La guerra de los azúcares en la tributaria
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
La más reciente modificación al impuesto a las bebidas azucaradas que propone José Antonio Ocampo parece favorecer más a Postobón que a Coca-Cola, los dos grandes afectados por la medida. ¿Por qué?
José Antonio Ocampo es el tercer ministro de Hacienda que intenta hacer aprobar del Congreso un impuesto a las bebidas azucaradas. Y el hecho de que sea el tercero quiere decir que no se trata de una medida fácil de aprobar, por los efectos económicos que produce –sobre todo– en los dos grandes protagonistas de la industria, Coca-Cola y Postobón, que se disputan palmo a palmo el consumo de los colombianos con una gran variedad de bebidas que incluyen gaseosas, energizantes, jugos y aguas.
El impuesto busca desincentivar el consumo y reducirle costos futuros al sistema de salud por enfermedades prevenibles como la diabetes. Sin embargo, tal y como ha sido aprobada en las comisiones terceras de Senado y Cámara, la iniciativa termina favoreciendo más a un productor que a otro.
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La propuesta original
En el proyecto que radicó el Ministerio de Hacienda el 8 de agosto estaba dispuesto que el impuesto a las bebidas azucaradas ultraprocesadas empezara a regir en 2023, con base en una tabla única que excluía únicamente a las bebidas que tuvieran menos de cuatro gramos de azúcar por cada 100 mililitros.
El resto de bebidas de este tipo se dividían en dos grupos:
Las del rango entre cuatro y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros, pagarían un impuesto de 18 pesos por cada 100 mililitros envasados.
Las de más de ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros debían pagar 35 pesos por cada 100 mililitros.
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Los cambios de la propuesta
Como suele suceder con todos los proyectos de ley, el texto sufrió modificaciones durante las reuniones entre congresistas y miembros del ministerio de Hacienda.
En una de esas reuniones, la del 7 de septiembre, los legisladores propusieron, radicalmente, eliminar el impuesto a las bebidas azucaradas. El ministerio les ofreció no eliminarlo pero sí incluir una implementación progresiva. Al final, ambos estuvieron de acuerdo en que el impuesto fuera aplicado de manera gradual y aumentar la cantidad de gramos de azúcar por cada 100 mililitros a partir de los cuales las empresas pagarían impuesto por cada producto.
De acuerdo con esta modificación, aprobada por las comisiones terceras, en 2023 se aplicará un impuesto de 18 pesos a las bebidas que tengan entre seis y 10 gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros. El impuesto subirá a 28 pesos a partir de 2024.
Las bebidas que superen los 10 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, pagarán 35 pesos en 2023 por cada 100 mililitros envasados, y 55 pesos por cada 100 mililitros envasados, en 2024.
Desde 2025, las bebidas que tengan entre cinco y nueve gramos por cada 100 mililitros pagarán 38 pesos, y las que tengan más de nueve gramos por cada 100 mililitros pagarán 65 pesos por cada 100 mililitros envasados.
Las bebidas con menos de cinco gramos de azúcar por cada 100 mililitros quedarían excluidas del impuesto.
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¿Quién pagará más?
Aunque para congresistas y miembros del equipo del Ministerio de Hacienda la progresividad y la tabla de gramos resultó razonable, la modificación del proyecto parece favorecer más a Postobón que a Coca-Cola. Todo porque los productos de Coca-Cola contienen más azúcar que los de Postobón.
En la propuesta inicial, Coca-Cola habría tenido que pagar el impuesto por cerca del 90 por ciento del portafolio de sus bebidas, mientras que Postobón habría tenido que pagar por cerca del 80 por ciento de las suyas.
Con las modificaciones aprobadas, Coca-Cola seguirá pagando por cerca del 90 por ciento de las bebidas que produce, mientras que Postobón pagará por cerca del 30 por ciento de su portafolio.
En sus informes de sostenibilidad y en su página web Postobón explica que una parte de su estrategia es la de reducir la cantidad de azúcar de sus bebidas, y así lo demuestra en las tablas nutricionales que publica.
De acuerdo con el nuevo proyecto, bebidas como Gatorade empezarían a pagar el nuevo impuesto desde 2023, pero otras, como la famosa Colombiana, ni siquiera empezarían a pagar impuesto en 2025, pues tienen 4,9 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, lo que las ubicaría justo en el borde superior del grupo de bebidas excluidas.
Los proponentes de esta modificación, que perjudica a Coca-Cola y favorece a Postobón, son el representante liberal Álvaro Monedero, el senador conservador Efraín Forero y el senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U.
El senador Garcés financió su campaña para el Congreso con varios créditos bancarios y con recursos de su partido, que le entregó 90 millones de pesos en dos transferencias: una de 72 millones de pesos y otra de 18 millones de pesos.
A su vez, el Partido de la U reportó que en 2021 recibió 340,7 millones de pesos en donaciones, muchas de ellas en pequeños montos provenientes de los mismos integrantes del partido. Cien millones de pesos, casi la tercera parte, los recibió de Ingenio Providencia, un ingenio azucarero de la Organización Ardila Lülle, la misma que tiene entre su portafolio a Postobón, un emporio de las bebidas azucaradas.
Se espera que la segunda ponencia de la reforma tributaria llegue a las plenarias del Congreso la última semana de octubre, cuando, de seguro, las bebidas azucaradas librarán una nueva batalla, bien para equilibrar la balanza entre los dos pesos pesados que terminarían perjudicados con el impuesto, o bien para que el impuesto, en su tercer intento, vuelva a dormir el sueño de los justos. Al fin y al cabo, ya se han recibido 136 propuestas de modificación al proyecto que ya fue aprobado en las comisiones terceras y, por lo tanto, nada está definido por el momento.
