
La ‘fábrica de problemas' para el Gobierno de Gustavo Petro que estudiará las demandas contra el decreto de la consulta
- Noticia relacionada:
- Gustavo Petro
- Consulta popular
Se trata de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que tendrá en sus manos buena parte del futuro jurídico del decreto presidencial que convoca a la consulta popular. Allí se han caído curules del Pacto Histórico, mandatarios locales y hasta nombramientos diplomáticos.
Por: Andrés Mateo Muñoz

A decreto firmado, decreto demandado. No pasaron ni tres horas después del anuncio de la convocatoria a la consulta popular que hizo el presidente Petro vía 'decretazo' y ya ocho partidos políticos demandaron el acto jurídico ante el Consejo de Estado.
Lo mismo hizo el candidato David Luna, quien aseguró que la decisión de Petro fue un "atentado a la democracia". Ahora, la responsabilidad de estudiar y fallar sobre la controversia jurídica será la Sección Quinta de ese tribunal, uno de los peajes más costosos e implacables para el Gobierno de Gustavo Petro.
Como era previsible, el decreto de la consulta popular generó tanto críticas como demandas, las cuales han sido radicadas en el Consejo de Estado. Esto, a pesar de la insistencia del Gobierno en que es la Corte Constitucional la que debe hacer un control posterior al decreto, es decir, probablemente después de que los colombianos vayan a las urnas. Pero más allá del debate jurídico, lo cierto es que los antecedentes más próximos al contexto actual marcan un camino probable para la revisión del decreto.
En 2018, por ejemplo, el decreto de la consulta anticorrupción fue demandado por el abogado Yefferson Dueñas. Sí, el mismo que asesoró al Gobierno de Gustavo Petro a redactar el documento de la discordia. En ese entonces, Dueñas radicó su escrito en la Sección Primera, que generalmente se encarga de conocer asuntos relacionados con actos administrativos por autoridades del orden nacional, entre ellos los decretos presidenciales.
Sin embargo, el Consejo de Estado asignó la demanda a la Sección Quinta, al considerar que se trataba de un asunto electoral:
frase-destacada
"El decreto acusado tiene la naturaleza de acto de contenido electoral, razón por la que, en virtud del artículo 13 del mencionado Acuerdo 58 de 1999, el conocimiento del proceso de la referencia le corresponde a la Sección Quinta de esta Corporación”, fue el pronunciamiento del tribunal en ese momento.
Allí se produjo otro problema. Los magistrados a quienes les fue asignado el estudio de la demanda se declararon impedidos, pues una de las preguntas de la consulta anticorrupción tenía que ver con los salarios de altos funcionarios del Estado, como lo eran ellos. Al ser aplicable esta argumentación para todos los magistrados de todas las secciones, se tuvo que recurrir a conjueces para resolver los impedimentos. Esto demoró aún más el fallo, que terminó saliendo cuando la consulta anticorrupción ya se había hecho.
En el caso de las demandas al 'decretazo' del presidente Petro, es clave saber cuándo se pronunciará la Sección Quinta y si declarará medidas cautelares para frenar el acto administrativo mientras se estudia. Si los magistrados de esa sala deciden declararse impedidos porque creen que alguna de las preguntas sobre de la consulta los involucra, habrá otro proceso engorroso que dilataría la decisión. Sin embargo, todavía no es claro si ello sucederá. Va a depender de qué tan delgado hilen los togados y si alguien decide recusarlos por situaciones tan rebuscadas como tener familiares empleadores.
La Sección Quinta: un campo minado para el petrismo
Esta sala la integran cuatro magistrados: Pedro Pablo Vanegas, Luis Alberto Álvarez, Omar Joaquín Barreto y Gloria María Gómez. Entre 2022 y 2025, de allí han salido varias decisiones con fuertes consecuencias para el petrismo.
En los últimos dos años y medio, esa sección anuló por doble militancia las elecciones como congresistas de Roy Barreras (ponencia del magistrado Vanegas), Alexander López y César Pachón (las dos últimas con ponencia del magistrado Álvarez). Además, anuló la elección de María José Pizarro como segunda vicepresidencia del Senado para la legislatura 2023-2024.
La Sección Quinta también tumbó la personería jurídica de Soy Porque Somos, el partido de Francia Márquez; Fuerza Ciudadana, la colectividad de Carlos Caicedo; Independientes, de Daniel Quintero; y Todos Somos Colombia, el movimiento de Clara López. Sin embargo, esa sala ha tomado la misma decisión con otras fuerzas políticas distantes al petrismo, como Nueva Fuerza Democrática, del expresidente Andrés Pastrana, y Creemos, de Federico Gutiérrez.
En el caso de cargos diplomáticos el panorama ha sido el mismo. En agosto de 2024, esa sala tumbó el nombramiento de Moisés Ninco Daza como embajador en México por no cumplir con los requisitos para el cargo. Algo similar ocurrió con el cónsul Andrés Hernández, quien finalmente renunció en marzo de 2025 cuando fue notificado de una medida cautelar que obligaba a suspenderlo del cargo.
Además, en el último año se han anulado seis designaciones diplomáticas del Gobierno de Gustavo Petro: Juan Pablo Castro Morales como consejero en Francia, María Soledad Garzón como cónsul en Cancún, Claudia Gutiérrez como consejera en Argentina, Germán Gómez como cónsul en Buenos Aires, Adriana de Francisco Baquero como cónsul en Miami y Luis Eduardo de la Hoz, como asesor en Montevideo.
También se han tomado decisiones sobre mandatarios elegidos en 2023: se anuló la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena y de José Luis Bohórquez como alcalde de Duitama.
El mismo presidente Petro ha criticado en varias ocasiones las decisiones que ha tomado el Consejo de Estado, al púnto de que incluso las ha relacionado con su teoría del 'golpe blando'. Estos pronunciamientos reiterados generaron un pronunciamiento de esa corporación en diciembre pasado rechazando los señalamientos.
frase-destacada
"La corporación rechaza categóricamente las afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular", dijo el Consejo de Estado.
La postura parece ser la misma en la coyuntura del 'decretazo'. El Gobierno insiste e insistirá en que la última palabra la tiene la Corte Constitucional, por lo que es previsible que, si el Consejo de Estado llegase a decretar medidas cautelares, estas no sean acatadas por el Ejecutivo.
