Los números detrás del narcotráfico y el porqué de la nueva política de drogas

La lucha contra el narcotráfico protagonizó la agenda nacional durante esta semana. Varios sucesos dieron pie para que liderara la lista de temas de debate por encima de la reforma tributaria, el aplazamiento de la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el aún irresuelto dilema sobre quién será el próximo ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El inicio fue la reunión del pasado martes entre el presidente Gustavo Petro y una delegación de la Casa Blanca encabezada por Rahul Gupta, director de Política Nacional de Control de Drogas de la administración de Joe Biden. Un día más tarde, en un encuentro que sostuvo con Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España que se encuentra realizando una gira por América Latina, Petro reveló la propuesta que compartió con los emisarios norteamericanos: la implementación de una nueva política de extradición consistente en suspender el envío de narcotraficantes a Estados Unidos si se entregan a la justicia y prometen no reincidir. Desde entonces no se habló de nada más.

La declaración del primer mandatario fue blanco de críticas. Es apenas comprensible en un país políticamente dividido y en donde la droga ha estado como eje en casi todas las problemáticas sociales. Son muchas las generaciones que han sufrido el flagelo del narcotráfico y, contrario a la postura del nuevo gobierno, temen por las consecuencias que podría traer consigo una política distinta, menos punitiva y más permisiva. La sensación de incertidumbre para esta buena parte de la población colombiana creció cuando el general Henry Sanabria, nuevo director de la Policía Nacional, anunció que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) echó para atrás el trámite de un permiso ambiental para el uso de glifosato. Es decir, de continuar su curso razonable de acuerdo con lo que han sugerido Petro y los suyos, la polémica aspersión aérea puede declararse difunta.