"Todavía hay mucho dinero ahí": David Murcia entra al proceso de liquidación de sus empresas

Hace apenas dos semanas, David Murcia Guzmán, el líder de la captadora DMG, concedió a CAMBIO su primera entrevista tras quince años de silencio. Murcia paga una condena por captación masiva y lavado de activos en la cárcel “La Tramacúa” de Valledupar, aseguró que decidió hablar, tras años de intimidaciones y constreñimientos.

Murcia lanzó duras críticas al proceso de liquidación: “¿Cómo es posible que lleven 15 años liquidando una empresa? ¿En qué cabeza cabe una cosa de esas?”, se preguntó, y agregó que se hizo parte del proceso porque tiene la intención de reparar a los afectados. “Yo revisaría todo lo que tienen en la liquidación porque, si han pasado 15 años y no se ha liquidado la empresa, eso quiere decir que todavía hay mucho dinero ahí. Me gustaría primero revisar qué es lo que se tiene y, dentro de la memoria que tengo yo y revisando algunos documentos de la liquidación, revisar lo que haga falta”.

La intención de Murcia de constituirse como parte en el proceso de liquidación se materializó esta semana a través de un memorial enviado por su abogado a la Superintendencia de Sociedades. Murcia será representado por el abogado Santiago Morales, quien le contó a CAMBIO cuáles son las pretensiones de su representado. 

CAMBIO: ¿Qué implica que David Murcia se constituya en parte del proceso de liquidación?

Santiago Morales: En 2008, la Superintendencia de Sociedades, suplantando las funciones de la Superintendencia Financiera, elaboró en cuestión de minutos un acto administrativo en el que se declaró que había captación ilegal en DMG. Eso hizo que decenas de patrimonios de otras sociedades y de personas naturales fueran vinculadas a la liquidación. Cuando una empresa es intervenida, las personas a cargo de la misma tienen la posibilidad de hacer acuerdos con sus acreedores para solucionar el problema de manera ágil y que la afectación en materia patrimonial sea la menor posible. Eso no pasó en DMG. Como el proceso de liquidación sigue abierto, David Murcia podrá participar y revisar una serie de actos, actos tan importantes como la masa de activos y definir lo que está bien, lo que falta y lo que sobra.

CAMBIO: ¿A qué se refiere usted cuando dice: lo que está bien, lo que falta y lo que sobra?

S.M.: Lo que está bien es obvio. Es cuando se reconoce físicamente y jurídicamente que un activo hace parte de las sociedades vinculadas a DMG. Lo que hace falta tiene que ver con activos que no están en la liquidación, de lo cual tenemos indicios. Se trata de bienes que habrían sido adquiridos con recursos de las sociedades intervenidas y esto sería supremamente grave porque finalmente es dinero que le pertenece a los acreedores. Y lo que sobra son casos como el de un famoso lote en la Autopista Norte. A pesar de que varias sentencias, tanto en lo judicial como en lo administrativo, han demostrado que no pertenece a la liquidación, la liquidadora María Mercedes Perry, en concurso con la juez Ángela María Echeverri, ha insistido en incluirlo en la misma.

CAMBIO: La liquidadora ha dicho que es falso que a David Murcia se le haya negado la posibilidad de colaborar en el proceso de intervención mediante el ofrecimiento de un plan de desmonte.

S.M.: Eso me parece inhumano y cruel porque, tal y como el señor Murcia le expresó a CAMBIO, en su detención no hubo orden de captura ni solicitud de extradición. Él fue secuestrado y desde ese momento se le comenzaron a violar todos sus derechos, no solo los humanos, como la libertad y la honra, sino también todos sus derechos procesales. A Murcia le taparon la boca y fue extraditado a Estados Unidos, no veo cómo se le pueda decir ahora que nunca participó, cuando estuvo confinado en una cárcel en los Estados Unidos. Murcia aparece muy tarde, eso es cierto, pero solo aparece ahora porque solo ahora cuenta con garantías en lo penal. También porque gracias al cambio de gobierno existe la posibilidad de revisar un sistema corrupto de liquidación de sociedades instaurado en el país desde 2008. 

CAMBIO: Usted ha sido representante de las víctimas de DMG y ahora representa a Murcia. ¿No hay ahí una contradicción?

S.M: Yo soy el representante legal de una sociedad que se llama "Víctimas de la liquidación de DMG", que fue creada por iniciativa de las víctimas. Desde ahí se han instaurado demandas por los dineros que se han perdido en el proceso de liquidación, entre ellos los dineros mal gastados en defender bienes que no son de la masa, como el lote de la Autopista Norte. Con respecto a ese lote, ya se presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Bogotá y fue admitida. Por cierto, en la contestación, la Superintendencia de Sociedades pidió que se llamara en garantía a la liquidadora María Mercedes Perry. Entonces lo uno no riñe con lo otro, estoy en una jurisdicción representando intereses de víctimas y a la vez estoy entrando en otra jurisdicción, la de insolvencia, en calidad de apoderado de David Murcia, lo cual no representa conflictos. 

Los coletazos de la entrevista de David Murcia

En la entrevista concedida a CAMBIO, David Murcia fue enfático en criticar tanto el proceso de liquidación como el papel de sus abogados en el momento de su detención.

A través de una comunicación, la liquidadora María Mercedes Perry respondió a los señalamientos de Murcia, los cuales calificó como mentirosos y malintencionados.

Perry aseguró que era falso que los dineros embargados y secuestrados a DMG y demás empresas del grupo fueran suficientes para responder a los reclamantes. También dijo que era falso que no hubiese rendido cuentas de su gestión y manifestó que la demora en el proceso de liquidación ha radicado en que los bienes no figuraban a nombre de Murcia ni de sus sociedades, sino a nombre de terceros.

Perry se refirió al famoso lote de la Autopista Norte. Dijo que DMG habría pagado 23.000 millones de pesos por ese lote a sus propietarios (la firma Colbank y la familia López Piñeros) y que ellos se rehusaron a firmar la escritura pública de venta. Agregó que en este caso el abogado Morales estaría actuando en contravía de los intereses de los afectados al manifestar que el inmueble no hace parte de los bienes de la liquidación. La liquidadora aseguró que tanto la Fiscalía como la Superintendencia de Sociedades han reiterado que el lote pertenece a las víctimas de DMG y  que la controversia jurídica alrededor del mismo ha impedido el cierre definitivo de la liquidación.

A su vez, el abogado Roberto Charris, apoderado de la sociedad Colbank, envió una réplica por las declaraciones de la liquidadora. Negó que sus representados hubiesen recibido dineros de DMG por dicho lote y dijo que lo que había existido era una promesa de compraventa entre particulares (los señores Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia) y que estos, a su vez, hicieron una cesión “fraudulenta” de dicha promesa de compraventa a DMG. Esta cesión se habría hecho a pesar de que existía una cláusula que prohibía la transacción. Charris manifestó que no se firmaron escrituras porque el negocio no se llevó a cabo y, por lo mismo, la Superintendencia de Notariado se negó a traspasar dicho lote a nombre de DMG.

Las sospechas sobre Supersociedades

El abogado Santiago Morales también representa a víctimas en otros procesos de liquidación que se adelantan en la Supersociedades. Aseguró que en la entidad existe un panorama cuestionable porque los jueces de dicha entidad son nombrados sin ningún tipo de concurso. También señaló que en los procesos que se adelantan en dicha entidad no existe revisión de procesos en segunda instancia. Con respecto a los liquidadores, dijo que a pesar de que existe un proceso de selección estricto, hay casos de liquidadores nombrados a dedo. Aseguró que en algunos de estos casos no hay actas del comité que decide dichos nombramientos y que también existen presuntas falsedades. 

CAMBIO conoció que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tiene los ojos puestos en varios procesos de liquidación de la Supersociedades. Recientemente dicha entidad dio a conocer que 4.000 hectáreas que habían sido decomisadas a la mafia desaparecieron durante la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, proceso que estuvo a cargo de María Mercedes Perry. Por este mismo proceso la Procuraduría elevó pliego de cargos en contra de la liquidadora.