La Procuraduría también resaltó la violencia sexual y de género como una práctica sistemática destinada a reafirmar el control violento de los grupos armados.
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La Procuraduría pidió a la JEP reconocer trabajos forzados como esclavitud en macrocaso 01
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También solicitó incluir la violencia sexual y el secuestro de menores como hechos ilustrativos del accionar del Bloque Noroccidental de las Farc.
Por: Juan David Cano
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a incorporar la explotación laboral como un nuevo patrón macrocriminal en el marco del caso 01, en el que se investiga las acciones del Bloque Noroccidental de las Farc.
Según el procurador delegado, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, los secuestros realizados por este grupo armado buscaban no solo obtener beneficios económicos, sino también forzar a las víctimas a trabajar en beneficio de la organización, configurando así una forma de esclavitud.
La Procuraduría también resaltó la violencia sexual y de género como una práctica sistemática destinada a reafirmar el control violento de los grupos armados, señalando que las mujeres y niñas fueron utilizadas como medios de presión y apropiación. Además, subrayó la victimización de menores de edad, que fueron utilizados como instrumentos de extorsión.
El documento presentado por el Ministerio Público denuncia que al menos seis menores fueron secuestrados bajo estas circunstancias, mientras que ocho adultos relataron haber sido privados de la libertad junto con sus hijos pequeños. Estas acciones, según la Procuraduría, demuestran una política deliberada que constituye crímenes de guerra según la Corte Penal Internacional.
Adicionalmente, Acosta criticó las imprecisiones jurídicas de la JEP al categorizar secuestros de civiles y militares por separado, recordando que, bajo el Derecho Internacional Humanitario, los policías, cuando no participan directamente en hostilidades, deben ser considerados civiles protegidos.
"Mientras no se establezca que los policías estaban participando directamente en las hostilidades, estos tenían la calidad de civiles protegidos por el DIH, y con su secuestro se vulneró el principio de distinción", concluye el documento.
La solicitud busca que la JEP reconozca la complejidad de estos crímenes y sus impactos sobre las víctimas, asegurando que los responsables enfrenten un proceso acorde con la magnitud de sus actos.
