Jamundí: el municipio donde las disidencias son la ley

A quince minutos de Cali, hay una ciudad donde no manda el Estado: Jamundí. Allí, desde hace cuatro años, la autoridad la impone el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. En los últimos meses, la situación ha empeorado a tal punto que la Policía y el Ejército son expulsados por las propias comunidades que, presionadas por los delincuentes, realizan frecuentes asonadas. Los muertos permanecen por horas en las calles, a la espera de un levantamiento que nunca llega, pues los agentes del CTI no pueden ingresar sin compañía. Los cadáveres, entonces, son recogidos por las únicas dos funerarias que prestan su servicio en la zona: Remansos de Paz y Funerales del Valle. Esta es la radiografía de un municipio que está a merced de los delincuentes. 

Jamundí, en el sur del Valle, tiene una posición geográfica estratégica. Es, si se quiere, la bisagra que comunica los departamentos de Valle y Cauca. Esto la convierte en un corredor ideal para la salida de coca y marihuana, que se transporta desde Buenaventura a El Naya hacia el océano Pacífico. El principal ingreso de los habitantes de la zona alta de Jamundí y sus poblaciones aledañas proviene de las 1.500 hectáreas de coca sembradas en la región y de sus laboratorios de procesamiento del alcaloide. 

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Esta situación no es nueva para los cerca de 75.000 pobladores de la zona rural y urbana, que han convivido con el negocio ilegal y hoy son testigos de una oportunidad perdida luego del Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en 2016, que dejó demostrada la incapacidad del Estado para recuperar el territorio donde mandaba el grupo ilegal. 

CAMBIO logró hablar con cuatro habitantes de Jamundí. Todos pidieron que se protegiera su identidad por temor a las represalias del grupo armado.

Uno de ellos narró cómo es vivir en medio de la ola de violencia que afecta al municipio, desatada por la confrontación de distintos grupos ilegales que se disputan el control territorial; entre ellos, las disidencias de las Farc. 

“Lo que vivimos los pobladores de Jamundí es un fenómeno de degradación de los grupos armados que antes tenían una estructura de mando centralizada y características de beligerancia y orientación política, como lo eran las extintas Farc, que le han dado paso a un grupo criminal, el cual busca adquirir beneficios dentro del negocio del narcotráfico y la minería ilegal”, afirma el habitante.

Importancia de la región

Jamundí tiene una extensión territorial de 627,7 kilómetros cuadrados. Limita al noroccidente con Cali y Buenaventura; al norte, con Puerto Tejada; al oriente, con Villa Rica, y hacia el sur, con Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao. Según datos del Dane,  es una subregión donde el el 60,4 por ciento de la población se concentra en zonas rurales. El 21,74 por ciento de los habitantes de Cali, la ciudad más importante de la región, vive en Jamundí.

Ser uno de los últimos enclaves cocaleros del país ha alterado el orden público en Jamundí. Allí se cubre desde su siembra, hasta el procesamiento y embalaje, para luego ser enviada al exterior. 

Cambios de grupos

Históricamente, Jamundí fue la zona de influencia del Frente 30, el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y la Columna Móvil Miller Perdomo, que hacían parte del Bloque Occidental o Comando Conjunto de Occidente, liderado por Pablo Catatumbo.

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“El grupo ilegal siempre hizo presencia  –dice uno de los habitantes–. Era la autoridad en la zona rural de Jamundí, lo que llevó a soñar a sus pobladores con una paz esquiva,  tras su desmovilización en 2016, que solo duró dos años y en la que hubo una reducción de homicidios y acciones violentas”.

Según una investigación de Julián Laverde, de la Universidad Icesi, en el municipio se conjugan factores militares, institucionales, históricos y geográficos que han originado el renacer del conflicto con la llegada de nuevos actores armados y de una nueva ola de violencia. 

La zona rural alta del municipio ha sido la más afectada por la llegada de los actores armados que reemplazaron a las Farc. Los primeros en llegar fueron los Pelusos, que operaron en la zona en 2018. El mismo año, fueron desplazados por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Según el informe del Icesi, el conflicto se recrudeció con la llegada de las disidencias. Incluso fue peor que cuando hacían presencia las Farc. En gran medida porque el Jaime Martínez no tenía una estructura política. Lo que se ve en el territorio es un grupo de guerrilleros de 17,18,19, 20 años, cuyos comandantes, que no superan los 30, formaron parte de bandas sicariales. Ahora portan brazaletes con las cuatro letras distintivas: "Farc". Como no tienen formación militar ni política, el panorama en el territorio se agrava.

Esta situación ocurrió tras la salida del Batallón de Alta Montaña del Ejército, ubicado en el municipio La Meseta, que dejó sin presencia militar a la parte alta del municipio. El desmonte de esta unidad se ordenó como parte de los compromisos que se firmaron entre el Gobierno y las Farc. “En un principio la salida de los uniformados fue recibida de forma positiva, pero con el paso de los años, se demostró que no fue la mejor decisión, porque en la actualidad el retorno de las tropas se hace más difícil, ya que las disidencias no van a permitir que regrese su enemigo”, dice una mujer de la zona.
 

El poder de la Jaime Martínez 

Las Farc tienen el control total de Jamundí. La guerrilla aprovecha que, por norma, las juntas de acción comunal deben llevar un registro de sus afiliados y carnetiza a cada habitante.

“Los actores armados utilizan esta forma de identificación, no para proteger la comunidad, sino para protegerse ellos. Solicitan los carnets para asegurarse de que, efectivamente, sean pobladores. Para saber quién entra y quién sale, pero, en especial, para ubicar sapos o infiltrados que puedan poner en riesgo sus acciones dentro del territorio”, indica una líder social.

Los pobladores también denuncian que la guerrilla implantó horarios de movilización con estrictas medidas: es prohibido transitar entre las diez de la noche y las cinco de la mañana; es obligatorio transitar sin casco, en el caso de las motos, mientras que todos los carros que ingresan deben hacerlo con los vidrios abajo. Un reglamento que impusieron en la zona.

“Eso no es de ahora. Viene desde hace cinco años –dice uno de los pobladores–. Siempre ha existido un límite de velocidad. No se puede andar a más de 30 kilómetros por hora. Quien no cumpla esta regla, debe pagar dos millones de pesos. Si usted no tiene con qué pagar, es obligado a hacer trabajos forzados por 25 días”.

Los trabajos forzados se realizan en la construcción de una carretera que une a la región de El Naya con el océano Pacífico, vía que ya está en 90 por ciento lista para el transporte de los cargamentos de droga. Las autoridades conocen estas reglas pero no actúan. Aquí la ley la imponen las disidencias. 

“A comienzos del mes de febrero, un grupo de ciclistas estaba transitando por la vía que comunica a Jamundí con Ampudia. Como no portaban el carnet o algún permiso, fueron retenidos por varias horas por un grupo de disidentes. Como no tenían con qué pagar, les quitaron las bicicletas, las mismas que, unos días después, los mismos guerrilleros entregaron a un grupo de niños como un regalo de la organización ilegal”, dice un habitante de la zona.

Las autoridades nunca han estado en el territorio, expresa otro de los pobladores de Villa Colombia: “Nosotros solamente hemos tenido una subestación de policía en Robles, que no es en la zona alta, y la otra en Timba, Cauca, que a raíz de los ataques de la guerrilla, la levantaron. Lo más preocupante es que no hemos tenido policía en ninguno de nuestros corregimientos”. 

Los pobladores extrañan la presencia de uniformados, pero al mismo tiempo entienden el miedo que pueden sentir de patrullar en una región dominada por mas de 400 hombres armados. 

Futuro incierto

En la región se han vuelto costumbre las asonadas contra los uniformados de la Tercera Brigada del Ejército. Para las autoridades, estas son ordenadas por las disidencias de la Farc. “La mayoría de los campesinos las realizan por el temor de que se vaya a realizar una operación de erradicación de los cultivos. Pero en realidad ellos no descartan la posibilidad de sacar a la guerrilla, porque están cansados de las normas impuestas por el actor armado. Ese dolor de ver a su familia sometida a trabajos forzados, gente andando con fusiles en los retenes ilegales”, dice un poblador.

Los habitantes también están a la espera de un compromiso por parte del Estado para encontrar una verdadera sustitución a los cultivos de coca, que ha sido su sustento diario por décadas.

Un campesino que quiera cultivar una hectárea de piña necesita dinero para comprar los insumos para su producción. "Si no, cómo la va a sacar de aquí, donde no existen buenas vías y sin la certeza de que le van a comprar la cosecha", indica un labriego. 

Los campesinos, pues, siembran coca como única posibilidad de supervivencia, sin importar que sea ilegal. Al ser el eslabón más débil de la cadena de producción, llevan la peor parte. Son perseguidos por las autoridades para erradicar sus cultivos y también por los guerrilleros que los someten a continuar con el negocio según sus reglas. 

Hoy la libra de base de coca se vende a 4 millones de pesos, el actor armado les cobra 2 millones de impuesto, una comercialización que, en muchas regiones, ha disminuido pero que en Jamundí no tiene pérdida, ya que la carretera que construyeron las disidencias disminuye los costos que supone el transporte desde los cultivos hacia el Pacífico. 

En la zona, entonces, hay muchas familias que se sostienen de la hoja de coca y que esperan una inversión social del Gobierno que les permita cambiar su vida: “si eso ocurre, créeme que las mismas comunidades empiezan ellas solas a hacer el cambio del cultivo. El Gobierno Nacional y el departamental han tenido muchos proyectos de sustitución voluntaria, pero al final no terminan siendo rentables. Entonces la gente arranca muy bien los proyectos y, a la mitad del camino, los dejan solos, no tienen con qué continuar. En consecuencia, tienen que regresar a la coca: lo que les da la comida”, dice la líder social.

Qué dicen las autoridades 

Según el general Erick Ramírez, comandante del Comando número dos, se ha establecido una estrategia con el objetivo final de restablecer el orden público en el municipio, de la mano de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Jamundí, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

“Eso pasa por dos objetivos intermedios. El primero es romper ese control que tiene la estructura criminal de la Jaime Martínez del Estado Mayor Central de la Farc sobre la población. El segundo es transformar la economía agrícola de esas veredas y de esos corregimientos por cultivos de alimento, que dan vida y no son veneno”, asegura el general Ramírez.

En la zona, dice el alto oficial, hay varios laboratorios de clorhidrato de cocaína protegidos por las disidencias, que protegen su economía ilegal por medio de asonadas y reclutamiento de menores. Eso es lo que está haciendo la estructura Jaime Martínez.

A esto se suma que inteligencia militar ha identificado que los comandantes que operan en la zona alta de Jamundí no responden a la mesa de negociaciones con el Gobierno: siguen secuestrando, reclutando menores, extorsionando y comerciando coca. 

“Es un tema que también requiere de un manejo interinstitucional. Estamos en camino de solucionarlo, es un proceso que no tiene reversa, un proceso en el que debemos sentirnos involucrados todos los vallecaucanos, todos los jamundeños con la fuerza pública”, concluye el alto oficial.