El agujero negro de los gastos de precampaña: políticos y partidos gastan "a lo que da" y la norma no es clara

Era septiembre de 2021. Gustavo Petro era senador y estaba en medio de la precampaña por llegar a la Casa de Nariño. Ese día, en medio de una calurosa jornada, el hoy presidente convocó a cientos de personas en la Plaza de la Paz en Barranquilla. Luego de raperos, champeteros y cumbiamberos, Petro se subió a la tarima en forma de 'P' e invitó a esa ciudadanía sedienta de cambio a votar por él.

“Estamos proponiendo cambiar el camino. El cambio, no seguir así y no permitir que se destruya la posibilidad seria de construir una nación pacífica, próspera, justa y democrática”, dijo el entonces candidato en medio de cientos de personas.

Petro ganó y, más allá de las promesas que hizo ese día –que, para muchos, sigue sin cumplir–, por ese evento el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación por presunta publicidad extemporánea. Esto, porque la convocatoria se hizo antes del inicio formal de la campaña y antes de que Petro fuese oficialmente candidato presidencial. Esa indagación, que fue archivada, pone sobre la mesa un debate que se reactiva hoy, con los multitudinarios eventos que convoca Miguel Uribe, uno de los precandidatos del Centro Democrático, y Vicky Dávila, la llamada ‘outsider’ de esta contienda. ¿Se deben regular y reportar los gastos que se hacen antes del periodo oficial de campaña presidencial?

Los eventos de Uribe, Dávila y los recorridos de Sergio Fajardo y Claudia López 

Como Petro, hoy tenemos el ejemplo de Miguel Uribe Turbay, uno de los cinco precandidatos del Centro Democrático. Él, por ejemplo, se ha movido en diferentes regiones con eventos que tiene producciones de gran calado y con costos significativos. Que, entre otras cosas, tienen incómodos a sus compañeros de partido. 

En diálogo con CAMBIO, el mismo senador reconoció que vienen invirtiendo recursos en esos eventos y en publicidad digital “para dar a conocer la plataforma ‘Voluntarios X Colombia’. Esto, con el fin de organizar a los ciudadanos para que se pueda defender el voto de cara a las elecciones de 2026”. Si bien él no habló sobre los gastos puntuales, medios como La Silla Vacía señalan que Uribe se estaría gastando 100 millones de pesos mensuales. 

Él dice que son recursos familiares e insistió en que ningún empresario está donando recursos a su campaña. Afirmación que no creen sus compañeros de contienda, porque dicen que “es evidente” que algunos ‘cacaos’ lo están apoyando. 

Vicky Dávila, antes periodista y quien se vende como la candidata que no tiene el respaldo de ningún partido, ha gastado más de 17 millones de pesos solo en publicidad en Facebook e Instagram. Recursos que se han invertido en anuncios entre enero y mayo de 2025. Esto, según se puede ver directamente en la biblioteca de anuncios de Meta. Todo eso en medio de la precampaña. 

En medio de esas movidas anticipadas de cara a 2026, también hemos visto a figuras como Sergio Fajardo y Claudia López, quienes han recorrido el país y han participado en encuentros universitarios y en fiestas regionales. Hace nada vimos videos de López bailando en el Festival Vallenato, en Valledupar. Mientras, Fajardo recorría la Feria del Libro de Bogotá (FILBo). 

Todos esos episodios, aunque algunos de ellos no hayan anunciado oficialmente sus candidaturas, implican convocatorias y gastos de precampaña, de alguna manera. Entonces, son recursos que no están regulados y que no tendrían que reportarse. 

“¿Sergio Fajardo está en campaña o no? Técnicamente no, pero está recorriendo todo el país. Eso es un acto de precampaña. En otros países eso está regulado. En el nuestro no. Los actos de precampaña pueden ser decisivos para posicionar a un determinado candidato en la opinión pública. Porque es la utilización de redes sociales, bodegas y todos los medios digitales, que escapan a un control eficaz por parte de la autoridad electoral”, explicó un exmagistrado del CNE que prefirió no ser citado por su nombre. 

Es, entonces, una realidad que el periodo de precampaña no existe en las normas, porque la Ley 1475 de 2011 y la 996 de 2005, que son las que regulan los periodos de campaña al Congreso y a la Presidencia, solo cuentan el periodo oficial. En teoría, debe arrancar cuatro meses antes de las elecciones. Es decir, quienes quieran aspirar al Congreso podrán empezar la campaña oficialmente a partir de noviembre de 2025 y quienes aspiren a la Presidencia podrían comenzar la campaña oficialmente a partir de enero de 2026. 

Desde ese momento es que podrán verse vallas en las distintas ciudades y se escucharán jingles políticos en las emisoras nacionales. Pero, más allá de las normas, la realidad es que desde inicios de este 2025 hemos visto a los precandidatos moviéndose en las distintas regiones del país. Una práctica que es ilegal. Sin embargo, sí genera problemas para la democracia electoral. ¿Por qué? 

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Los problemas por la “no regulación”: ¿de dónde provienen los recursos y qué pasa con esto? 

Para expertos en derecho electoral y en derecho constitucional, al no tener la regulación de las precampañas, como en otros países, se “distorsionan las elecciones”, como dijo Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). 

Esto, porque los precandidatos no tienen la obligación de decir cuánto se gastan, de dónde provienen esos recursos y si alguna empresa donó a la campaña y puede terminar afectando sus decisiones en una eventual victoria. “Esto es muy importante, porque es ver quiénes y con qué interés están financiando una campaña. Primero, porque una campaña a la Presidencia no puede ser financiada por una persona jurídica, solo se acepta financiación de personas naturales para no comprometer la independencia de los candidatos”, explicó Barrios, que lleva años estudiando este tipo de escenarios en el país. 

Barrios agrega que hay un “problema adicional” en el caso de los candidatos presidenciales. “La Ley 996, que es la Ley de Garantías, establece que para el candidato presidente, cuando estaba la reelección, tenía que dar la información de todos los gastos que tenía cuatro meses antes. Pero no dice exactamente lo mismo para los otros candidatos”, explicó. Ahora, en Colombia no hay reelección, pero esa norma sigue igual. Es decir, el vacío es mucho mayor. Esto, porque no hay claridad directa de en qué momento arranca la campaña de manera oficial. 

Eso es justo lo que argumentaron quienes estaban a favor de archivar la indagación que adelantaba el CNE en contra de la campaña del presidente Petro por la 'P' de Barranquilla. En otras palabras, ellos dejaron claro que fue un evento de precampaña y que no tenían que reportar esos gastos. 

En palabras de un exmagistrado del CNE, “hay una completa ambigüedad en definir en qué momento empieza la campaña, qué son actos de precampaña, qué se debe reportar, etcétera, y eso genera un desequilibrio en la competencia electoral y deja un camino poco transparente frente al origen de los recursos y los patrocinadores”.  

Esa misma opinión tiene Alfonso Portela, exregistrador y experto en derecho electoral, quien agrega que es el CNE el que debe ponerse al frente y llamar al orden a los precandidatos e investigar qué está pasando con esos recursos. 

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Alfredo Beltrán Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, tiene una postura diferente. Él, por ejemplo, no cree que se deba regular la precampaña. Esto, porque son actos que se pueden investigar en otras instancias. Por ejemplo, que se les cuestione a esos ciudadanos por el origen de sus recursos, los financiadores, entre otros. “Pero, anticipadamente, no puede extender la regulación de la campaña a la precampaña. Son distintas y jurídicamente diferentes”, detalló. 

Así las cosas, Portela y Barrios consideran que aquí es importante que el CNE se fortalezca, para tener las armas necesarias y así investigar lo que hacen los candidatos.