
Un lunes difícil de olvidar para el presidente Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de la República.
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En el mismo día, los medios en bloque le exigieron respeto a la libertad de expresión, el Consejo de Estado rechazó sus “irrespetuosos mensajes” y el Congreso le hundió la reforma política. ¿Qué viene ahora? Análisis
Por: Armando Neira

Hay días en los que las cosas no salen bien, como este lunes para el presidente Gustavo Petro: en la mañana, los medios en bloque le exigieron respeto a la libertad de expresión; al mediodía, el Consejo de Estado rechazó sus “irrespetuosos mensajes”; y en la noche, el Congreso le dijo no a la reforma política, que terminó hundida.
Es, dice el analista Pedro Viveros, ese intangible que en este Gobierno ha demostrado su fortaleza: la institucionalidad. “Esta está consagrada y garantizada en la legitimidad de la Constitución Política de Colombia”, señala.
“Lo que ocurre en una democracia como la nuestra es que los contrapesos institucionales, como el Congreso, las cortes, los medios y la ciudadanía, permiten el equilibrio de la sociedad para que ninguno de los tres poderes tenga un poder desmedido”, agrega él.
“La respuesta de los diferentes estamentos es el resultado de un maltrato que el presidente Petro ha venido implantando en su gestión, cruzando la línea en varias oportunidades”, dice la analista María Jimena Escandón.
“Esta situación de permanente conflicto no es sana para el funcionamiento de la democracia ni de las instituciones. Los tres mensajes son oportunos y pertinentes; sin embargo, no tendrán mayor eco en las formas del presidente Petro, quien ha dado todas las señales de elevar su discurso sin moderación”, advierte ella.
Al igual que ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe y su interés por permanecer en el poder, un contrapeso como la Corte Constitucional impidió ese desafuero. Hoy, las barreras que evitan la existencia de una figura con poder preponderante están funcionando, dice Viveros.
La Constitución, Personaje del Año
“Es más, me atrevería a decir que el personaje de 2024 en el país es la Constitución Política de Colombia, que desde su creación en el acuerdo nacional de 1991 sigue demostrando su vigencia”, concluye el analista Viveros.
En efecto, la jornada que sintetiza el ambiente político actual comenzó con un editorial titulado 'Por un pilar de las libertades', en el que 33 periódicos, diarios y portales del país alertan sobre la situación de la libertad de prensa en Colombia.
El texto asegura que, durante 2024, el país ha venido experimentando “un preocupante retroceso en este campo” y hace un llamado al Gobierno del presidente Petro para garantizar este derecho.
En la memoria están otros editoriales acogidos por todos los medios en momentos difíciles para la libertad de expresión, como en la época en la que se enfrentó el narcoterrorismo.
Y es que, si bien la situación de hoy dista mucho de ese aciago periodo, sí hay elementos inquietantes. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), citados por el editorial, las amenazas han aumentado 24 por ciento entre 2023 y este año. Además, de acuerdo con el índice de Chapultepec, que mide el estado de libertad de prensa en países de América, Colombia obtuvo 40,34 puntos sobre 100 y bajó cinco puestos.
'El equivocado mensaje que envía Petro'
La crónica política de este lunes muestra otro punto notorio al mediodía. Los magistrados del Consejo de Estado, liderados por Milton Chaves, su presidente, y vestidos de la manera más formal posible –todos con sus togas–, dieron a conocer un comunicado en el que rechazaron los cuestionamientos del presidente Petro a las decisiones del alto tribunal.
“En razón a los graves, sistemáticos e irrespetuosos mensajes emitidos por parte del señor presidente de la república en contra de sus diferentes decisiones, que ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa esta corporación, manifestamos a la opinión pública y a los organismos internacionales nuestro contundente rechazo”, precisó Chaves.
“La corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular, pues estas distorsionan la realidad y envían un mensaje equivocado a la sociedad”, manifestó Chaves.
La relación entre el presidente Petro y las cortes se ha deteriorado paulatinamente y termina el año con un distanciamiento significativo. Aunque es positivo que las ramas del poder público mantengan una distancia que garantice su independencia y los frenos y contrapesos que requiere una democracia en un Estado social de derecho, también es fundamental fomentar una relación armónica entre ellas. Sin embargo, por lo que se observa, este no es el caso actual.
Los capítulos son varios. El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata que había anunciado el Gobierno. La respuesta fue categórica: “En aras de preservar la independencia de los poderes en Colombia, no”.
Esta condecoración, que iba a otorgar el Gobierno nacional, llegó al alto tribunal mediante una carta de invitación y notificación emitida por la Cancillería el pasado jueves 5 de diciembre.
Ese mismo día tuvo lugar la inédita posesión del magistrado José Joaquín Urbano Martínez ante el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, y no ante el presidente de la república, como tradicionalmente se hacía.
Su solicitud generó un ruido natural, ya que no existían antecedentes similares. Aunque Chaverra Castro negó que tuviera intenciones de provocación y aseguró que su solicitud se ajustaba a la ley, el mensaje dejó dudas en el ambiente.
La situación no da muestras de mejorar. En la mañana de este martes, el presidente Petro se pronunció sobre el comunicado del Consejo de Estado: “Toda decisión será respetada, menos el golpe de Estado. Pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión”. Es decir, volvió al uso de la expresión “golpe de Estado”.
El hundimiento de la reforma política
Desde entonces, hay un abierto distanciamiento. El presidente Petro, por su parte, no atenúa la situación, sino que insiste en que desde distintas ramas del poder público se fomenta un “golpe blando” o un bloqueo institucional.
Que el Ejecutivo y la rama judicial permanezcan atrincherados no le conviene al país ni a la democracia. La ruptura entre ambas partes, cada vez más evidente, debería resolverse de forma institucional y fuera de la tribuna pública. De lo contrario, existe el riesgo de politizar una relación que debe mantenerse dentro del marco del lenguaje institucional y el respeto mutuo.
En la plenaria de este lunes, ni el ministro de la Política ni los alfiles del Gobierno lograron modificar el orden del día, en el que la reforma apareció en el punto ocho, por decisión de la Mesa Directiva presidida por el senador Efraín Cepeda.
Cuando llegó el momento del debate, más de seis horas después del inicio de la sesión, no había suficientes senadores para continuar con la discusión. La sesión se levantó. Cristo, responsabilizó a Cepeda de rechazar sin discusión una reforma que, dijo, “era necesaria para el país”.
“Lo que pasó hoy es lamentable. La mesa directiva mató prácticamente por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país”, señaló el ministro.
Por su parte, Cepeda, respondió al ministro que, mientras él esté en ese cargo, no permitirá que el Gobierno imponga, sin discusión, su agenda. “El consenso no puede ser una imposición del Ejecutivo ni un arrodillamiento del Legislativo”.
'El despertar ante el irrespeto presidencial'
Los observadores creen que la etapa actual muestra que las instituciones no se amedrentan, sino que le exigen respeto al presidente. “Parece ser que al final ya hay un despertar institucional frente a un irrespeto que ha hecho el Ejecutivo del equilibrio de poderes”, dice Carlos Arias, docente de la Universidad Javeriana.
Para este experto en comunicación política, lo ocurrido este lunes es un abrebocas de lo que vendrá después de la pausa natural por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El próximo año electoral estará marcado por tensiones y, para él, el presidente Petro va a subir aún más el tono.
“La confluencia de hechos confirma que 2025 será un año marcado por la radicalización del presidente, con miras a las elecciones presidenciales de 2026 y a la conformación de listas cerradas. Habrá una gran confrontación política en la que perderá el pueblo, porque la ejecución de políticas se verá aún más ralentizada y deficiente”, augura él.
“Lo que estamos viendo es la antesala de lo que será un año donde escalarán las tensiones, así como las narrativas pugnaces”, coincide el analista Gabriel Cifuentes. “En un Estado social de derecho, la independencia de las ramas del poder público es uno de sus estandartes”.
Para Cifuentes, es un pilar fundamental de la democracia, y las declaraciones del presidente frente al Congreso, el cuestionamiento de la integridad y de los fallos de las cortes, así como las acusaciones constantes contra la prensa, han motivado que los estamentos del poder eleven su voz de protesta.
En estas reacciones, explica el analista, le recuerden al Gobierno que la democracia se pone en peligro cuando, desde el Ejecutivo, lejos de convocar a la unidad y al respeto por la autonomía de las ramas del poder público, por la defensa de la libertad de prensa y de expresión, se está constantemente minando y acusando a quien piense distinto u opere (bajo su mandato legal y constitucional) en contravía de las expectativas del Gobierno.
Un llamado a la calma
Apelar a que se está fraguando un golpe de Estado cuando es desde el mismo Ejecutivo donde se socava la separación de poderes y se estigmatiza a la prensa, al empresariado y a la sociedad libre, es contradictorio, dice Cifuentes.
Para este analista político es momento de llamar a la calma, porque esta crispación solo va a radicalizar las posiciones de unos y de otros. Esa unidad de cuerpo que se activa cuando hay ataques cruzados no le conviene al país ni a la democracia. Creo que las cortes no deberían ser un titular; el Congreso debería deliberar sin tanto miramiento político.
Sin embargo, el presidente, como jefe del Estado, no puede ser el que a diario acusa y desconoce la integridad de los estamentos públicos y privados. Si desde la majestad de la Presidencia se rompe ese equilibrio, no se puede pretender ni exigir que las demás entidades y la sociedad en su conjunto salgan en defensa de la institucionalidad, concluye Cifuentes.
En conclusión, este lunes fue muy especial para las relaciones de poder en Colombia. Un día difícil de olvidar para el presidente Petro.
