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Hasta el último día de gestión: Gustavo Petro arremetió contra la procuradora por caso del muelle 13 en Buenaventura
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Margarita Cabello finaliza su periodo al frente de la Procuraduría este 15 de enero, un mandato caracterizado por tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro. La más reciente crítica del presidente estuvo relacionada con el muelle 13 de Buenaventura.
Por: Carolina Calero

El periodo de Margarita Cabello frente a la Procuraduría General de la Nación estuvo caracterizado por tensiones constantes con el presidente Petro, quien manifestó reiteradas discrepancias con el ente de control. Hasta el final de su gestión, la funcionaria fue objeto de críticas por parte del jefe de Estado.
La más reciente controversia surgió a raíz de una solicitud de la Procuraduría el pasado 14 de enero a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en la que pidió levantar la suspensión preventiva de las operaciones del muelle 13 en Buenaventura, considerado uno de los puntos clave del puerto vallecaucano.
Ante la petición de la Procuraduría, Gustavo Petro expresó su inconformidad y acusó a Margarita Cabello de respaldar un contrato que calificó como "leonino y corrupto". Según el mandatario, la intención de la saliente procuradora sería favorecer a personas cercanas al expresidente Iván Duque, sin exigirles los requisitos ambientales correspondientes.
"Una procuradora por sostener un contrato leonino y corrupto, busca que la toxoplasmosis se expanda en las mujeres, porque no quiere que se le pongan requerimientos ambientales a los amigos de Duque que usan un bien público irregularmente", manifestó el presidente.
En su pronunciamiento, Petro aclaró que en el muelle 13 no existe actualmente un contrato de concesión, sino un contrato de homologación que estaría a cargo de la Armada Nacional.
"La Armada tiene un contrato de arrendamiento con el amigo de Duque que está supeditado a las normas ambientales. Si no cumple, la Armada será responsable ante el Estado", afirmó el mandatario.
El presidente también denunció que, durante el gobierno de Duque, se permitió que en el muelle 13 se acumularan "montañas de carbón al aire, afectando los pulmones de miles de bonaverenses". Además, señaló que las instalaciones del muelle sufrieron un grave deterioro y que toneladas de granos destinados al consumo humano quedaron expuestas a palomas y ratas, lo que derivó en una pérdida significativa de alimentos.

El jefe de Estado insistió en que el arrendatario del muelle 13 no posee los derechos propios de un concesionario y que está obligado a tramitar una licencia ambiental, tal como se exige a cualquier operador portuario.
En relación con la suspensión de las actividades en el muelle, Petro afirmó que el contrato de homologación debió finalizar el pasado 3 de enero, por orden del propio presidente de la república, ya que dicho contrato había llegado a su término.
El jefe de Estado también pidió a la Procuraduría investigar por qué la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) extendió el contrato de homologación por tres meses y por qué la Armada amplió el contrato de arrendamiento por el mismo periodo, pese a la directriz presidencial de entregarlo a asociaciones de pescadores de Buenaventura y del Pacífico colombiano.
¿Cuál es el pleito con de Gustavo Petro el muelle 13?
Hace un año, CAMBIO reveló un conflicto entre el Gobierno y Ventura Group por el contrato del muelle 13 en Buenaventura. Lo que comenzó como una diferencia sobre una decisión administrativa escaló hasta convertirse en un pleito con demandas y graves acusaciones.
La controversia se originó en diciembre de 2023, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobó la prórroga del contrato de concesión del muelle por 20 años más, hasta 2045. Sin embargo, días después, el entonces ministro de Transporte, William Camargo, ordenó revocar esa decisión argumentando afectaciones ambientales. Ventura Group presentó una demanda contra esa revocatoria, logrando que un fallo judicial respaldara la validez de la prórroga.
Aunque en ese momento parecía que la empresa mantenía el control del muelle, a inicios de 2025 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió la operación, argumentando que el operador no contaba con un adecuado plan de manejo ambiental. Esto reavivó la disputa entre ambas partes.
La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, publicó en redes sociales imágenes de presuntos daños ambientales que pondrían en riesgo la salud pública. Por su parte, el abogado de Ventura Group, Luis Felipe Henao, difundió fotos que mostraban otra realidad, intensificando el conflicto y dejando en evidencia que ambas partes aseguran tener la razón sobre la situación ambiental del puerto
El prontuario de choques entre la Procuraduría y el Gobierno de Petro

Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, la Procuraduría ha estado involucrada en varios casos que han generado polémica y tensiones con el mandatario. Uno de esos episodios fue la destitución de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México, una decisión que el presidente criticó al considerar que la actuación del ente de control causó "mucho daño".
Petro acusó a la procuradora Cabello de favorecer una visión conservadora en la diplomacia, al oponerse a la designación de Ninco Daza, un joven diplomático.
Otro caso relevante fue el desacato de un fallo judicial relacionado con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente realizar nombramientos en esa entidad, pero esto no ocurrió dentro del plazo establecido, lo que generó más tensiones.

La Procuraduría también tomó medidas contra figuras cercanas al Gobierno, como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue sancionado por participación en política. Esta decisión aumentó los roces entre el Ejecutivo y el ente de control.
Además, el exministro Álvaro Leyva fue sancionado por su implicación en el escándalo de la licitación de pasaportes, otro caso que sumó fricciones con la Procuraduría.
Por su parte, Margarita Cabello ha rechazado las acusaciones del presidente y ha dicho que su despacho tenía el deber de investigar y vigilar las acciones de cualquier administración.
