Primicia: gobierno De la Espriella le pondrá freno a la transición al nuevo Sisbén

El ambicioso cambio en la forma de identificar a los colombianos que pueden acceder a subsidios y programas sociales tendrá que esperar. El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un decreto para extender hasta el 31 de julio de 2027 la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), el nuevo mecanismo con el que pretende definir quiénes son los beneficiarios de la oferta social del Estado.

La decisión aparece en un proyecto de decreto elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El documento revela que, apenas comenzó la implementación del RUI, el nuevo sistema halló un problema que terminó siendo determinante: en agosto se recibieron más de 112.000 peticiones de ciudadanos inconformes con la clasificación socioeconómica que les fue asignada. De hecho, hasta la clasificación del presidente De la Espriella tuvo errores. Como lo reportó CAMBIO la semana pasada, el mandatario pasó de estar en clasificación "vulnerable" a "no pobre" en un solo día.

La cifra contrasta de manera drástica con el comportamiento que tenía el Sisbén. En 2024 se recibieron 42.407 peticiones; en 2025 fueron 11.213 y, hasta julio de este año, se habían contabilizado 11.756. Es decir, solo en agosto las reclamaciones contra la nueva clasificación fueron casi diez veces las registradas durante todo 2025.

El propio DNP reconoce que ese volumen de solicitudes y reclamaciones evidencia una preocupación generalizada entre beneficiarios y potenciales beneficiarios. También admite que se necesita más tiempo para fortalecer, validar, optimizar y calibrar los algoritmos y modelos técnicos de estimación del RUI, con el propósito de corregir posibles fallas metodológicas y evitar errores que terminen incluyendo o excluyendo injustificadamente a hogares de los programas sociales.

La transformación frenada

El RUI fue creado por el artículo 70 del Plan Nacional de Desarrollo de 2023 como el instrumento destinado a determinar la focalización de subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social del Estado. La ley estableció una transición y dejó en manos del Gobierno la definición del momento en que el nuevo registro se convertiría en el único instrumento de focalización.

En 2024, el gobierno Petro reglamentó el proceso de transición del Sisbén hacia el RUI. Inicialmente, la información del nuevo registro debía comenzar a utilizarse para el diseño, focalización, seguimiento y evaluación de los programas sociales desde el segundo trimestre de 2026.

Pero el cronograma fue modificado en junio de este año. Mediante el Decreto 662 de 2026 se estableció que las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas comenzarían a transitar al RUI como único instrumento de focalización desde el primero de agosto. Para quienes ya habían sido identificados o focalizados mediante el Sisbén al 31 de julio, se estableció un periodo de transición hasta el 31 de octubre.

Ahora el Gobierno pretende volver a modificar ese calendario. El borrador de decreto establece que el proceso de transición de los beneficiarios y potenciales beneficiarios identificados mediante el Sisbén podrá extenderse hasta el 31 de julio de 2027.

Además, mientras dure ese periodo, las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones públicas continuarán utilizando la información del Sisbén para el reconocimiento y formulación de subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.

En suma, el Gobierno no pretende eliminar el RUI sino ampliar el periodo en el que ambos sistemas convivirán, manteniendo al Sisbén como herramienta para la atención de los actuales beneficiarios mientras se corrigen y ajustan las piezas del nuevo modelo.

El problema de los algoritmos

Según los documentos que acompañan al borrador de decreto, durante los primeros meses de despliegue del RUI pueden presentarse variaciones y volatilidad en las clasificaciones socioeconómicas debido a la naturaleza fluctuante de los ingresos de los hogares, así como a la informalidad y estacionalidad que caracterizan buena parte de los ingresos en Colombia.

Por eso, dice el DNP, las entidades necesitan tiempo para analizar el comportamiento de los datos, estabilizar su lectura y diseñar reglas de focalización más robustas. El objetivo también es reducir riesgos fiscales, operativos y eventuales responsabilidades para los funcionarios encargados de asignar recursos públicos.

Una clasificación equivocada pueda tener consecuencias concretas: que un hogar sea considerado demasiado rico para recibir una ayuda que antes recibía, o que una persona que necesita un programa quede por fuera de la población objetivo.

El factor terremoto

Además de lo anterior, el gobierno De la Espriella suma al terremoto como otra razón para justificar el aplazamiento. El proyecto normativo señala que el sismo provocó afectaciones en 16 departamentos y 476 municipios y por ello algunas alcaldías resultaron destruidas o afectadas estructuralmente. Adicional, hubo pérdida total de conectividad digital en municipios de categorías 5 y 6 y oficinas locales del Sisbén quedaron físicamente inhabilitadas.

En esas condiciones, sostiene el Gobierno, exigir una transición generalizada al nuevo sistema podría terminar afectando precisamente a la población que requiere atención estatal con mayor urgencia. Los hogares damnificados, además, pueden haber cambiado sus condiciones de vivienda, sus ingresos, la composición familiar, su ubicación o su acceso a servicios. Por eso el DNP considera necesario contar con mecanismos de contingencia y con información actualizada antes de cerrar definitivamente la transición.