Los números detrás del narcotráfico y el porqué de la nueva política de drogas

La lucha contra el narcotráfico protagonizó la agenda nacional durante esta semana. Varios sucesos dieron pie para que liderara la lista de temas de debate por encima de la reforma tributaria, el aplazamiento de la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el aún irresuelto dilema sobre quién será el próximo ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El inicio fue la reunión del pasado martes entre el presidente Gustavo Petro y una delegación de la Casa Blanca encabezada por Rahul Gupta, director de Política Nacional de Control de Drogas de la administración de Joe Biden. Un día más tarde, en un encuentro que sostuvo con Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España que se encuentra realizando una gira por América Latina, Petro reveló la propuesta que compartió con los emisarios norteamericanos: la implementación de una nueva política de extradición consistente en suspender el envío de narcotraficantes a Estados Unidos si se entregan a la justicia y prometen no reincidir. Desde entonces no se habló de nada más.

La declaración del primer mandatario fue blanco de críticas. Es apenas comprensible en un país políticamente dividido y en donde la droga ha estado como eje en casi todas las problemáticas sociales. Son muchas las generaciones que han sufrido el flagelo del narcotráfico y, contrario a la postura del nuevo gobierno, temen por las consecuencias que podría traer consigo una política distinta, menos punitiva y más permisiva. La sensación de incertidumbre para esta buena parte de la población colombiana creció cuando el general Henry Sanabria, nuevo director de la Policía Nacional, anunció que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) echó para atrás el trámite de un permiso ambiental para el uso de glifosato. Es decir, de continuar su curso razonable de acuerdo con lo que han sugerido Petro y los suyos, la polémica aspersión aérea puede declararse difunta.

Es sin duda un asunto controversial con posiciones disímiles. Sin embargo, modificar el enfoque respecto a las drogas ilícitas no es una decisión intempestiva. Aunque mostrar su éxito no es posible todavía, el cambio de perspectiva viene después de años de fracasos y millones de dólares invertidos sin resultados palpables. Quizá el episodio que mejor retrata lo que trae en mente el gobierno Petro tuvo lugar en el evento celebrado con campesinos y cultivadores de hoja de coca al que asistieron varios de sus funcionarios en San Miguel, Putumayo, el pasado jueves. Allí, Felipe Tascón, el nuevo zar antidrogas, compartió con los asistentes una serie de consideraciones en las que se basará la nueva política de drogas de Colombia. Se trata de una hoja de ruta que, a partir de unas conclusiones sobre lo que ha sido el fallido accionar institucional frente al narcotráfico, pretende esclarecer lo que viene de ahora en adelante.

“La política contra las drogas es un fracaso que se mide en muertes”

Según Tascón, la estrategia global frente a las drogas prohibidas ha servido para aumentar el número de fallecidos de forma violenta en los países productores y por sobredosis en las naciones consumidoras. En Colombia no hay un registro claro de cuántas personas han perdido la vida a causa del narcotráfico y lo más cercano son las cifras recabadas por la Comisión de la Verdad pero que hacen referencia al conflicto. Si bien existe una relación probada entre el cultivo y tráfico de cocaína con los grupos al margen de la ley, sería impreciso afirmar que las 450.664 muertes son atribuibles únicamente a este fenómeno.

En todo caso, a nivel mundial los números sí dan fe de los decepcionantes resultados de la guerra contra las drogas. Información recolectada por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos identificó un aumento del 19 por ciento en las muertes por sobredosis de cocaína en ese país entre 2020 y 2021. De 19.927 pasó a 24.538. El alto número de decesos se explica por los niveles de consumo. La Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de 2020 reveló que uno de cada cinco estadounidenses (5,2 millones de personas) había consumido cocaína en los 12 meses previos al sondeo, esto es el equivalente al 1,9 por ciento de la población. Si se amplía el espectro a otras drogas prohibidas, las muertes por sobredosis ascienden a 100.306 solo en el periodo entre abril de 2020 y abril de 2021. La Organización Mundial de la Salud fija el número de fallecimientos anuales asociados al consumo de drogas en medio millón. Es decir, en Estados Unidos ocurre una quinta parte de ellos. Es incuestionable que se invierte demasiado esfuerzo para obtener desenlaces adversos.

En el resto del primer mundo el escenario tampoco anima. El Informe Europeo sobre Drogas de 2021 calcula que el viejo continente alberga 13,9 millones de consumidores de cocaína y estima que el 28,9 por ciento de los adultos residentes de la Unión Europea han probado drogas ilegales en algún momento de su vida. La tasa de mortalidad por sobredosis, en 2019, se ubicó en 14,8 casos por millón de habitantes, lo que significa un aumento del 3 por ciento en comparación con el año anterior.

“Focalizar la guerra antidrogas en cultivadores y consumidores atenta contra los derechos humanos”

Cuando se atrapa un capo siempre es noticia. La prensa nacional se volcó en masa cuando se conoció que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue apresado en una operación de la fuerza pública el 23 de octubre de 2021. Al líder del Clan del Golfo se le acusaba de 120 acciones delictivas, entre las que estaba el envío de “miles de kilogramos de coca a Estados Unidos”, como señalaron las autoridades de ese país. Su alto perfil dentro del organigrama criminal fue lo que hizo de su captura un suceso tan mediático, pero no es común que alguien con ese nivel de importancia sea aprehendido. Mientras las agencias de inteligencia persiguen a los cabecillas, los eslabones bajos de la cadena son los más expuestos a las calamidades del negocio ilícito.

Una caracterización de las familias cocaleras que participaban en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en 2020 estableció que más de la mitad de ellas vivían en pobreza, un tercio en la pobreza extrema y nueve de cada diez padecía seguridad alimentaria. En adición a su precaria realidad, estas familias deben pagar a los grupos armados una vacuna sobre las ventas que hacen de pasta de coca o base de cocaína. Para 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calculó que el monto total de estos pagos llegó a los 33 millones de dólares.

Pero los atropellos no se limitan exclusivamente a las zonas de cultivo sino que también se trasladan a los centros urbanos. Entre 2014 y 2019, según una contabilización llevada a cabo por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 194 personas fueron capturadas a diario por consumir drogas. El ejercicio también documentó que, entre 2012 y 2018, 50.742 menores de edad fueron detenidos por posesión de estupefacientes a pesar de que la mayoría eran instrumentalizados por estructuras dedicadas al microtráfico. Sin embargo, las mujeres son las más damnificadas. En una investigación sobre política de drogas y encarcelamiento, DeJusticia encontró que la mitad de las mujeres que están privadas de la libertad en Colombia lo están por delitos relacionados con drogas. El 93 por ciento de ellas son madres y el 52 por ciento son cabeza de sus hogares.

En paralelo, pese a esta persecución permanente, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) calcula que la industria del narcotráfico equivale a tres puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) del país. O sea, poco o nada afecta el modelo represivo al narcotráfico y quienes soportan las secuelas, como demuestra la evidencia, son los más vulnerables.

“Hay que cambiar el paradigma de las drogas hacia uno nuevo de regulación global”

Estados Unidos es la mente maestra detrás de la guerra contra las drogas. Desde que el término se popularizó durante la presidencia del conservador Richard Nixon en la década de los setenta, el país norteamericano ha destinado múltiples recursos para atacar las diferentes cadenas de este negocio que, contrario al rendimiento esperado, ha ascendido fugazmente. Así lo demuestra la demanda: la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró, en 2021, que los consumidores de droga en el mundo llegaban a 275 millones.

Un estudio de la Universidad de Pensilvania, publicado en junio del año pasado en conmemoración del medio siglo de la guerra contra las drogas, tasó en un trillón de dólares el gasto histórico de la Casa Blanca en este rubro. Solo al gobierno colombiano, como señaló el exministro de Defensa Diego Molano, le entregó 25 millones de dólares en su más reciente desembolso de cooperación. Esto es el 20 por ciento de todo el presupuesto con el que cuenta Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Pero, así como el discurso del gobierno central se dirige hacia la prohibición, la realidad material de diferentes regiones estadounidenses va en contravía. En 18 de los 50 estados miembros, el consumo recreativo de marihuana ya fue despenalizado. Asimismo, en el estado de Oregon, ubicado en la costa oeste y calificado por muchos como el más liberal de ese país, se permite el uso de pequeñas dosis de cocaína y heroína. En Colombia pasa una contrariedad similar. A partir de una sentencia de la Corte Constitucional en 1994, la dosis mínima fue despenalizada y hoy se permite que los colombianos porten un gramo de cocaína y hasta 20 gramos de marihuana. En paralelo, la institucionalidad persigue consistentemente el resto de la cadena de producción y consumo.

Aunque el panorama es claro, también es innegable que el papel de Colombia en la geopolítica es ínfimo. Si el gobierno de Petro se plantea ser un estandarte en esta materia, será interesante ver cómo lo consigue a sabiendas de que su principal aliado tiene una posición abiertamente opuesta.