Prevenir sí, decidir no: la contradicción de los colombianos sobre la salud sexual y reproductiva

María José tenía 16 años y cursaba el grado once cuando se enteró. Estaba jugando fútbol y un balonazo en la barriga le dolió más de lo usual; la llevaron a urgencias ese mismo día, y una ecografía, sumada al cansancio y el bajo rendimiento en los últimos entrenamientos, confirmó sus tres meses de embarazo. No había pasado ni siquiera un año desde que le extirparon un quiste del ovario izquierdo, y se suponía que la probabilidad de tener hijos era baja, según dijeron los médicos luego de esa cirugía. Pero ahí estaba, con la mirada fija en el monitor.

“En ese entonces yo no pensé en abortar porque en la religión de mi familia eso se ve mal ante los ojos de Dios. Luego empecé los controles y las ecografías, y a las 23 semanas me dijeron que tenía la arteria uterina rota, y que todo mi embarazo iba a ser bastante riesgoso, incluyendo el parto. Ahí ya empecé a dudar de tenerlo”, recuerda María José.

Tal y como lo establece la ley, en el hospital le explicaron que podía abortar voluntariamente hasta la semana 24 y, después de ese tiempo, con una orden médica que justifique alguna de las tres causales determinadas por la Corte Constitucional como el riesgo a la salud o vida de la madre. “Ellos ya me habían compartido la orden para abortar y yo hasta la había firmado, pero me arrepentí”, cuenta María José. Su pareja fue la que la convenció de no hacerlo, pues ya llevaban tres años de relación, y ella estuvo de acuerdo con que lo mejor era dejar todo en manos de Dios. Aunque no son bautizados, van a la iglesia y conocen la palabra divina, y de lo que está bien y lo que está mal.

La octava medición de la Encuesta Mundial de Valores, realizada en 2024, incluyó por primera vez un módulo sobre planificación familiar. Cuando se les preguntó a los colombianos cuánta libertad tienen para decidir cuántos hijos tener y cuándo, el 74 por ciento respondió que mucha y el 14 por ciento que ninguna en absoluto. El 87 por ciento de los encuestados piensa que los anticonceptivos deben estar disponibles para todos y el 81 por ciento que la educación sexual ayuda a los jóvenes a tomar decisiones. Sin embargo, solo el 44 por ciento está de acuerdo con que las mujeres deben tener acceso a servicios de aborto seguro, mientras que el 93 por ciento considera importante que las niñas sigan estudiando si quedan embarazadas.

En materia de salud sexual y reproductiva, podría decirse que los colombianos creen que  “es mejor prevenir que lamentar”, pero lo cierto es que en el país la prevención todavía enfrenta muchos obstáculos y el aborto, más que un debate sobre valores, es un derecho.

Todo comienza por la información

María José tuvo a su hijo contra todos los riesgos que le advirtieron en la clínica. El bebé nació bien, pero ella estuvo hospitalizada en cuidados intensivos una semana antes del parto y otra después. “La verdad es que si me hubieran comentado y autorizado la planificación, mi vida no hubiera estado tan en peligro y, como quien dice, me habría ahorrado los problemas que tengo ahora. Yo siempre había tenido presente en mi vida tener hijos, pero no por ahora. Tampoco sabía que para mi cuerpo iba a ser tan difícil: yo veía embarazos sin tanta complicación, pero yo las tuve todas”, piensa.

Los problemas que tiene ahora María José son de salud: a causa del embarazo le diagnosticaron hipertensión, se cansa rápido y los pulmones le fallan. Y a lo que se refiere con que su vida sería diferente si le hubieran comentado y autorizado la planificación es a que no utilizaba ningún método anticonceptivo porque en su familia nadie le habló de ellos y tampoco estaba de acuerdo, pues desde muy pequeña le enseñó que eso contaba como intervenir en el plan de Dios.

Para Laura Castro González, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la autonomía reproductiva es progresiva y está determinada por la edad de la mujer o niña, el lugar de origen, la clase social, la crianza y otros factores contextuales que influyen en el acceso a la información. “La gente en general está más a favor de la prevención que de la despenalización del aborto porque no comprende las enormes brechas que hay en materia de educación sobre salud sexual y reproductiva. La gente cree que debería existir esa educación, pero no es tan consciente de que no existe ni de que, aun cuando exista, las mujeres, niñas y personas LGBT estamos expuestas a violencias (no solo sexuales) y entornos culturales que limitan el acceso a la información y hacen que terminemos tomando decisiones reproductivas evitables”, explica.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), más del 64 por ciento de la población reconoce que, a pesar de haber recibido algún dato sobre salud sexual y reproductiva a lo largo de su vida, le ha hecho falta mucha más información sobre el tema. En departamentos como el Vichada, solo el 23,4 por ciento de las mujeres ha accedido a educación sexual alguna vez. Aunque hay un consenso social en que la educación sexual ayuda a los jóvenes a tomar decisiones, el debate público en torno a ella complica su aplicación en la práctica.

En el borrador del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, el recorte en los recursos destinados a la salud sexual y reproductiva será del 97,5 por ciento, lo que implicaría una desfinanciación casi total de los programas estatales dedicados a la educación sexual y el acceso a anticonceptivos. Además de ese retroceso, Castro considera que “hay una movida política que no quiere que las menores de edad tengan información sobre salud sexual y reproductiva, y que buscan poner a las familias como entornos seguros cuando no es así”.

La directora operativa y de Transformación Social de la fundación Juanfe en Medellín, Melissa Romero, advierte que la educación sexual en Colombia todavía enfrenta dos grandes retos: “El principal es la dicotomía cultural sobre quién es el responsable. Las familias consideran que eso se debe enseñar en los colegios y los colegios consideran que eso se debe enseñar en las familias. Cuando ese tipo de cosas pasan, es difícil que la información llegue a ciertas mujeres”.

Según la ENDS de 2025, para el 80 por ciento de las personas encuestadas, los profesores y profesoras de escuela han sido el canal principal para aprender de sexualidad. Si bien ello contribuye a superar el monopolio familiar de la Educación Integral en Sexualidad (EIS), también agrega otro tipo de barreras culturales: un 34,3 por ciento de las mujeres y un 38,2 por ciento de los hombres temen que la EIS despierte “curiosidad innecesaria” sobre temas no aptos para la edad de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente persiste la división sobre si debe impartirse desde el preescolar o no.

El segundo desafío es que “se sigue cargando la educación y la planificación familiar sobre las mujeres y no tanto sobre los hombres, como si no fuera una responsabilidad compartida”, dice Romero. Del total de condones entregados por Profamilia entre 2020 y 2022, el 41,1 por ciento fue a mujeres adolescentes de 15 a 19 años, y solo un 3,9 por ciento a hombres; eso sin contar los implantes e inyecciones, los siguientes dos métodos anticonceptivos que más repartió la entidad y que están diseñados únicamente para mujeres.

Cuando la adolescente ya es mamá

Hace diez años, Alejandra tenía 17 y llevaba tres con su pareja. Se dio cuenta porque comió una empanada y no paró de vomitar; su periodo ya era irregular y había utilizado preservativo, por lo que no se le pasó por la mente esa posibilidad, pero a su mamá sí. Las dos siempre se han tenido mucha confianza: ella le dio permiso de entrar a su novio a la casa y así mismo le llegó con una prueba de embarazo para que salieran de dudas. Al día  siguiente la llevó al hospital a hacerse chequeos y desde entonces no dejó de apoyarla.

“Mi preocupación era qué iban a decir en el colegio porque me había lanzado de personera, y sentí ganas de no volver. Para mí fue un golpe tenaz porque quería irme de Sogamoso: me había inscrito en dos universidades, imaginaba que terminaba el once y que perfectamente estaría en Bogotá estudiando”, cuenta Alejandra. Después de hablar con el rector, todo fue más fácil de lo que pensó. Él le dijo que un embarazo no iba a impedir que siguiera estudiando, y que, al contrario, esa era una nueva motivación para realizarse y le dio más palabras de ánimo.

Que las niñas y mujeres continúen sus estudios aunque estén embarazadas es la afirmación sobre planificación familiar que menos se cuestiona en Colombia, pero no necesariamente viene acompañada de un respaldo real ni es tan sencillo como suena. “En el país hay muchas políticas de prevención del embarazo adolescente, pero una vez que ya la adolescente es mamá, no hay tantas. Los colegios no tienen ninguna dificultad en recibirlas, lo difícil es tener tiempo para estudiar con un bebé recién nacido”, señala Romero.

Durante los últimos meses de embarazo de Alejandra, los profesores le mandaron talleres hasta su casa, y como ya no podía caminar mucho fue al colegio solo a presentar exámenes finales. También, luego del parto, cumplió con las horas obligatorias de servicio social y después de que se graduó comenzó a trabajar en el restaurante de su familia. “Cuando ya tuve a mi hija, obvio no fue nada fácil”, recuerda, pero no se arrepiente de ser mamá joven porque siente que ha podido disfrutar cada etapa de su hija, cosa que un trabajo formal no le habría permitido. Hace poco, Alejandra terminó un técnico laboral en Atención a la Primera Infancia y ahora está estudiando una licenciatura en Educación Básica Primaria. Sin embargo, muchas adolescentes no disponen de una red de apoyo como la que tuvo ella.

El informe MILENA, publicado en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), muestra que las mujeres que fueron madres entre los 10 y los 19 años reciben, en promedio, un 23,5 por ciento menos de ingresos laborales anuales que aquellas que postergaron la maternidad hasta la adultez joven. También tienen menos posibilidades de acceder a educación superior y enfrentan mayores tasas de desempleo y de trabajo no remunerado en labores de cuidado y del hogar. En Colombia, esas diferencias representan más de 5,1 billones de pesos que dejan de producirse cada año y revelan que el costo macroeconómico es, en realidad, el reflejo del truncamiento de proyectos de vida, la pérdida de autonomía económica y la perpetuación de trampas de pobreza para miles de jóvenes colombianas.

“Sabemos que una de las mayores causas de pobreza es el embarazo adolescente. Una vez que una mujer es madre adolescente, deja de estudiar y pierde la oportunidad de acceder a empleo, y si tiene trabajo es informal o mal remunerado. Entonces sus hijos empiezan a crecer con carencias económicas”, explica Romero. Las consecuencias del embarazo adolescente se extienden a lo largo de la vida y se mezclan con otro cúmulo de circunstancias sociales que hacen de esta problemática un ciclo complejo de cerrar.

De acuerdo con la ENDS de 2015, el 52 por ciento de las mujeres de 13 a 14 años que fueron madres adolescentes son, a su vez, hijas de mujeres que fueron madres adolescentes. Los porcentajes más altos de madres adolescentes que tienen hermanas mayores que tuvieron hijos antes de cumplir los 18 años se encuentran en la zona rural (46 por ciento). Los patrones en las prácticas sexuales y reproductivas son una de las causas del embarazo en la adolescencia que se transmite entre generaciones.

En la familia de Alejandra, por ejemplo, dos de sus primas quedaron embarazadas a los 18 y 19 años —casi al mismo tiempo que ella— y su mamá tuvo el primer hijo también a los 17; la mamá de María José se convirtió en mamá joven a los 14 y de nuevo a los 16. “No es solamente un tema de educación sexual, sino también de cultura, de que eso fue lo que sucedió en su casa y que, de alguna forma, lo ven normal”, dice Romero.

La fundación Juanfe, que lleva más de dos décadas trabajando por y para niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad, estima que 1 de cada 7 nacimientos registrados en el país durante 2025 corresponde a niños y niñas de madres entre los 10 y los 19 años. Aunque la cifra todavía es preocupante, el embarazo adolescente ha disminuido en Colombia en la última década. El paradigma está cambiando.

Según la ENDS de 2025, el deseo de tener más hijos de mujeres que ya son madres cayó cerca del 40 por ciento y la intención de no tener hijos o de postergar indefinidamente la maternidad se manifiesta más en mujeres jóvenes que aún no han tenido al primero. Si se suma a quienes ya están esterilizadas, la cifra total de mujeres que no desea más hijos alcanzó el 76,7 por ciento en 2025 (frente al 66,0 por ciento de 2015), la cifra más alta registrada en la historia de la encuesta.

Para Laura Castro, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es importante entender que “la caída de la natalidad no está asociada con que las mujeres tienen más derechos, sino que, en el fondo, la razón es la desprotección de los Estados, una mayor carga de cuidado para ellas y condiciones más frágiles para la vida en sociedad. Cada vez hay menor certeza sobre si puedo tener una casa y mayor incertidumbre sobre la posibilidad de criar o no a mis hijos e hijas. Todo eso termina en un aplazamiento de las decisiones reproductivas”.

Lo que significa el derecho a decidir

Diana quedó embarazada a los 17 años porque falló su método: al momento de tener relaciones sexuales, se cuidó con una pastilla del ‘día después’. Desde que se enteró, no hizo sino llorar: “Primero, yo sentía que me daba pena que la gente viera que estaba embarazada porque sabía que me iban a señalar, iban a hablar y a decir cosas, y no quería pasar por nada de eso. Segundo, yo sentía que tenía unas metas y que me estaba desviando de ellas, quería seguir estudiando. Tercero, nunca he querido tener hijos”, dice.

Sus razones para interrumpir la gestación no distaban mucho de las de otras mujeres que lo han hecho. Según un estudio de Profamilia, la falta de preparación de las gestantes tiene el porcentaje más alto (68,2 por ciento de las participantes), seguido por las preocupaciones económicas (58,6 por ciento) y los problemas de salud (28 por ciento). “Yo no quería tener al bebé: hablé con doctores, con psicólogos y les dije que quería abortar. Iba para cuatro meses de embarazo. En ese entonces no sabía muy bien hasta cuántas semanas uno podía hacerlo, pero sí sabía que uno tenía derecho a elegir”, cuenta Diana.

Desde la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto por la sola voluntad de la persona, varios reportes oficiales registraron un incremento significativo en las solicitudes y procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia. Sin embargo, el capítulo sobre aborto de la ENDS encontró que solo el 60,6 por ciento de las mujeres de 13 a 49 años conoce la sentencia y la regla de las 24 semanas, lo que refuerza la necesidad de mayor difusión de la norma, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. El mismo documento agrega que “la principal barrera para la realización de la IVE fue el cambio de decisión motivado por talento humano en salud, lo cual resalta la persistente influencia de normas sociales en la toma de decisiones sobre la salud sexual y reproductiva”.

Yesenia Naranjo, profesional psicosocial en atención de casos de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres, señala que aun cuando su asesoría es lo más cálida posible, las mujeres no se acercan convencidas de que van a ejercer un derecho, sino que llegan tratando de justificar su decisión o buscando que avalen su historia, y lo mismo hacen en el hospital. “A las mujeres les cuesta mucho entender que pueden exigir y reclamar un derecho sexual y reproductivo que ya existe, y que cuando se accede a él debe haber un acompañamiento por parte del sector salud libre de prejuicios y estigmas, con la información necesaria para decidir”, explica.

Diana ya estaba decidida, e incluso contaba con el apoyo de su mamá. “Como veía que yo estaba súper mal, llorando, me dijo: ‘Bueno, eso es lo que tú quieres, eso es lo que vamos a hacer’. Hasta la psicóloga de la clínica me dijo que si yo quería podía hacerlo, pero que eso tenía sus riesgos, que me podía morir porque el bebé ya estaba bastante grandecito o que podía tener una hemorragia”, cuenta ella.

Para Naranjo, las instituciones no representan en sí mismas una barrera, sino que son sus funcionarios y funcionarias quienes las crean basándose en prejuicios o preceptos que tienen frente al aborto. Si bien hay ocasiones en las que durante la atención médica se trata de persuadir mediante valores religiosos, miedo y culpa, hay otras en las que esa intervención es más sutil. “En esa ruta que la mujer está transitando para su aborto se dan altos niveles de desinformación. Uno se imagina al médico gritando o regañando a la mujer en el consultorio y no, la desinformación a veces se da en un tono de voz supremamente amable y cercano”, dice.

“En la segunda ecografía fue que me decidí, no por salud, dino porque yo hasta quería correr mis riesgos. Yo decía: ‘No me importa, yo quiero abortar’. En esa segunda ecografía que me hicieron para mostrar al bebé, ya el niño estaba bastante formadito, grandecito, y me pusieron a escucharle el corazón. En ese momento me arrepentí y decidí que iba a continuar con el embarazo”, recuerda Diana.

A pesar de la desconfianza en el sistema de salud,  la decisión que toma la mujer hace parte del ejercicio mismo de su autonomía reproductiva. “Que exista un marco normativo sobre IVE no es igual a que toda mujer que busca asesoría o información será un caso exitoso si, y solo si, accede al procedimiento de aborto”, dice Naranjo, quien además subraya que esa libertad abarca tanto la opción de abortar como la de continuar la gestación, y eso también es una victoria.

“Cuando nació, fue muy difícil para mí aceptar que yo había tenido un bebé. Pero pasaron dos o tres meses y la conexión era demasiada, entonces olvidé que me sentía sola y dije: ‘No, ya no puedo estar más triste, tengo que estar bien, por él, por mi mamá’. Para mí fue una buena decisión, aunque al principio estaba confundida, acepté que tampoco podía hacerle eso a un bebé que ya estaba formado, no me dio el corazón”, dice Diana.

Además de los valores de los colombianos que limitan el acceso a un aborto seguro, persisten los intentos legislativos por parte de sectores conservadores que pretenden restablecer la penalización o reformar la Constitución para proteger la vida desde la concepción. “Proyectos de ley regresivos hemos tenido siempre. Ahora hay una exacerbación de movidas antifeministas y antigénero, pero nosotras siempre hemos trabajado en contextos restrictivos. Una de las narrativas que utiliza la derecha es hacernos creer que hubo un pasado mejor para las mujeres, pero no es cierto, nosotras nunca hemos vivido por fuera de sistemas de violencia o de subordinación económica ni hemos vivido en contextos de total libertad y autonomía reproductiva”, opina Laura Castro.

Su sugerencia para proteger los derechos sexuales y reproductivos en estos tiempos es hacer frente a la desinformación con un trabajo pedagógico sobre qué son y por qué tienen que ver con cosas tan fundamentales como la economía, la democracia y la justicia social. Por esa misma línea va Naranjo: “Las mujeres tenemos que hablar cada vez más de aborto, y no solamente las mujeres, sino la sociedad. Deberíamos poder hablar de aborto como cuando nos sentamos a conversar del estilista que nos hace muy bien el cabello. El aborto como tema debería ser cada vez más recurrente para ir quitándole peso a esos imaginarios que todavía existen”, concluye.