Un año después: ¿qué pasa hoy en El Plateado, el ‘Wall Street’ de la cocaína?

Es abismal el contraste entre la riqueza natural de El Plateado y la pobreza de sus construcciones públicas. Conmueve la belleza del escenario geográfico tanto como entristece ver las modestas escuelas de tierra pisada, a cielo abierto y sin baños, donde llegan niños descalzos a sentarse en sillas rígidas de madera en mal estado y tubos oxidados.

Los vientos levantan el polvo de las vías. La mayoría de las casas son de ladrillo limpio, aunque los habitantes se esmeran en mantener un parque central con plantas vivas y el nombre del pueblo pintado en vistosos colores.

Tanto el presidente Gustavo Petro como los pobladores coinciden en el diagnóstico del origen de los problemas. “Ante el abandono estatal, nos vimos en la necesidad de sembrar cultivos de coca”, dice Edward Rubiano, líder comunal de tez morena y manos marcadas por el trabajo en el campo. “El campesinado de Micay, si no siembra hoja de coca, se muere de hambre. Y sus hijos y su familia”, sentenció el mandatario.

Para el presidente, los campesinos son víctimas de un negocio ilícito cuyos hilos mueven codiciosos capos de distintas partes del mundo –desde mexicanos hasta albaneses– y que tuvo allí su epicentro, al punto de que lo bautizó como el “Wall Street” de la cocaína, en alusión al centro financiero de Nueva York.

Por ello, en octubre de 2024, ordenó su toma por parte de las Fuerzas Armadas como antesala de una inversión social que el líder Rubiano define con una sola palabra: “Nada”. Según su testimonio, citado por la agencia Reuters, durante este año no ha habido ninguna inversión social. “Todo lo hemos conseguido con el sudor y el esfuerzo de los campesinos”, afirma.

El santuario de Iván Mordisco

El Plateado tiene 8.000 habitantes. Es un corregimiento de Argelia que, junto con El Tambo y López de Micay, conforma los tres municipios del Cañón del Micay que Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), convirtió en su santuario y desde donde lanzó su desafío al Estado, quemando las naves de una salida negociada.

En sus 4.200 kilómetros de relieve ondulado hay caños, ríos y caminos clandestinos entre la maleza que conducen al Pacífico, por donde se saca la cocaína. Según datos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el Cañón del Micay está sembrado el 75 por ciento de las 25.000 hectáreas de coca del departamento del Cauca.

Es un secreto a voces dónde están los laboratorios. Del casco urbano de Argelia a El Plateado hay unos 50 minutos en carro. A ambos lados de la carretera, los cultivos de hoja de coca forman parte del paisaje. Las cosechas y su procesamiento son el motor de la economía local. Aunque todos saben que se trata de una actividad ilícita, la desarrollan de manera habitual.

Con el propósito de cambiar esta situación, el presidente Petro ordenó al Ejército y a la Policía Nacional tomar el control. Así nació la Operación Perseo: entraron 1.400 efectivos apoyados por tanquetas y helicópteros, en un despliegue mediático notorio.

Luego se pasaría, en teoría, a una fase en la que la institucionalidad civil asumiría el protagonismo. En esta etapa, el Gobierno pagaría 1.280.000 pesos mensuales, durante 12 meses, a las familias que se acogieran al programa de sustitución voluntaria por productos legales como fríjol, café, cacao y frutas. La inversión anunciada ascendía a unos 30 millones de dólares.

Una doble decepción

En la actualidad, los cocales siguen floreciendo. La situación poco o nada ha cambiado. Fernanda Rivera, líder comunal, tiene hoy un doble motivo para su desencanto: votó por Petro porque pensó que las cosas cambiarían y ahora siente que las promesas de hace un año tampoco se han hecho realidad. “Aquí seguimos careciendo de salud, educación y de las necesidades básicas de cualquier colombiano, de cualquier ser humano”, afirma.

El problema es que la presencia militar no se ha consolidado, lo que ha impedido el ingreso de las demás entidades del Estado. Federico Mejía, excomandante de la Tercera División del Ejército y quien lideró el ingreso de la tropa, explica que el principal obstáculo es uno que se conocía, pero que es difícil de enfrentar: los narcos minaron toda la región. “Los campos están infestados de minas; hemos tenido muchas víctimas”, dice.

Sin embargo, asegura que han logrado disminuir la presencia de los capos de la mafia, de modo que este lugar ya no sea más el “Wall Street” de la cocaína.

Para Jorge Mantilla, doctor en Criminología de la Universidad de Illinois y experto en seguridad, crimen y conflicto, hay un punto crucial: la vertiginosa manera como los grupos irregulares respondieron con nuevas tácticas ante la presión militar. “La adaptación de los grupos armados al nuevo contexto, especialmente las disidencias, ha sido rapidísima, ahora emplean tácticas como el uso combinado de drones y asonadas para contener el avance de la fuerza pública”, dice.

En efecto, los drones se han convertido en un dolor de cabeza para las Fuerzas Armadas. Caen del cielo cargados de explosivos cuando menos se imagina y en el lugar menos pensado, con un poder de destrucción enorme. En este lapso, los militares han logrado inhibir 330 drones, casi uno diario, en un esfuerzo titánico pero insuficiente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recuerda que el apetito de los grupos armados por esta región viene de décadas atrás. “El Cañón del Micay es un punto nodal donde convergen los intereses de los carteles –ya sea de la Segunda Marquetalia o del Carlos Patiño, que son de Iván Mordisco, o del ELN o de carteles mexicanos– por apoderarse de ese punto neurálgico del narcotráfico. Llevamos décadas con ese problema. Pero seguimos trabajando para que allá se respire Estado”, afirma.

Aun así, hoy escasean los puestos de control del Ejército y de la Policía en las carreteras que conforman la red terrestre del Cañón del Micay, mientras que sí son frecuentes los comandos de la guerrilla del Estado Mayor Central, uniformados y bien armados, algunos incluso portando fusiles Barrett M82A1 calibre 50, de alta potencia.

La dura realidad

Para Luis Trejos, experto en conflicto armado de la Universidad del Norte, lo que ocurre en El Plateado refleja plenamente las dificultades en la implementación de la paz total, una de las banderas más importantes del presidente Petro. “Tras múltiples anuncios, se desconoce la complejidad geográfica y social del territorio”, señala. “Es evidente, además, un desconocimiento de las capacidades reales, los tiempos y la articulación de las instituciones estatales”.

Durante este año, se vio, por ejemplo, el desembarco de medio gabinete, que llegó con chalecos antibalas, se tomó fotos y salió pronto. En su momento, esa acción fue defendida por Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien explicó que la visita fue un paso clave para fortalecer el vínculo entre las comunidades locales y el Gobierno central, con la intención de mantener una presencia permanente.

Hoy los pobladores tienen otra lectura: “Seguimos igual de aislados del resto del país y ahora, peor, porque estamos más estigmatizados”.  Los pobladores dicen que luchan por sacar a sus familias adelante y de paso mejorar las condiciones del pueblo.

¿Cómo hacerlo si las ayudas no llegan? La ambulancia del modesto puesto de salud fue comprada con recursos de la comunidad, aseguran. Nadie lo cuenta, pero todos saben de dónde viene la plata.

Y es que, si bien se ha avanzado en el Cañón del Micay, aún se está lejos de un escenario en el que se pueda afirmar que el Estado ha recuperado el control del territorio. De hecho, la situación ha tendido a empeorar en algunos puntos en la medida en que han llegado nuevos actores armados, como el ELN y un grupo disidente del Ejército Bolivariano.

Por otro lado, los anuncios de intervención estatal han sido más simbólicos que reales. Muchas promesas de infraestructura, sustitución de cultivos o transformación de las economías ilegales no han avanzado significativamente. El Gobierno ya se encuentra en la recta final de su mandato, y muchas de las posibilidades de consolidar los esfuerzos realizados podrían perderse si no hay continuidad del proyecto político en 2026.

Han sido múltiples los anuncios que privilegian estrategias de seguridad sobre las de paz, lo que podría echar por tierra los pocos avances logrados en El Micay durante este periodo.

El problema de los relevos

Para Mantilla, hay falta de claridad en el liderazgo institucional en torno a la ofensiva en El Plateado, no solo con la Operación Perseo, sino también con la llamada ‘Misión Cauca’, sumada a constantes rotaciones en ministerios clave –incluidos Defensa y el Departamento de Planeación Nacional–, lo que impide una coordinación eficaz.

Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses y politólogo de la Universidad de Connecticut, añade que hay varios factores a considerar, entre ellos la geografía. “Una cosa es El Plateado y otra el Cañón del Micay. El Gobierno intentó recuperar todo el cañón, pero solo logró una presencia permanente en El Plateado”, explica.

Este analista señala que antes de la Operación Perseo el frente Carlos Patiño (FCP), tenía control total del pueblo; “eso ya no ocurre”. Sin embargo, aún conserva la capacidad de realizar asesinatos selectivos y presionar a la población. 

Para él, es importante que el Ejército mantenga una presencia constante en el lugar, lo cual marca un cambio, aunque todavía no se ha logrado garantizar la protección total de los civiles.

Y es que la disputa en esta tierra olvidada es crucial. “Más abajo en el cañón –en zonas como La Hacienda, La Emboscada, Honduras, Britania, San Juan de Mechengue y Huesito– el grupo armado sigue operando abiertamente”, dice Johnson. 

En efecto, aunque el Ejército ha realizado operaciones en estas áreas, no ha establecido presencia constante, lo que permite que el FCP y el narcotráfico continúen activos. Algunas fachadas de las casas tienen pintadas esta sigla. Su presencia aunque no se vea, se siente.

Un kilo de coca en la mochila

Los sobrevuelos de helicópteros militares que desembarcan tropas en las cimas de las montañas son frecuentes, pero las Fuerzas Armadas no controlan las carreteras ni los pueblos. Y todos saben que llevar un kilo de coca en una mochila sigue siendo una tarea sencilla.

El listado de dificultades para avanzar es variado. Incluye la falta de control militar total, debilidades institucionales, poca articulación interinstitucional y una estrategia de sustitución concentrada principalmente en Argelia. “Los esfuerzos del Estado han sido insuficientes, tanto en el componente civil como en el militar, y persisten las dudas sobre su capacidad real para retomar estos territorios”, dicen los diagnósticos de los especialistas.

Mantilla afirma que lo que ocurre en este corregimiento es una muestra de la bajísima ejecución de la política de sustitución de cultivos ilícitos y, en general, del fracaso de la política de drogas. A pesar de algunos esfuerzos del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, sigue siendo una política que no ha trascendido el papel, incluso después de tres años.

Los analistas también consideran que ha influido la disminución de las capacidades de la fuerza pública, coincidente con el recrudecimiento de la violencia en otras regiones, lo que obligó a dividir los recursos y esfuerzos entre el Cauca, el Catatumbo, el Chocó y otros escenarios de crisis humanitaria.

En los despachos de los generales hay informes positivos. Enumeran que, en este lapso, se produjo la entrega voluntaria de cabecillas de disidencias como alias Kevin y Giovanni, cuadros vitales para esas organizaciones, y la muerte de alias Mocho mientras manipulaba explosivos.

Entre tanto, por los caminos se nota la presencia vigilante de hombres en moto. No visten de camuflado, pero se dice que forman parte de la red de comunicaciones que está al tanto del ingreso de cualquier extraño.

Mientras no llegue el Estado con programas sociales adecuados, la balanza seguirá inclinada hacia la ilegalidad. Los campesinos aseguran que un cultivo de tres hectáreas de hoja de coca deja trimestralmente unos 10.000 dólares libres. “No hay cultivo legal que supere las ganancias de la coca”, dice un cocalero que supervisa la recolección de una nueva cosecha.

*Con información de Luis Jaime Acosta - Reuters