¿Por qué la Corte abrió la puerta a beneficios por colaboración en el caso de la UNGRD?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un escenario novedoso: la posibilidad que personas no aforadas (que no sean congresistas) reciban beneficios judiciales si tienen y entregan información sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD.

Este asunto es novedoso en el sentido que la Sala de Instrucción investiga a los aforados constitucionales: los congresistas como Iván Name y Andrés Calle, y a Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. La Corte no investiga a asesores, ni funcionarios de otro nivel, ya que esas personas son investigadas por competencia por la Fiscalía.

Pero la Sala determinó que hay mecanismos que podrían ser usados para concederles beneficios por colaboración a esos no aforadas, dependiendo de la información, documentos y demás elementos de interés que aporten. La idea es que motivar a los testigos que hoy pueden estar interesados en colaborar, pero que están en la Fiscalía aspirando a beneficios cuando la información que tienen es sobre aforados.

En el caso contra Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, estos son investigado en su rol de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).

Lo que se ha hecho hasta el momento

Las investigaciones que avanzan en el despacho del magistrado Misael Rodríguez apuntan a que estos congresistas habrían emitido conceptos de operaciones de crédito público, a petición del ministro de Hacienda de entonces, Ricardo Bonilla, a cambio de una dádiva que se concretaría con proyectos de obra e interventoría que haría la UNGRD por un total de 92.000 millones de pesos.

En ese caso, el despacho cuenta con los interrogatorios que dieron en la Fiscalía el exdirector de la Unidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como las libretas y registros de conversaciones que tuvieron con otras personas. Ante la Corte, ellos dos guardaron silencio.

La Corte escuchó al asesor de Presidencia Jaime Ramírez Cobo y a la asesora de la UNGRD Diana Carolina Martínez Joya. También escuchó a José Roberto Acosta, Luz Stella Campillo Hernández, a Lady Nathalie Gómez y a Andrea Carolina Ramírez, del ministerio de Hacienda.

La asesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides guardó silencio ante la Sala, al igual que Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD. Además, se pidió la declaración jurada del presidente Gustavo Petro.

A este expediente, también llegaron trasladadas las declaraciones de la exconsejera de las regiones Sandra Ortiz; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Ellos declararon ante el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien investiga a Name y Calle.

¿Qué se ha obtenido en las inspecciones?

Igualmente, la Sala ha hecho varias inspecciones judiciales. Una a la UNGRD en la que se obtuvo el expediente contractual de algunos contratistas, las hojas de vida de funcionarios, los soportes de los convenios de los proyectos que habrían servido de dádivas para los seis congresistas, la desagregación del presupuesto de 2023, los registros de visitantes e información sobre proyectos y contratos.

También se hizo una inspección a la Fiduprevisora en donde se obtuvo información sobre proyectos y contratos y otra al Ministerio de Hacienda. Allí se obtuvo información sobre el expediente laboral de funcionarios de la Dirección de Crédito Público y asesores de la oficina de enlace con el Congreso, así como copia de respaldo de los perfiles de funcionarios y de sus correos.

En la inspección al Ministerio de Hacienda también se obtuvo copia de los registros de visitantes e ingresos a la entidad, actas y registros de las sesiones de la Comisión de Crédito Público en 2023, información de las operaciones de endeudamiento del año pasado; el back up del "perfil de usuario de un servidor en el ministerio y expedientes de los contratos que tuvo con la entidad", así como la agenda del entonces ministro Bonilla, el registro de ingreso de funcionarios de la entidad, el sistema de cámaras de seguridad y el plano topográfico del tercer piso de la entidad, en donde está el despacho del ministro y Oficina de Enlace Legislativo.

La Sala hizo una inspección al Departamento Administrativo de Presidencia y allí obtuvo registros de visitantes e ingresos a la entidad y copia de respaldo del correo institucional de algunos servidores. Hizo otra inspección al Congreso para obtener documentos relacionados con la representante Karen Astrith Manrique Olarte en diferentes dependencias y copia de los correos institucionales de los seis congresistas investigados.

Además, se hizo una inspección al proceso disciplinario que avanza en la Procuraduría.

Las peticiones de información

CAMBIO conoció que el despacho del magistrado Misael Rodríguez también solicitó al Congreso información sobre los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo de los seis investigados, así como registros de visitantes de determinadas personas.

Además, se le solicitó a las alcaldías de de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar y a las Gobernaciones de Córdoba, Arauca y Bolívar, en donde están ubicados los proyectos que habrían servido de coima, información de funcionarios y asesores y sobre situaciones de calamidad pública.

A la Registraduría se le pidieron los resultados electorales de los aforados a nivel nacional, departamental y en los municipios de relevancia y a la Fiscalía se le pidieron copias de imágenes forenses de dispositivos y equipos electrónicos que ha incautado, información de los proyectos de la UNGRD, informes de policía judicial de ubicación de celdas e interacciones de líneas, informes sobre las labores de obtención del equipo de cómputo de María Alejandra Benavides y copias de las declaraciones que ella dio a la Fiscalía.

Cabe señalar que en este expediente se han hecho perfiles de contratistas, perfiles de los congresistas y de sus relaciones con funcionarios de la UTL y análisis financiero de cada uno de ellos.; y se ha obtenido información de los celulares de Jaime Ramírez Cobo y de Andrea Carolina Ramírez Oliveros.

De los seis investigados, la única congresista que no guardó silencio en la indagatoria fue Liliana Esther Bitar Castilla quien respondió a las preguntas del magistrado y presentó documentos.

Los allanamientos

CAMBIO también conoció que se han hecho varios allanamientos a las casas de Jaime Ramírez Cobo, de María Alejandra Benavides Soto y de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, quien hacía parte de la oficina de enlace con el Congreso y el Ministerio de Hacienda.

De las evidencias electrónicas incautadas en los operativos, se emitieron órdenes para hacer exámenes forenses, entre otros.