Presunta extorsión al canciller Álvaro Leyva: Contraloría no encontró evidencias

El Reporte Coronell de este miércoles reveló que la Contraloría no encontró evidencias de la presunta extorsión al canciller suspendido, Álvaro Leyva Durán, ni del origen de los recursos para pagar los chantajes.

Según unos chats revelados por la revista Semana, un presunto extorsionista le prometió documentos sobre Thomas Greg al canciller, pero a cambio de 30 millones de pesos. Leyva aseguró que desde el principio expuso el caso ante la Fiscalía y el Gobierno y que efectuó el pago con autorización.

Pero, de acuerdo con El Reporte, las labores de Policía Judicial de la Contraloría determinaron que los 30 millones que habría pagado el canciller –para tener pruebas contra Thomas Greg y para ocultar que estaba comprando evidencias– no salieron de las arcas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Coronell tuvo acceso a un informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari). Según ese documento, los investigadores hablaron con el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, el ordenador del gasto de la entidad y quien le otorgó la licitación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons.

"El doctor Salazar recalca en la entrevista que no tiene conocimiento de los hechos y tampoco sabe si se realizaron pagos y mucho menos qué entidad los pudo haber hecho. Además, dijo que puede garantizar que en la Cancillería no se utilizaron recursos humanos ni financieros", dice el informe que reveló Daniel Coronell.

Esta investigación tuvo lugar por las declaraciones de Leyva frente al pago de la extorsión con cargo a gastos reservados, que son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes.

Sin embargo, estos gastos solo pueden ser aprobados por entidades que realicen esas actividades de inteligencia, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores no es una de ellas.

Por otra parte, el canciller aseveró que apenas tuvo conocimiento de la extorsión, les dio traslado a la Fiscalía y al Ejecutivo. "Llega un momento en el que participa Inteligencia del Estado y comienzo yo, naturalmente, a desarrollar todo lo que me va insinuando la propia Fiscalía, con el ánimo de establecer quién era el que estaba haciendo este chantaje", aseguró Leyva.

El Reporte consultó a dos fuentes de la Fiscalía que señalaron que esa entidad no insinúa, sino que toma control de toda la investigación. Además, esas fuentes aseguran que no es cierto que Leyva consultara previamente con el ente investigador la realización del depósito al extorsionista, sino que acudió a la Fiscalía cuando ya había efectuado el pago.

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Así las cosas, la información revelada por Coronell desmiente la versión de Leyva, cuando dijo: "No ha habido un solo paso que yo haya podido dar sin el conocimiento de la Fiscalía y las autoridades nacionales correspondientes".

Adicionalmente, El Reporte consultó a fuentes de la Policía que confirman que hay dos entidades en la Policía que pueden efectuar pagos con cargo a gastos reservados: la Dijín y el Gaula. Pero, ninguna de estas pagaron los 30 millones de pesos.

Daniel Coronell consultó al canciller suspendido, pero este no respondió ante las afirmaciones de las fuentes de la Fiscalía y la Policía.