¿Se extingue la guerrilla en Colombia?

En al menos tres ocasiones en lo corrido de este 2025, el presidente Gustavo Petro se ha referido al ELN como una organización “narcoarmada”, como un grupo “mafioso” y “traqueto” que obedece órdenes del crimen trasnacional. Y en términos similares ha hablado de las disidencias de las Farc.

Esas referencias no serían extrañas de no ser porque fue el mismo presidente, a través de distintas resoluciones, quien les otorgó reconocimiento político a esas organizaciones al comienzo de su obierno, cuando puso el acento en su proyecto de paz total.

Si el ELN ya no es una insurgencia que luche por reivindicaciones políticas y sociales y se ha convertido en una organización narcocriminal, como sugiere Petro, la guerrilla en Colombia ha llegado a su fin o, al menos, estaría en vías de extinción. Esto si se considera que ese grupo armado, surgido hace 60 años, es el único sobreviviente entre los que nacieron con la intención de tomar el poder por las armas.

La nueva mirada del presidente sobre el ELN y las disidencias comenzó a ser explícita tras la escalada de violencia que se desató en la región del Catatumbo desde comienzos de enero, por la guerra entre el grupo armado que dirige desde Venezuela Antonio García y los disidentes del frente 33 de la exguerrilla de las Farc. 

La pérdida de un cargamento de cocaína y el interés del presidente venezolano Nicolás Maduro por crear en esa región fronteriza un ‘colchón de seguridad’ ante una eventual invasión estadunidense, habría originado las batallas, según dijeron luego fuentes de inteligencia militar y del Gobierno colombiano. 

Los enfrentamientos en la zona no han parado. Hasta marzo pasado, habían provocado un centenar de muertes y el desplazamiento de al menos 61.000 personas, según la Defensoría del Pueblo.

“Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas”, dijo concretamente Petro el pasado 20 de enero.

Ya en febrero, el presidente fue mucho más tajante y sostuvo: “El cartel de Sinaloa es el jefe actual del ELN”.  Y en marzo, tras el atentado de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Cauca contra una patrulla militar que transportaba material para reconstruir un puente en el Cañón del Micay, afirmó que esos disidentes eran un “ejército privado de los carteles mexicanos del narcotráfico”. En el ataque habían muerto cinco militares. 

Es posible que estas afirmaciones de Petro estén influenciadas por la profunda decepción que debió provocarle el portazo que le dieron estos grupos a su oferta de diálogos. Sin embargo, las peleas a muerte entre el ELN y las disidencias de las Farc por el control de zonas con grandes extensiones de cultivos ilícitos son absolutamente reales. 

Por ejemplo, Tibú, donde se han registrado fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias, es el municipio con mayores cultivos de hoja de coca en el mundo: 23.000 hectáreas, según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).

La renuncia del ELN a la toma del poder

La lucha por las rentas criminales, más las relaciones que ahora les imputa Petro al ELN y a las disidencias de las Farc con carteles mexicanos de la cocaína, vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre si en Colombia todavía existen guerrillas, o si esas organizaciones, que se atribuyen carácter político, son únicamente grupos armados que se enfrentan por el control de los negocios del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Eduardo Pizarro, uno de los expertos en conflicto que más ha profundizado en sus escritos sobre las guerrillas y los grupos armados del país, afirma que a pesar de que “todavía el ELN y pequeños segmentos de las disidencias de las Farc conservan un discurso político, ya se puede hablar del fin de la guerrilla en el sentido de que terminaron los proyectos guerrilleros que buscan acceder al poder central”.

En el caso del ELN, se refiere al replanteamiento estratégico que ese grupo armado hizo de sí mismo en su sexta y más reciente conferencia, ocurrida a mediados de 2024. 

En esa reunión, explica Pizarro, el ELN descartó convertirse en un partido político y se redefinió como un componente más de la lucha “del sur global” contra el imperio, y como un grupo binacional para defender el proyecto de Nicolás Maduro. 

Esto ha quedado en evidencia con la expansión de ese grupo en la frontera de Colombia con Venezuela, especialmente por Arauca y el Catatumbo, y en su más reciente despliegue por el Vichada.

“La mayor motivación de un grupo guerrillero cuando firma la paz es transitar de las armas a la política, como en El Salvador, como en Guatemala, como el M-19, como las Farc y tantos otros. Pero en el rediseño estratégico del ELN quedó claro que no quieren convertirse en un partido político”, puntualiza Pizarro.

En la práctica, el ELN, considerada la última guerrilla del hemisferio occidental, renunció a la principal característica de un grupo de esa naturaleza: la lucha por tomarse el poder político central. 

Esa organización armada, incluso ha sido crítica de la decisión de las Farc de dejar las armas para transformarse en el partido político Comunes y de hacer parte del Congreso, con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes en los dos últimos periodos.

En lo que respecta a las disidencias de las Farc, se da por descontado que carecen de un proyecto político. No solo porque no tienen un mando único centralizado, sino porque se convirtieron en una suma de jefes regionales cuyo objetivo es conservar el control de los territorios donde hacen presencia, para fortalecer sus rentas criminales.

Ser o no ser revolucionario

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Angélika Rettberg, dice estar de acuerdo con que el único grupo armado sobre el cual cabe todavía el debate sobre si es o no una guerrilla con agenda política: es el ELN.

Para la politóloga, “una cosa es que esa organización haya renunciado a la toma del poder central, a tomarse a Bogotá, que era un poco el sueño de las Farc, y otra que haya dejado de tener carácter político, porque de hecho propone tener poder, pero por la vía de las organizaciones sociales”. 

Con respecto a las disidencias, afirma que no ve una agenda política que busque transformaciones. “Es decir, no son grupos revolucionarios”, concluye Rettberg.

Cree que sin bien el ELN “se ha metido muy de lleno al negocio del narcotráfico, lo está usando para expandir sus capacidades y en algunos casos se han diluido las motivaciones ideológicas”, no es el caso de toda la organización.

Pero, precisamente, la participación creciente de varias facciones del ELN en el narcotráfico está en el corazón de la nueva manera en la que Petro se refiere al grupo armado.

Nadie puede poner en discusión que producir y vender cocaína, como lo hacen también las disidencias de las Farc, ubica el ELN en la categoría de grupo narcotraficante. 

Las mismas Farc, que nunca renunciaron a la toma del poder por la vía de las armas, reconocieron en el acuerdo de paz de 2016 sus vínculos con el narcotráfico. Lo hicieron de manera implícita, el comprometerse, en el punto cuatro de ese pacto político, a “poner fin a toda relación que, en función de la rebelión hubieran tenido con el fenómeno (de las drogas ilícitas)”.  

Desde comienzos de la década de los ochenta, cuando los carteles de la droga de Medellín y Cali comenzaron a llevar semillas de hoja de coca a zonas controladas por las Farc, el narcotráfico ha sido un componente fundamental del financiamiento de los grupos armados colombianos, incluidos los antiguos paramilitares y las actuales bandas netamente criminales, como el Clan del Golfo.

La contundencia de esta realidad, que convive con la existencia de un ELN que todavía tiene discurso político, lleva a la directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), María Victoria Llorente, a concluir que “tenemos un conflicto híbrido que no es exclusivo de Colombia”.

“Una cosa es lo que sucede fácticamente y otra es la realidad jurídica –puntualiza Llorente–. Los del ELN pueden seguir siendo considerados delincuentes políticos, o sea, que se alzaron en armas para derrocar al Estado. Mientras subsista el Comando Central (Coce), estarían en esa categoría. Las disidencias, no”. 

Efectivamente el Coce subsiste, pero es un hecho que cada vez tiene menos control sobre las diferentes estructuras del ELN que operan en los territorios. 

También es un hecho que el hombre fuerte de ese mando centralizado no es Antonio García, sino el comandante del frente de guerra oriental, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, quien es conocido por el control que ejerce sobre las rentas criminales en una amplia zona fronteriza con Venezuela, y no por su agenda revolucionaria. 

La indignación de García

Antonio García, quien formalmente es el jefe máximo del ELN, reaccionó indignado al nuevo tratamiento verbal que le ha dado Petro a esa organización, como fue evidente en una columna que escribió para la publicación Voces.

“Jamás en el ELN habrá espacio para traquetos o narcos… El sueño de la DEA y la inteligencia del Estado colombiano ha sido tratar de introducirnos un caballo de Troya que esté vinculado a los negocios del narcotráfico para mostrar la ‘evidencia’”, señaló.

La mayor ironía de esta nueva discusión es que haya sido un presidente de izquierda, que además fue guerrillero del M-19, el que la generó. 

Como era obvio, García atacó a Petro por acusar al ELN de “abandonar las ideas revolucionarias” para "enriquecerse a través de la economía ilegal” y convertirse en “un grupo mafioso”. 

“Petro pretende que a punta de mentiras la realidad sea otra”, afirmó.

Pero así como el jefe del ELN propuso una comisión internacional para que verifique si ese grupo está involucrado en el narcotráfico, sostuvo también que cuando atacaron a los disidentes de las Farc en el Catatumbo, estos estaban en la tarea de procesar “12.000 kilos de cocaína para los narcos mexicanos”.

Es decir, Antonio García excluyó al ELN del negocio, pero no dijo qué pasó con esas 12 toneladas de cocaína.

Él y la mayoría de los integrantes del Coce están fuera del país desde hace mucho tiempo y no tienen capacidad para constatar lo que sucede en terreno con los frentes que se cobijan con la sigla del ELN.

Eduardo Pizarro dice que, si bien “el ELN todavía hace debate político, el problema es que, un grupo guerrillero sin sus comandantes en el terreno se descompone, y buena parte de los frentes del ELN se descompusieron”.

En este mismo sentido, María Victoria Llorente, la directora de la FIP, llama la atención sobre el parecido que tienen en la manera de actuar el ELN en Arauca y el Clan del Golfo en Urabá. Ambos grupos armados ejercen un férreo control territorial en esas zonas para asegurar sus rentas criminales.

La negación de Antonio García frente a las relaciones de varias facciones del ELN con el narcotráfico solo significa que no quiere admitirlas, porque ese reconocimiento desvirtuaría el carácter político de la organización armada, o que está completamente desconectado de lo que pasa con sus frentes en Colombia.

En el mejor de los casos, el ELN, cuyo origen político no está en cuestión, es hoy una mezcla de ideología, muy concentrada en el Coce, con una tropa cada vez más entrenada en el tráfico de cocaína.  

Aunque ese hecho, como han coincidido varios analistas, no los despoja totalmente del ropaje político, sí plantea retos para una futura negociación, pues luego del proceso de paz con las Farc se produjo un cambio en la Constitución mediante el cual el narcotráfico dejó de ser un delito conexo al político.

Y al margen de las referencias de Petro, que según Llorente y Rettberg son más que nada un discurso político, Pizarro cree que la decisión del ELN de no transformarse en un partido político dificulta los diálogos. Esto, porque la principal oferta para las guerrillas era que transitaran a la política para que desde ahí siguieran luchando por sus ideales, pero para el ELN ese ya no es un incentivo.

“Los diálogos se están convirtiendo en diálogos imposibles porque lo que exigen las disidencias y el ELN es que les permitan el control de las que llaman sus zonas históricas, pero eso es imposible porque no se les puede entregar territorios”, concluyó Pizarro.

Esto supondría que la guerrilla, que surgió en los años sesenta en Colombia para tomarse el poder político por la vía de las armas, está en proceso de extinción. Y que lo que existe hoy en el país es, como dice María Victoria Llorente, “un conflicto híbrido” en el que la causa de la revolución social que prevaleció durante décadas se ha venido diluyendo de manera acelerada ante la lógica criminal que se esconde detrás de la lucha armada en los territorios.