El golpe fantasma

En un debate radial en Hora 20, en los albores de la presente administración, un panelista sostenía que nadie podía señalar al presidente Petro de violar la Constitución. En esa ocasión varios de los demás asistentes le dimos la razón. Si esa discusión tuviera lugar hoy, la conclusión sería bien distinta. A medida que transcurre el gobierno, ese acatamiento a las instituciones y el respeto por la separación de poderes ha empezado a transitar hacia una creciente y abierta hostilidad hacia las normas y formas de la democracia.

Esa agudizada agresividad no es independiente del hecho de que a medida que transcurre el gobierno, la brecha entre la retórica y los logros del gobierno se hace cada vez más profunda. Como lo describiera magistralmente Carlos Granés, en una columna reciente en el ABC de Madrid, “La distancia abismal que hay entre sus ideales y sus logros, entre la imagen que tiene de sí mismo y sus capacidades reales, convierte a Petro en un personaje trágico. Condenado al autoengaño y al victimismo, achaca su inevitable fracaso no a su ineptitud sino al complot de los malos”.

Y esos “malos” han tenido diferentes encarnaciones. El neoliberalismo, la oligarquía, los medios de comunicación, las mafias, el imperialismo, el capital financiero… no hay nadie ni nada que se escape a su afán de encontrar los culpables con los cuales justificar la tragedia en que se ha convertido su gobierno. Ni siquiera se salvan sus propios funcionarios de caer víctimas de esa inquisición decretada desde la Casa de Nariño.

En la medida que el tiempo se agota cunde la exasperación y, por ende, la radicalización. La evolución del gabinete lo demuestra. El oído del monarca solo está presto a aquellos que estén dispuestos a hacer su voluntad sin reparar en nimiedades legales o en los contrapesos que imponen las instituciones. Necesitan gente que como Leyva esté dispuesta a irse a la cárcel con tal de hacer su voluntad.

Ya se ha visto una cadena in crescendo de decisiones ejecutivas que desafían las leyes y la separación de poderes. La forma en que se manejó el presupuesto para dejar trece billones de pesos a discreción del presidente en un intento de imponer una dictadura fiscal. La revocatoria de las vigencias futuras comprometidas para castigar presupuestalmente a las regiones que no favorecieron al Pacto Histórico. La liberación de presos sin mediar orden judicial. Las negociaciones con organizaciones criminales sin que exista una ley de sometimiento. El intento de no acatamiento de la suspensión del canciller Leyva ordenada por la Procuraduría. La persecución a la JEP en el Consejo de Seguridad y a nivel interno. Son solo algunos de los ejemplos.

Este esfuerzo por superar la ineficacia gubernamental tomando atajos institucionales y legales adquirió luego una dimensión desorbitada. El gobierno fraguó la fraudulenta leyenda de que se está cocinando un golpe de Estado al primer gobierno progresista y de izquierda en Colombia. El propio Petro diseminó un S.O.S. a los cuatro vientos, y en todos los idiomas que le permitió el traductor de Google, alertando a la comunidad internacional en términos escandalosos sobre la inminencia de un asalto a la democracia colombiana. Incluso para alguien tan paranoico e histriónico como el presidente Petro, ese pedido de auxilio desborda, aparentemente, toda racionalidad.

La explicación real se encuentra en que el primer mandatario quiere ambientar una percepción internacional que califique y defina como persecutorias aquellas decisiones de los otros poderes públicos y de los organismos de control que le sean adversas. Está apelando a la ingenuidad internacional y a la complicidad de ciertos funcionarios de organismos internacionales, para que se interpreten esas decisiones como acciones ilegítimas encaminadas a sacarlo del poder. Es una forma de blindar internacionalmente sus atropellos porque denunciarlos o castigarlos será definido como movimientos golpistas.

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"La explicación real se encuentra en que el primer mandatario quiere ambientar una percepción internacional que califique y defina como persecutorias aquellas decisiones de los otros poderes públicos y de los organismos de control que le sean adversas".

En ese contexto, el gobierno fabricó una movilización popular para presionar a la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de crear otra ficción, la de un pueblo enardecido enfrentado a un poder judicial cómplice de los intentos golpistas. El propósito, presionar indebidamente a la Corte Suprema para que eligiera un nuevo fiscal. El resultado, haber puesto en riesgo a las Cortes y erosionar la legitimidad de las instituciones colombianas. Esta movilización e intento de toma no es muy distinta a la que promovió Trump el 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos. Por esos actos, similares a lo que ocurrió en Bogotá el 8 de febrero, el futuro candidato republicano a la presidencia está siendo procesado por insurrección.

De allí que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de manera irregular y sin ninguna base, se pronunció para validar la absurda tesis golpista del gobierno. Y el senador Humberto de la Calle lo puso en su lugar en carta dirigida al funesto secretario en la que le dice “Difícil dibujar un cuadro más equivocado y distante de la realidad colombiana… Debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar al gobierno. Ningún partido, ningún gremio, ni las fuerzas armadas, ni las iglesias, ni la academia, ni las organizaciones de la sociedad civil, están promoviendo, ni imaginando siquiera, el desolador panorama que Usted describe”.

El país se debe preparar para que la Casa de Nariño acreciente las decisiones y acciones ejecutivas. En el esfuerzo por recuperar el tiempo perdido serán muchas las arbitrariedades y los atajos que se verán en el futuro próximo. Y habrá que salir a defender a los otros poderes públicos cuando les pongan freno a esas arbitrariedades. No solo del propio gobierno sino también de sus aliados internacionales.