones anteriores, con los que se privatizaron las vías y cuyas condiciones dejaron al país en desventaja. Por eso, está diseñando nuevos proyectos que no impliquen la instalación de más peajes, al tiempo que ha intentado por cielo y tierra mitigar los incrementos aplicados en los últimos años.

Justamente por la inflación en el país durante 2022 (13,12 por ciento), el presidente Petro congeló el alza en las tarifas de los peajes a inicios de 2023, No obstante, eso provocó un desfase en las finanzas de los consorcios que utilizan dichos dineros para construir, mantener y operar las vías. Por ende, desde 2024, el Ministerio de Transporte retomó de forma gradual algunos de los cobros pendientes. 

A inicios del año pasado llegó el primer incremento de 13,12 por ciento para ponerse al día con el alza que no se hizo en 2023. Como faltaba el aumento de 2024. correspondiente a 9,28 por ciento, se optó por dividir el alza en dos partes: la primera de 4,64 por ciento se aplicó en agosto y quedó pendiente otra del mismo nivel que supuestamente debía hacerse antes del 31 de diciembre. 

No obstante, este último aumento tampoco se hizo en la fecha prevista. Según la resolución que expidió el Ministerio de Transporte el pasado 30 de diciembre, a partir del primero de enero de 2025 los peajes en Colombia subieron apenas un 2,78 por ciento, dejando otra vez un faltante de 1,85 por ciento que se cobraría hasta abril. De forma paralela, a mediados de enero habrá otro ajuste de aproximadamente 5 por ciento para cubrir el aumento que se hace cada año con base en la inflación. 

En medio de este enredo normativo, lo cierto es que, en apenas un año y medio, los peajes en Colombia habrían subido 27,4 por ciento. Algunos, incluso, están aumentando todavía más sus tarifas debido a que coincide el momento actual con algunas cláusulas de los contratos que permiten esas alzas y que justo ahora empiezan a aplicarse. 

Un ejemplo de los casos en los que ese tipo de factores están confluyendo en este nuevo año es el peaje Andes en la salida de Bogotá por la Autopista Norte. Los viajeros se sorprendieron el primero de enero cuando vieron la nueva tarifa de la caseta que pasó de 11.600 a 15.400 pesos de un solo 'tacazo'.

Ese aumento, según explicó el Ministerio de Transporte, tiene que ver con un acuerdo de 2021 entre el Gobierno y el concesionario para que se realizaran obras adicionales en el proyecto Accesos Norte 2. Dicha negociación estableció que en lugar de instalar un nuevo peaje, se incrementara la tarifa del que ya existe en más de un 30 por ciento. 

Como ese, otros siete peajes en Colombia subieron por encima de lo esperado. Esos aumentos también fueron definidos en gobiernos anteriores con el objetivo de financiar más obras de infraestructura.  

A pesar de la coyuntura, para algunos expertos e incluso para las comunidades impactadas por estos ajustes, la celebración que hubo en 2023 por el congelamiento de las tarifas se convirtió en un verdadero “guayabo” y un golpe al bolsillo de los usuarios que tanto se quería evitar.

Además, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), gremio que reúne a las concesiones viales, advirtió que el Gobierno incumplió con el plazo establecido para normalizar el esquema tarifario. 

Para Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, eso significa que el Estado tendrá que seguir pagando con plata del presupuesto nacional, que cada vez alcanza menos, la compensación que por ley les corresponde a los privados.

Lo que no paguen los usuarios de las vías lo asumirá la nación, que se puede demorar entregando los recursos o incluso incurrir en un detrimento patrimonial, explica Caicedo. 

En contraste, para el Ministerio de Transporte este plan de regularización de tarifas sí tuvo en cuenta la realidad económica del país y se definió que fuera gradual para evitar mayores impactos en los usuarios.

Las protestas

Las alzas acumuladas en las tarifas de los peajes son solo la punta del iceberg. En 2024, decenas de comunidades se hicieron sentir y manifestaron su descontento por los cobros que se hacen en varias carreteras del país, así como por las nuevas casetas que se quieren instalar.

En muchos de los casos, la gente califica como injusto el pago de un peaje en una vía cuyo estado es precario y no existe el mantenimiento. En otros contextos, se ha protestado porque la caseta lleva décadas instalada y para la comunidad ya se hicieron los aportes necesarios para adelantar las obras. 

El año pasado se registraron problemas en más de diez puntos de recaudo a nivel nacional, siendo el peaje de Turbaco, a las afueras de Cartagena, el símbolo de un problema que tiene varias caras: la lucha social para erradicar estos cobros, la falta de mano dura por parte del Gobierno para mantenerlos y el uso de ambos elementos como bandera política.

Turbaco: el peaje que tiene en jaque a todo un megaproyecto 

El megaproyecto Autopistas del Caribe, que es la vía para transportar carga entre Cartagena y Barranquilla, enfrenta un grave problema por cuenta de los peajes. Allí, desde hace tres años, no se ha podido cobrar en el sector de Turbaco a los vehículos de categorías 1 y 2, que representan el 80 por ciento del recaudo en esa estación.

Además, a la concesión tampoco le han permitido instalar la caseta de Arroyo de Piedra que debía comenzar a operar en 2024. Ambas situaciones tienen en jaque a este corredor vial, que de paso no ha logrado un cierre financiero. 

Ernesto Carvajal, vicepresidente de concesiones de KMA Construcciones, una de las empresas a cargo de esta vía, le explicó a CAMBIO que el problema de peajes en Autopistas del Caribe es crítico y tiene dos consecuencias. La primera es que se liquide el proyecto y el país pierda billonarias inversiones. La segunda, que la nación siga asumiendo los pagos que no han hecho los usuarios. 

“La estimación que tenemos es que por la situación en Turbaco y la no instalación del peaje en Arroyo de Piedra, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) nos ha pagado unos 100.000 millones de pesos. Eso, en la práctica, significa que a la comunidad en la zona no se le ha cobrado, pero sí al resto de los colombianos vía impuestos”, manifestó Carvajal. 

Carvajal explica que solo hasta marzo de 2025 habrá recursos para seguir pagando esa compensación por menor recaudo. Eso significa que, de no lograr un acuerdo entre el Gobierno, la comunidad y el consorcio, Autopistas del Caribe se convertirá en otro proyecto que fracasa por culpa de los peajes. La ANI ha buscado soluciones en más de 15 reuniones, pero todas han sido infructuosas, porque para la comunidad, la única solución es tumbar el peaje.

Así lo confirmó Samir Barros, uno de los líderes del comité No Más Peaje en Turbaco, quien le dijo a CAMBIO que la estación de cobro se instaló hace 12 años. Por ende, califican como injusto que los cobros permanezcan cuando las obras ya se hicieron, la vía ya existe y han recaudado recursos durante tanto tiempo.

Los otros peajes emproblemados

La situación en Turbaco se replicó durante 2024 en otros peajes de Colombia en donde siguen haciendo de todo para levantar las talanqueras y la respuesta de fondo por parte del Gobierno aún no llega. Los casos más recientes se presentaron en las casetas de Papiros y Arroyo de Piedra, en el Caribe colombiano, y en Puente Amarillo y La Libertad, en los Llanos Orientales. 

El caso del peaje de Papiros fue uno de los más visibles el año pasado. En esta estación, ubicada a las afueras de Barranquilla, se presentaron protestas de gran magnitud de personas que pedían eliminar el cobro en esta vía por la que transitan a diario miles de personas desde y hacia la zona de Puerto Colombia. 

Fue tanta la presión que a la ANI le tocó acceder a las pretensiones de la comunidad y por eso el peaje ya completa varios meses suspendido para las categorías 1 y 2. El gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, intercedió también en este problema y propuso una solución salomónica: ceder al ente territorial el tramo donde está Papiros, el cual equivale a unos 14 kilómetros, y que este ponga los recursos para mantener y operar el corredor. 

Desde agosto de 2024 hay bloqueos también en el peaje Puente Amarrillo, concesión Covioriente, que conecta a Villavicencio en el Meta con Yopal en Casanare. A finales de diciembre, las autoridades retomaron el control de esa estación cuyos cobros no se pudieron hacer durante cinco meses. Por no recaudar los dineros correspondientes a esa estación, la ANI ha tenido que pagarle al concesionario de propiedad de Corficolombiana y Grupo Aval unos 10.000 millones de pesos. 

La misma situación se vivió en el peaje de La Libertad dentro del proyecto Malla Vial del Meta. Los habitantes de la zona exigieron durante semanas el traslado de la caseta, pero eso no se ha logrado. Por lo anterior, persisten las protestas y las talanqueras permanecen arriba. En esa concesión que va desde Granada hasta Villavicencio y de Villavicencio hasta Puerto Gaitán, en una longitud de 267 kilómetros, hay cinco peajes instalados –incluyendo el de La Libertad– y se prevé la puesta en marcha de uno más. 

Finalmente, se presentaron desórdenes y problemas de orden público por hechos similares en los peajes de La Caimanera del proyecto Antioquia - Bolívar; en Sabanagrande también ubicado en el Caribe; Pamplonita en Norte de Santander y Ocoa e Iracá ubicados en Meta.    

Los peajes que no han podido instalarse 

Levantar las talanqueras de los peajes ya construidos no es la única medida que han tenido que tomar las concesiones viales por cuenta de las protestas. Existen también algunos casos en los que las estaciones no se han podido instalar por presión de las comunidades, pero también por líos jurídicos de los proyectos generados a partir de sobrecostos y otras situaciones.

Los peajes que no se han podido poner están en departamentos como Antioquia, Bolívar, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca.

El peaje Arroyo de Piedra, como ya se dijo, es una de las casetas que no se ha podido instalar en el proyecto Autopistas del Caribe. Entre tanto, los peajes de Villa Josefa y Mutiscua en la concesión Bucaramanga - Pamplona y los de Choachí y Ubaque en la Perimetral del Oriente de Cundinamarca no se pudieron construir porque ambos proyectos serán liquidados. La razón es que hubo situaciones no previstas en sus contratos que impidieron la construcción de algunos de los tramos. 

Los nuevos peajes para 2025 

A pesar de todo, para este nuevo año se prevé instalar nueve estaciones más que hacen parte de proyectos de infraestructura de cuarta y quinta generación.

La ministra de Transporte, María Constanza García, confirmó en días pasados que unos 18 proyectos concesiones viales empezarán la fase de operación y mantenimiento y por eso, en algunos de esos, tendrá que haber nuevos cobros. 

Según información de la ANI a la que pudo acceder CAMBIO, esos peajes estarán en los departamentos de Huila, Putumayo, Cauca, Casanare y uno más a las afueras de Bogotá, que será el de la Autopista Longitudinal de Occidente Sur (Alo Sur).