Los errores de la Fiscalía en los casos de extinción del dominio de los bienes de la mafia

Durante la administración del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, la Unidad de Extinción del Dominio de la Fiscalía ha impuesto medidas cautelares a más de 21.000 bienes que sumarían, según sus propios cálculos, más de 25 billones de pesos. Sin embargo, según fuentes de la entidad, hay una preocupación interna por la presión que tienen algunos de los funcionarios para entregar cifras infladas que terminan solo en titulares de prensa porque luego los jueces ordenan devolver los bienes a sus dueños.

CAMBIO tiene en su poder documentos que prueban que, en los casos de resonancia nacional, las medidas cautelares con fines de extinción del dominio han quedado registradas en rimbombantes declaraciones del que se considera a sí mismo como el fiscal mejor preparado de su generación, pero luego no han prosperado ante los jueces especializados.

El monto de las incautaciones de la administración de Barbosa es histórico. Su antecesor, Néstor Humberto Martínez, presentó en su informe de gestión que se habían incautado 60’412.362 bienes en dos años y nueve meses. Sin embargo, el avalúo de estos bienes apenas fue de 13 billones de pesos. Es decir, los bienes incautados por el actual fiscal representan el 0,035 por ciento de los incautados por Néstor Humberto, pero los doblan en valor. La pregunta que surge es: ¿De dónde saca el fiscal esas cifras? Aunque podría tratarse de una estrategia innovadora, las decisiones de los jueces muestran que hay algo que no anda bien.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del presidente de la república, Gustavo Petro; el presidente de la SAE, Daniel Rojas, y la vicefiscal Martha Mancera, el fiscal Barbosa dijo –tembloroso– que le parecía imposible que la Fiscalía hubiera impactado bienes por 25,7 billones de pesos y que la SAE no hubiera podido monetizarlos “rápidamente”:
 

frase-destacada

“No puede ser posible que nosotros hagamos un esfuerzo que hoy en el marco de nuestra gestión, en estos últimos dos años, tenemos un impacto económico que se estima en 25,7 billones de pesos y que no podamos monetizar esos recursos rápidamente y, en segundo lugar, no utilizarlos para los fines que se han venido planteando por parte del señor presidente de la república”.

 

Lo que Barbosa no ha reconocido es que muchos de los bienes que incautó la Fiscalía solo los entregó a la SAE en papel y que, en muchos casos, los mismos fiscales desconocen el paradero de esos bienes incautados. Un dato no menor es que el 67 por ciento de los bienes incautados en la administración de Barbosa son vacas y caballos. En estos casos, por ejemplo, puede que los fiscales hayan puesto medidas cautelares a todos los semovientes que registre una persona o una empresa en el ICA, pero eso no significa que los haya materializado y puesto a disposición de la SAE. Es decir, en muchos casos, para la SAE será imposible monetizarlos porque nunca llegaron a su poder.

Según fuentes de la entidad, el fiscal Barbosa cometió varios errores que le estarían pasando factura en los casos de extinción del dominio. En primer lugar, al inicio de su administración nombró como directoras en la materia a personas que no tenían la debida experticia, y que iniciaron procesos que se están cayendo en los estrados judiciales, por lo menos, en una etapa preliminar. En segundo lugar, su administración habría decidido acabar con los cargos de los funcionarios que se encargaban de hacerles control técnico a los procesos de extinción del dominio, antes de llevarlos ante los jueces. Y, finalmente, su supuesto afán por mostrar cifras, estaría llevando a que sus funcionarios cometan imprudencias.

Eso, sumado a que en la Fiscalía no hay peritos que hagan avalúos sino simples estimaciones, está desatando la indignación de varios funcionarios, que no están de acuerdo en cómo se están presentando ante los jueces casos de connotación nacional que terminan en rimbombantes titulares de prensa, pero que luego se caen.

Los casos “caídos” en extinción del dominio

Son muchos los procesos de extinción del dominio que se han venido a menos, lo cual, según fuentes de la entidad, obedece a las movidas del fiscal Barbosa al inicio de su administración. A su llegada, por ejemplo, nombró como directora de Finanzas Criminales a Ana Catalina Noguera, quien salió del cargo nueve meses después de haberse posesionado, tras salir a la luz que tenía dos primos extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

La remplazó Luz Ángela Bahamón, una de las funcionarias más destacadas de la Fiscalía y amplia conocedora del lavado de activos, a quien el mismo Barbosa había enviado meses atrás a la seccional Bogotá. En la dirección de Extinción del Dominio fue nombrada Patricia Saavedra, quien llegaba de la Fiscalía de Cali, y con ella empezaron a destaparse los casos de amplia difusión nacional.

El primero fue el de la banda de sicariato de San Andresito de la 38, en Bogotá. Aunque el proceso de extinción del dominio continúa contra más de 900 bienes incautados, que sumarían más de un billón de pesos, la Fiscalía ha tenido que devolver a sus dueños cerca de 300 bienes, porque los jueces han negado los embargos por considerarlos “innecesarios y desproporcionados”. Uno de esos casos es el de Alejandro Laguna, a quien la Fiscalía le embargó más de 260 bienes porque, supuestamente, era el testaferro del narco alias Pedro Chulo; pero luego terminó devolviéndoselos porque, para el juez, los fiscales no argumentaron cuál era la necesidad de mantenerlos en poder del Estado.

El tema es importante porque, aunque el juicio para extinguir el dominio de los bienes continúa y aún no se sabe si el señor Laguna es testaferro o no de Pedro Chulo, tumbar una medida cautelar es como si un juez ordenara la libertad de una persona que ha sido capturada por la Fiscalía.

Luego, llegó el caso más representativo de la administración Barbosa en materia de lavado de activos: la multimillonaria incautación al Clan Herrera. En abril de 2021, el fiscal general anunció medidas cautelares a 1.751 bienes –que, según Barbosa, sumaban más de 4.8 billones de pesos– pertenecientes al otrora capo del cartel de Cali alias Pacho Herrera. Aunque el juicio de extinción del dominio continúa, los jueces ya han ordenado devolver más de 300 bienes a sus dueños por considerar que las medidas cautelares de embargo y secuestro son innecesarias. Incluso, en muchos casos, los jueces se han aventurado a decirle a la Fiscalía que el solo libro de Pacho Herrera, en el que aparecían cientos de folios de matrícula, no es prueba de que sus actuales propietarios son testaferros del narco.
 

frase-destacada

“La aseveración que realizó la Fiscalía debía estar sustentada en hechos y pruebas objetivas que pudieran ser verificados, para así tenerla por válida, por ejemplo, declaraciones de testigos que dieran cuenta de las inferencias del ente acusador y de la posible relación y cercanía de los actuales propietarios con HELMER “PACHO” HERRERA, para establecer algún indicio de testaferrato entre los prenombrados. Sin embargo, como se vio, la Fiscalía coligió tal vínculo sólo a partir de la existencia de una lista de números de folios de matrículas inmobiliarias escritos en un libro que fue incautado en una diligencia de allanamiento y registro, y de esa simple mención procedió a realizar afirmaciones sin sustento probatorio, pues no auscultó ni analizó las circunstancias específicas del caso en concreto y la situación particular en que se encontraba cada uno de los bienes objeto de extinción y sus respectivos propietarios, para establecer al menos un nexo indirecto de relación de los actuales propietarios de los bienes con el señor HELMER “PACHO” HERRERA y, por contera, la necesidad y urgencia que implicaba en cada caso concreto el decreto de cautelas con fines de extinción de dominio”, dice una de las decisiones conocidas por CAMBIO.

Lo mismo se repitió en el caso de la billonaria fortuna del narco esmeraldero alias Pedro Orejas. En este proceso, fueron embargados 770 bienes por más de un billón de pesos. No obstante, este año empezaron a conocerse las decisiones de los jueces en el sentido de que la Fiscalía debe devolver algunos de los bienes a sus dueños. Uno de los casos tiene que ver con los bienes devueltos a su sobrina, Delcy Rincón. Aunque en esta decisión el juez deja claro que no existe discusión alguna acerca de que la señora se encuentra ligada con el clan Rincón, y se encuentra relacionada como testaferro en una carta remitida por la DEA, sí cuestiona que –dada la relevancia del proceso– la Fiscalía no haya argumentado la necesidad de mantener embargados los bienes hasta que se diera una decisión de fondo en el juicio.
 

frase-destacada

“A juicio de este despacho, el ente acusador no argumentó ni allegó pruebas que demuestren «ni si quiera indiciariamente» que los bienes afectados puedan estar amenazados o alterados, pues no reportó que aquellos estuvieran abandonados, descuidados o amenazaran con ruina. Tampoco expuso que sus propietarios hayan mostrado comportamientos agresivos o displicentes frente a la autoridad durante la materialización de las medidas cautelares en cuestión, por lo que nada indica que exista interés en saquearlos o demolerlos”, dice la decisión.

 

Los otros procesos que están en problemas

Durante el paro nacional del 28 de abril de 2021, el fiscal Barbosa anunció su nueva directriz: extinción de dominio a todos los vehículos que bloquearan vías. Sin embargo, la directiva no le está saliendo tan bien. Como lo reveló CAMBIO hace unos meses, para el Tribunal Superior de Bogotá las obstrucciones viales generadas en el marco de las protestas no constituyen un delito, porque el espacio público ha sido reconocido un escenario propio de deliberación, según la Constitución. Ese pronunciamiento del alto tribunal podría convertirse en una piedra en el zapato en los 20 procesos de extinción de dominio que, según fuentes de CAMBIO, lleva la Fiscalía contra vehículos que obstaculizaron vías durante el paro. En por los menos cuatro casos, ya han tenido que devolver los vehículos.

Semanas después del fracaso con el caso de los camiones, Patricia Saavedra fue removida del cargo de directora de Extinción y fue reemplazada por una curtida fiscal de extinción del dominio: Liliana Patricia Donado, a quien ya le han explotado varias papas calientes, por decisiones anteriores.

Apenas unos meses después de su llegada, los jueces especializados en extinción del dominio le ordenaron a la Fiscalía devolver los bienes que le habían embargado al contratista Orlando Fajardo, condenado a seis años de prisión por sobornar a funcionarios públicos para quedarse con el contrato de saneamiento del río Bogotá, el Interconector Tunjuelo-Canoas.

Para el juez, el argumento de la Fiscalía de que las medidas cautelares de embargo eran necesarias para evitar que “continuaran disfrutando de bienes adquiridos de manera espuria”, ni siquiera está en el Código de Extinción del Dominio.
 

frase-destacada

“Sin embargo, su exposición, como se dijo, no dejó de ser solo un enunciado genérico. De un lado, porque no precisó o arribó un medio indiciario que permita deducir que los bienes pueden ser negociados, gravados, distraídos o transferidos, esto es, no exhibió algún comportamiento por parte de los afectados que evidencie su intención de someterlos a algún negocio jurídico”, dice la decisión.

Los casos como estos son muchos más, pero quizás el otro de trascendencia nacional que vale la pena resaltar es el de los bienes incautados al hoy embajador en Caracas, Armando Benedetti. Tal como lo reveló CAMBIO hace unos meses, un juez declaró ilegales las medidas de embargo que, desde octubre del año pasado, la Fiscalía le había impuesto a dos bienes de Benedetti y le ordenó a la entidad devolvérselos. Para el juez, la Fiscalía actuó de manera desproporcionada y no cumplió con los criterios básicos de extinción del dominio.

Según los argumentos expuestos por los jueces en las múltiples decisiones judiciales conocidas por CAMBIO, es casi un patrón lo que está pasando en los casos de trascendencia nacional: la Fiscalía está embargando y luego, ante un control de legalidad, no puede argumentar cuál es la necesidad de que el bien pase preventivamente a manos del Estado. Incluso, otro factor común es que se afectan cientos de bienes de supuestos testaferros que, a la fecha, no han sido ni imputados por lavado de activos.

Otras fuentes de la Fiscalía aseguran que han identificado una “tendencia” de los jueces de brindar cada vez más garantías a los afectados en el proceso preliminar de extinción del dominio, y que esa “exigencia de la judicatura” ha llevado a reforzar la estrategia de la unidad en el sentido de que no siempre hay que imponer medidas cautelares a los bienes objeto de extinción.