José Antonio Ocampo, el rectificador

La llegada de José Antonio Ocampo al Ministerio de Hacienda fue la primera jugada de Gustavo Petro para enviar un mensaje de calma a quienes creían que su victoria significaba una revolución económica de consecuencias impredecibles. Ocampo se convirtió, entonces, en el símbolo de la sensatez que quería vender el Gobierno. Lo que Ocampo nunca sospechó fue la prontitud con la que tuvo que empezar a actuar.

Antes del 7 de agosto, su compañera de gabinete, Patricia Ariza, ministra de Cultura, salió a los medios de comunicación a anunciar que la reforma tributaria aumentaría la cobertura del IVA a los planes de telefonía celular e internet móvil para recaudar más recursos para el sector de la cultura. Los usuarios alcanzaron a poner el grito en el cielo, pues la medida que Ariza promovía perjudicaba sobre todo a los planes de menores costos.

Ocampo tuvo que salir a decir que esa idea ni siquiera se estaba evaluando y que las propuestas reales de la tributaria se conocerían cuando se publicara el proyecto real de reforma tributaria. El proyecto finalmente se publicó el 8 de agosto y no incluía cambios de ningún tipo en el IVA, ni para celulares, ni para ningún otro producto.

Por esos mismos días, el presidente Petro –que aún no estaba en el poder– habló de cambiar la Junta Directiva del Banco de la República, cuyos cinco directores actuales fueron elegidos por Iván Duque, para que entre la junta se incluyera a alguien que representara realmente a la sociedad civil. En su concepto, las subidas de tasas de interés del emisor para contener la inflación no se compadecían con las necesidades de la gente. La actitud fue interpretada como el deseo de Petro de intervenir en el Banco de la República, cuya principal misión es actuar según su propio criterio económico, sin la injerencia del Ejecutivo.

A Ocampo le tocó salir a contar que ya había hablado con el presidente sobre la importancia de respetar la independencia institucional del Banco de la República.

Desde la campaña presidencial, Gustavo Petro promovió la idea de suspender los contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos como un requisito radical para lograr la transición energética y la lucha contra el cambio climático. La idea era tan descabellada que a Ocampo le tocó repetir una y otra vez que su jefe ya tenía claro que los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos no podían frenarse de tajo, de un día para otro, por el desastre que ocasionaría en los ingresos de la nación. ¡Y eso que para ese momento ni siquiera había asumido el cargo!

Ya en la cabeza del Ministerio de Hacienda, la historia no ha cambiado mucho.

Ocampo ha tenido que salir varias veces a recordarles a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, y a la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, que no se ha decidido nada sobre los futuros contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que este sector le deja ingresos billonarios al Estado cada año y que es importante mantener la autosuficiencia energética. 

La ministra Vélez Torres parece haber entendido mejor al ministro Ocampo y ya habla de la importancia de mantener la autosuficiencia energética y ella misma salió a corregir a Armando Benedetti, embajador en Venezuela, cuando él aseguró que el país podía dejar de producir gas y más bien importarlo de Venezuela. 

En cambio, la viceministra Ruiz todavía no parece asimilar el mensaje. El viernes 7 de octubre, Ruiz dijo en un congreso en Cartagena que ya era una decisión del Gobierno no firmar nuevos contratos de exploración ni explotación de petróleo. Como consecuencia, el precio del dólar, que ya se estaba calmando tras las declaraciones de Petro sobre controlar la tasa de cambio, volvió a repuntar. Ocampo, una vez más, tuvo que hablar de nuevo y decir que nada de eso iba a ocurrir.

Petro es un capítulo aparte

El presidente Petro ha sido su particular dolor de cabeza. Sus globos al aire han sido como chispas en el polvorín de los mercados financieros. A sus declaraciones sobre la exploración y explotación de hidrocarburos –suficientemente volcánicas– les añadió hace poco la idea de romper la Regla Fiscal, que es como si un jugador de monopolio le diera por cambiar las reglas a mitad de la partida. Según él, las metas que le dejó el gobierno anterior en cuanto a deuda neta del gobierno y déficit fiscal son demasiado exigentes y él necesita endeudarse más para comprar 3 millones de hectáreas de tierras para la reforma rural. 

Al ministro de Hacienda y a su director de Crédito Público solo les tomó un par de horas salir a rectificar lo dicho por el presidente: la Regla Fiscal cuenta con un marco legal que hace que su cumplimiento sea obligatorio y el ministerio reconoce la importancia de pagar las deudas actuales y no endeudarse de más.

Solo unos días después, el presidente volvió a aparecer en el campo económico para criticar la decisión del Banco de la República de seguir subiendo las tasas de interés, para ver si por fin baja la inflación. Pero esta vez fue más lejos y propuso un control de cambios, un impuesto a quienes quieran vender su inversión de portafolio en el país y llevarse sus dólares.

El ministro Ocampo, que estuvo todo el miércoles y el jueves ocupado en la reforma tributaria, volvió a salir a los medios tras la aprobación en primer debate del proyecto tributario para aclarar que ya había hablado con el presidente Petro y que ambos estaban de acuerdo en no poner un impuesto a las salidas de capital extranjero; también, en la importancia de dejar que el dólar y la inversión en el país se muevan libremente. 

Pero la dicha duró poco. Al día siguiente, el presidente de la república y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, ya estaban hablando de utilizar títulos de deuda de la nación, los famosos TES, para pagar los 3 millones de hectáreas de la reforma rural y para los que Fedegan y el Ministerio de Agricultura firmaron un acuerdo. 

Nuevamente salió Ocampo al rescate del precio del dólar y de los mismos TES, notablemente afectados por las declaraciones del resto del Gobierno. 

El ministro de Hacienda y su director de Crédito Público, José Roberto Acosta, ya completaron cuatro días consecutivos repitiendo, en palabras del mismo ministro, que “el Ministerio de Hacienda tiene claro que no se pueden comprar tierras con títulos de deuda, eso no está autorizado. Pero aún si se hiciera eso para comprar tierras, hay que cumplir la Regla Fiscal”.

Ocampo y Acosta han repetido varias veces durante estos días que la ley no permite que se utilicen títulos de deuda para pagarle a una persona “común y corriente” por una transacción comercial, aunque esta sea con el Estado. 

Los meses de aprendizaje del nuevo Gobierno le han exigido al ministro Ocampo que dedique una buena parte de su tiempo a calmar mercados y corregir hasta a su propio jefe. Ni siquiera en Estados Unidos, donde asiste a las reuniones del Fondo Monetario Internacional, ha podido desconectarse de las ideas de sus compañeros de gabinete y de las del presidente de la república, que siempre lo obligan a rectificar.