¿Quién los tiene? 19.000 millones de pesos no aparecen en las cuentas públicas de Cartagena

Son más de 19.000 millones de pesos los que faltan en las cuentas de la Alcaldía de Cartagena desde hace cuatro años. La millonaria cifra corresponde a un centenar de títulos judiciales que fueron cobrados en efectivo por dos abogados autorizados por el exjefe de la oficina jurídica del Distrito. Al sol de hoy, la plata sigue perdida.

Cartagena es una de las ciudades con mayor inestabilidad política de Colombia. Desde 2018 ha tenido cuatro alcaldes distintos, por las sanciones y destituciones de los órganos de control. Incluso, el actual alcalde, William Dau, tiene una pelea cazada con la Procuraduría, que lo suspendió del cargo por cuatro meses hace poco.

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Uno de los funcionarios que logró sostenerse, a pesar de los cambios de mando durante los cuatro años de la administración anterior, fue el jefe de la oficina jurídica, Jorge Camilo Carrillo Padrón. El abogado fue nombrado el 15 de mayo de 2018 por el entonces alcalde Antonio Quinto Guerra. Diez días después, el Tribunal de Bolívar anuló la elección de Guerra porque fue contratista de la Gobernación de Bolívar y del Ministerio de Vivienda menos de un año antes de las elecciones.

Por esa razón, Carillo Padrón fue posesionado por Yolanda Wong, quien fungió como alcaldesa encargada entre junio de 2018 y septiembre de ese mismo año. Luego, el 30 de diciembre de 2019, a un día de finalizar el periodo de alcaldes en Colombia, a Carrillo le fue aceptada la renuncia por parte de otro alcalde, Pedrito Pereira Caballero, quien estuvo a cargo entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019 por decisión del entonces presidente Iván Duque.

Pereira trabajó de cerca con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien le asignaron la tarea de ser la veedora de la alcaldía encargada de Cartagena por esa época. En total, el jefe de la oficina jurídica tuvo tres jefes distintos durante los tres años que trabajó en la Alcaldía de Cartagena.

En el momento de posesionarse, el abogado Carrillo venía de trabajar durante ocho años en varias entidades del Estado, como ICBF, Fonade, Ministerio de Vivienda e Invías. Después de su salida de la Alcaldía de Cartagena, no hay registro de que se haya vinculado a otra entidad pública.

¿Cómo se perdieron los 19.000 millones de pesos?

Según la denuncia conocida por CAMBIO, entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 Jorge Camilo Carrillo Padrón le otorgó poder a dos abogados –Jorge Adib Blell Cervantes y Analicia Martelo Del Río– para representar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Además, Carrillo les solicitó a los distintos juzgados civiles de la ciudad autorizar el pago de 122 títulos judiciales a estos dos litigantes, a nombre del distrito. El valor de los títulos sumaba 19.000 millones de pesos.

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Un título judicial es un documento que representa una suma de dinero, el cual puede pagarse a un beneficiario por parte de un deudor si un juez lo determina de esa manera. Incluso, la decisión judicial también puede ser dividir el título en dos partes, para que sea pagado al demandante y al demandado. Por ejemplo, cuando en un pleito judicial se embargan las cuentas de una persona natural o jurídica, ese dinero pasa a ser representado a través de un documento que se llama título judicial. La única entidad autorizada en Colombia para custodiar ese dinero es el Banco Agrario. Un juez decidirá si ese título fruto del embargo se paga a favor de quien demanda, de quien es demandado o a los dos.

En este caso, los cobros de los 122 títulos los hicieron los mencionados abogados, autorizados por Carillo Padrón, jefe de la oficina jurídica de la entidad pública, actuando como apoderados del Distrito.

Blell Cervantes cobró 10.812 millones de pesos; Martelo del Río, 9.095 millones de pesos. Ambas cifras fueron cobradas como lo indicó el mismo Banco Agrario en un oficio del 27 de junio de 2023.

En el anexo del Banco Agrario, al que tuvo acceso CAMBIO, se especifican uno a uno los títulos judiciales pagados a los abogados Jorge Adib Blell y Analicia Martelo. Además, se señala que todos fueron "cobrados en efectivo".  Por ejemplo, uno de los casos registrados en el informe es el cobro de un depósito judicial por 113 millones de pesos por la abogada Martelo, fruto de un pleito entre el distrito de Cartagena y la Clínica Blas de Lezo. El Juzgado Civil 5 de esa ciudad ordenó el pago del depósito judicial por ese valor a la abogada, pues era la apoderada de la alcaldía por ese entonces. Así consta en el registro de actuaciones del caso:

Lo inquietante también es que ni Blell, ni Martelo del Río aparecen como contratistas de la Alcaldía de Cartagena en el Secop desde 2017 hasta la fecha. El único contrato encontrado es de la abogada Martelo con la Alcaldía de Turbaco entre enero y junio de 2019 para representar a ese municipio en procesos judiciales.

En otro de los procesos, la decisión del mismo juzgado fue la de fraccionar un título judicial por 925 millones de pesos en 2 partes: 662 millones para el demandante, que en este caso fue la empresa Promoambiental del Caribe S.A.S, y 242 millones de pesos para el Distrito de Cartagena, dinero que fue cobrado por la abogada Analicia Martelo, según indicó el Banco Agrario.

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El problema es que, según la administración actual de William Dau, los 19.000 millones de pesos correspondientes a los 122 títulos judiciales no entraron al fondo de recuperación de títulos que tiene la Alcaldía de Cartagena en Fiduprevisora, entidad mixta adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de administrar los recursos de varias entidades públicas. Así consta en la respuesta que le dio esa entidad a la tesorera de Cartagena el pasado 9 de junio. 

Los hallazgos motivaron a que la administración actual de la capital de Bolívar instaurara una denuncia penal el pasado 12 de julio, en contra de los abogados Jorge Carrillo, Analicia Martelo y Jorge Adib Blell, acusándolos de presuntamente haber incurrido en el delito de peculado por apropiación agravado, es decir, quedarse con plata del Estado de forma indebida. La Alcaldía de Cartagena le pidió también a la Fiscalía hacer un estudio de los tres juristas y su núcleo familiar para determinar si su patrimonio ha crecido injustificadamente en los últimos años.

CAMBIO intentó comunicarse con los tres abogados denunciados por la Alcaldía de Cartagena pero solo obtuvo respuesta de Jorge Adib Blell. El jurista manifestó que "no tuvo nada que ver en eso" y que "nunca representó a la Alcaldía de Cartagena". Hizo énfasis en que no cobró ningún dinero y atribuyó la denuncia a un "ataque político" en contra de su familia.

Consultado sobre las razones por las que su firma y cédula aparecen adjuntados a los recibos de cobro de los títulos judiciales, Blell manifestó no tener conocimiento de lo sucedido y agregó que "seguramente hubo una irregularidad". También dijo conocer a Jorge Carrillo Padrón porque "Cartagena es una ciudad muy pequeña" y sobre la abogada Analicia Martelo indicó que ha coincidido con ella en ocasiones por su trabajo también como litigante.

Lo curioso es que el número de teléfono en el que CAMBIO contactó a Blell es el mismo que aparece como dato de contacto en la documentación presentada para cobrar el dinero.