El reclutamiento de menores: un drama de nunca acabar

La mañana del pasado 1 de octubre, en Caloto, Cauca, el profesor Ricardo Meléndez llegó a la Vereda las Cruces para dictar clase de música a un grupo de niños y niñas que hacen parte del resguardo indígena El Porvenir.

Al pequeño salón, que suele abarrotarse con cerca de 60 estudiantes, solo llegaron 40 menores, que –con temor– le comentaron a su maestro que dos días antes integrantes de las disidencias habían pasado por las veredas para llevarse a varios de sus compañeros; y que otros no habían salido de sus casas por temor a que fueran reclutados por la organización ilegal.

“Las disidencias les ofrecen dinero para que dejen sus casas para hacer parte del grupo ilegal o trabajar en los laboratorios de coca o para recolectar la droga”, denuncia el maestro.

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No les pagan con dinero sino con cocaína o marihuana y, en algunos casos, les piden que la transporten o la vendan.

Otro profesor que pidió reserva en su nombre contó que los disidentes tienen otra modalidad para convencer a los menores para que trabajen con ellos a través del consumo de drogas. “No les pagan con dinero sino los inducen a consumir cocaína o marihuana y, en algunos casos, como no pueden pagar les piden que la transporten o la vendan”.

En esta zona del Cauca hacen presencia las columnas Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y la Jaime Martínez, disidencias de las Farc, que se comprometieron con el gobierno del presidente Gustavo Petro en la búsqueda de la paz total pero no han detenido el reclutamiento de menores.

“El rumor entre la comunidad es que se han llevado cerca de 70 niños y niñas tentándolos con celulares, joyas y hasta motos para que dejen sus hogares”,  asegura un habitante de la región.

El reclutamiento ilícito de menores no cesa tampoco en otras regiones como el Norte de Santander, Arauca, el pacífico nariñense, el Bajo Cauca antioqueño y Chocó.

Según cifras del Comando del Ejército, en los diez meses que han transcurrido del año han sido rescatados 340 menores que habían sido sacados a la fuerza o engañados en varias zonas del país.

El reporte indica que las disidencias de las Farc en Arauca, Cauca y Nariño son las que más reclutan, seguidas por el Clan del Golfo, los Pelusos y ELN, que tienen incidencia en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Caquetá.

La Defensoría del Pueblo ha emitido 15 alertas tempranas sobre la difícil situación de los menores.

Los departamentos con el mayor número de casos reportados al organismo son Cauca (36), Valle del Cauca (10) Chocó (9) y Antioquia (8). En total, son 127 menores en todos país, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas.
 
“Las difíciles condiciones económicas y sociales, la indiferencia institucional en algunas regiones, la falta de entornos protectores y el conflicto armado genera diferentes vulneraciones a los derechos de los menores de edad”, dice Carlos Camargo, defensor del pueblo.

Reclutados desde niños

Los principales cabecillas de las disidencias de las Farc y el ELN comparten una dramática coincidencia: fueron reclutados cuando eran niños y la mayor parte de su vida han permanecido en campamentos y confrontando al Estado.

Los casos de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, del ELN, así como los de alias Iván Mordisco y Calarcá, de las disidencias de la Farc, son un ejemplo de esta cruel realidad. Fueron reclutados cuando apenas tenían trece años, cuando iniciaron sus tareas como guerrilleros rasos hasta llegar a manejar al mando de las organizaciones ilegales.
 
Hilda Molano, coordinadora de la secretaría de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado en Colombia (Coalico), afirma que estos casos muestran que el reclutamiento se ha pasado de generación en generación entre los principales cabecillas, que ven normal tener entre sus filas menores –como ellos lo fueron– por la falta de un mejor futuro. “Esta es una demostración de que el reclutamiento forzado ha sido una realidad en Colombia que, lejos de eliminarse, se ha reinventado en función de las nuevas dinámicas de la violencia armada”.

Felipe Cortés, director de incidencia de la fundación Save The Children, indica que la pobreza y en muchos casos la violencia intrafamiliar llevaron a los que hoy son los principales cabecillas de la guerrilla a tomar las armas como una forma de obtener sus derechos.

Javier Rosales, psicólogo infantil, asegura que lo único que encontraron era entrar en la ilegalidad para obtener no solo dinero fácil sino el poder que les brindan las armas sobre la población.

“La falta de necesidades básicas y –en muchos casos– los maltratos, los llevaron a buscar en la guerrilla una verdadera familia en la que encontraron los derechos que la sociedad no les dio”, asegura el psicólogo.

Duro panorama

Hilda Molano, de Coalico, asegura que el panorama actual que viven los menores se limita a presenciar el control territorial que ejercen los grupos armados y a ser testigos de la intimidación sobre la población para que no denuncien los casos de reclutamiento.

“Los niños, niñas y adolescentes tienen que ver diariamente cómo estos grupos realizan extorsiones, asesinatos y ataques a bienes civiles y escuelas, lo que afecta de manera directa sus vidas” asegura Molano.

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Las vidas de muchos niños y niñas en Colombia están marcadas por la falta de oportunidades, la precaria situación económica de muchas familias y la desigualdad generalizada, algo que trunca la posibilidad de vivir una vida lejos del conflicto armado.

Felipe Cortés sostiene que las vidas de muchos niños y niñas en Colombia están marcadas por la falta de oportunidades, la precaria situación económica de muchas familias y la desigualdad generalizada, algo que trunca la posibilidad de vivir una vida lejos del conflicto armado.

El psicólogo Javier Rosales, quien ha investigado el reclutamiento en el Bajo Cauca antioqueño y Chocó, ve con preocupación el aumento de casos que han llevado al suicidio de niñas, niños y adolescentes indígenas, que no encuentran otra salida debido a la pobreza y al conflicto que viven diariamente.

“La dura realidad es que no se tiene un registro actual de estos casos, solo información fragmentada de los pobladores, que hablan de por lo menos 25 menores en los meses de agosto y septiembre que decidieron quitarse la vida antes de ser llevados a portar un arma”, denuncia  Rosales.

Para los expertos, el Estado y la sociedad tienen una importante responsabilidad en la prevención del reclutamiento, no solo frente a la investigación y juzgamiento de los responsables de este crimen, sino también en asegurarles a los niños y las niñas las condiciones mínimas que les garanticen el desarrollo integral alejados de la influencia de las armas y los grupos irregulares. Mientras el Estado no lo consiga, los niños seguirán siendo víctimas de un flagelo que ni entienden, ni soportan, ni se merecen.