‘Hay heridas, pero es posible seguir adelante’

CAMBIO: ¿Cuál es el aporte que desde el Ministerio de Agricultura se ha hecho al programa Apuesta por el Desarrollo Rural Integral del Norte del Cauca?

Martha Carvajalino: Hemos venido construyendo un diálogo que nos ha permitido ponernos de acuerdo con Asocaña sobre cómo intervenir en un territorio de la mano con las comunidades. Para el norte del Cauca, el Gobierno ha diseñado la Comisión Intersectorial del Norte del Cauca y, con ello, ha fortalecido el Consejo Intercultural Interétnico del Norte del Cauca, en una perspectiva de dialogar con todos los grupos sociales que hay allí. 

Hay dos grandes apuestas. La primera es resolver o transformar las tensiones interculturales entre comunidades negras, indígenas y campesinado. En esta alianza con Asocaña, en particular, buscamos que ese proceso de transformación de los conflictos interculturales nos ponga también en el diálogo con la industria de la caña sobre los conflictos de uso, ocupación y tenencia de la tierra. El eje transversal es ponernos de acuerdo en la necesidad del desarrollo rural de las comunidades que están allí, la contribución que pueden hacer el Gobierno y la industria para ese desarrollo rural que requiere de buenas prácticas agropecuarias, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades alrededor de la producción del café, el cacao, la caña panelera, y de otros productos que representan esa agricultura campesina, familiar y comunitaria, cuyo crecimiento y estabilización pueden promover diálogos sobre la paz en el territorio. Y, al lado de eso, una discusión sobre la tenencia de la tierra: cómo empezamos a resolver esta tensión de la ocupación de tierras cañeras, de vieja data, con acuerdos con las comunidades y la industria, mediados por el Gobierno para generar una gobernanza en paz.

CAMBIO: Los propietarios de las tierras invadidas han presentado los títulos que acreditan esa propiedad privada. ¿Los dueños de esas tierras cañeras qué tendrían que hacer para llegar a un acuerdo que les permita recuperar su tierra?

M.C.: Hay varios mecanismos. El principal se enmarca en la política general de este Gobierno, la compra de tierras por oferta voluntaria, que cuenta con acuerdos que nos permiten avanzar para atender las pretensiones de las comunidades campesinas, indígenas y negras en tierras que han sido ofertadas voluntariamente por sus propietarios. Sólo compramos aquellas que acreditan propiedad privada y que sean ofertadas por quien acredita esa propiedad, para ponerlas a disposición de la reforma agraria.
Hay una historia de ocupación e invasión de tierras en las pretensiones de los pueblos indígenas sobre esas tierras, y lo que prevé la Ley 160 de 1994 es la facultad que tiene la administración para comprar las que han sido invadidas en la perspectiva de poder resolver los conflictos de tenencia de tierras. Es el caso, por ejemplo, de un propietario que hace muchos años no puede explotar su propiedad porque ha sido ocupada por un grupo que tiene derecho a que el Estado le compre su tierra y reconozca el valor de la propiedad que tiene.

CAMBIO: ¿Se están haciendo negociaciones concretas de compra de tierras en el norte del Cauca? ¿Hay cifras al respecto?

M.C.: Hay unos procesos iniciales con esas fincas muy mencionadas que se vienen entregando. Esperamos poder cerrar ese ciclo. Se vienen identificando unas tierras que han sido ofertadas por propietarios dedicados a la caña. En el norte del Cauca tenemos altos precios de la tierra en virtud de las características de los suelos, comportamientos del mercado y la expectativa que genera su compra. El IGAC ha avanzado en establecer valores de referencia que nos permitan hacer compras más seguras sobre precios que se han estudiado. Venimos avanzando, a través también de un diálogo con Asocaña, en detectar cuáles son los propietarios que quieren ofertar esas tierras y, de manera clara, en el momento de la compra saber cuál será su destinación específica para que no generemos con la compra más conflictos como los que se han presentado en anteriores ocasiones.

CAMBIO: Algunos productores de la zona que forman parte de esta apuesta (cacaoteros, cafeteros, paneleros) dicen que no es únicamente tierra. Que más que terreno, necesitan infraestructura como vías terciarias, tecnología y herramientas para hacer empresa.

M.C.: Hay pretensiones territoriales, de acceso a la tierra, en varios grupos de las comunidades negras, indígenas y campesinas. No necesariamente son iguales: los indígenas reivindican una relación ancestral, las comunidades negras, una con el territorio, y los campesinos, otras relaciones. Pero, en lo fundamental, reivindican el acceso a tierras para quienes no las tienen o las tienen de manera insuficiente. La entrega de tierras requiere un acompañamiento y un andamiaje estructural, que nosotros hemos denominado la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria, porque el poder acceder a tierra requiere también acceder a la democratización de bienes y servicios públicos rurales. Estamos hablando de vías, infraestructura para la transformación o para el acopio, redes ‘agrologísticas’ para una producción eficiente en términos de costos de producción, para comercializar y generar esa ganancia. Y ahí no es sólo el sector agricultura: ahí concurre el conjunto del Gobierno Nacional. 

CAMBIO: ¿Cuál es el plan concreto para que el Gobierno logre actuar como conjunto? 

M.C.: El plan concreto tiene que ver con el diseño del Programa Especial de Adquisición de Tierras por Oferta Voluntaria, según decreto 1623 del año pasado, que implica que, al comprar tierras con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural ingresa al proceso de adquisición para hacer la planeación productiva de esas tierras, y no para hacer una planeación ‘intrapredial’. 

Si hay tres cadenas –panela, cacao y café, por ejemplo– lo que debería hacer la Agencia de Desarrollo Rural, y esperamos que lo esté haciendo, es saber cuántas hectáreas sembradas se van a tener de cada producto en esta zona, y cuáles son los procesos requeridos para su transformación, acopio y su comercialización.
En el norte del Cauca tenemos la ventaja del convenio con Asocaña, que brinda la asistencia técnica a estos productores para buenas prácticas que permitan la formalización de las cadenas de producción. Eso asegura una perspectiva de transformación y comercialización. Entonces, allí se necesita incorporar bienes y servicios públicos rurales, no prediales, que sean regionales, a una escala que permita tener economías con mayor acceso a mercados. Vamos por buen camino: nosotros acabamos de instalar la segunda sesión de la Comisión Intersectorial de Reforma Agraria en la presidencia de la República.

CAMBIO: Asocaña adelanta la renovación de cultivos, primer paso de esta apuesta, y alianzas con otros gremios del sector privado para avanzar en el segundo paso de este proyecto. Sin embargo, de Asocaña no depende infraestructura como vías terciarias y acceso a la tecnología. ¿Hay un plan del gobierno para proveer de esa infraestructura a los productores escogidos en esta alianza, que ya tienen tierra cultivada?

M.C. Hay un Plan Nacional de Vías Terciarias. No le podría decir si ese plan tiene una apuesta específica para el norte del Cauca. Lo que hacemos desde la Comisión Intersectorial es presentar los núcleos donde estamos haciendo intervención de reforma agraria para que puedan ligarse con la priorización de las vías terciarias. Estamos llamando a los alcaldes y gobernadores, que tienen una responsabilidad muy importante en infraestructura rural pública, para que puedan concurrir y atender las necesidades que tiene la gente.

CAMBIO: En plata blanca, ¿no hay o no se ha priorizado un plan que vaya de la mano de la Apuesta por el Desarrollo Rural Integral del Norte del Cauca, que pronto necesitará infraestructura para alcanzar las metas fijadas?

M.C.: El plan sí se tiene. Es un plan formulado, diagnosticado, que prioriza y define cuáles son las vías terciarias que habría que atender de conformidad con lo dispuesto. El plan lo construyen Invías y el Ministerio de Transporte.

CAMBIO: Una de las quejas de los productores es que las soluciones que llegan de Bogotá no tienen en cuenta a las comunidades y, por lo mismo, no siempre responden a sus necesidades reales.

M.C.: El Plan Nacional de Vías Terciarias como el Plan de Comercialización de la Economía Campesina o el Plan de Electrificación de la Ruralidad Colombia comprende los 16 planes sectoriales del punto 1 del Acuerdo de Paz que formuló el gobierno anterior. Ya tienen un diagnóstico construido por los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

En el caso de los que manejamos el sector de comercialización, riego y drenaje, los planes se construyeron con la gente. Esos planes no son conocidos, no se les ha hecho socialización, pero están y tienen unos dolientes. Intentamos articular la acción del Estado para que, por donde va, por ejemplo, Minas y Energía implementando el Plan de Electrificación Rural, pase Invías haciendo lo mismo con su Plan de Vías Terciarias, y lleguemos nosotros con la reforma agraria, formalización y comercialización.

CAMBIO: ¿Hay alguna manera de garantizar que esas líneas que no dependen del Ministerio de Agricultura caminen al tiempo?

M.C.: Es lo que hacemos en la Comisión Intersectorial del Alto Gobierno, que tiene ocho subsistemas, donde están sus preocupaciones fundamentales, que son bienes y servicios públicos rurales como salud, educación, vías, etc, y tiene a todos los ministerios coordinados por el DAPRE para que podamos intervenir de manera articulada. Eso no se había hecho. 

La Comisión Intersectorial es una instancia de planeación que permite decir, para el siguiente semestre y el otro año, hacia dónde vamos y con quién vamos, y coordinar al conjunto del Gobierno. Todo el país tiene necesidades y el arte de gobernar es el arte de priorizar y saber para dónde vamos. 

CAMBIO: Para varios productores de las comunidades de la zona, el cambio climático representa mayor amenaza que incluso la presencia de las disidencias de las Farc. ¿Tiene previsto este ministerio un plan para prevenir o auxiliar a esas personas en eventos de extremas sequías o inundaciones que afecten sus cultivos?

M.C.: Primero, el tema fundamentalmente es preventivo. Venía un Fenómeno del Niño terrible, y entonces había que prepararse. Hablamos de ahorrar agua, de construir reservorios, de reforestar para garantizar caudales en nuestras cuencas, etcétera, y el Fenómeno no fue como esperábamos.

Viene el de la Niña y las inundaciones van a ser severas. En efecto, ya ni siquiera podemos prever las perturbaciones drásticas: el cambio climático ya va en un punto demasiado avanzado.

La campaña, entonces, se enfoca nuevamente en la prevención: construir reservorios, insistir en los temas de reforestación, cosechar agua. Tenemos unas mesas agroclimáticas instaladas en los territorios que avanzan en tomar medidas y podemos incorporar pequeñas tecnologías que ayudan. 

En segundo lugar, tenemos que tomar una decisión de fondo de cómo reformar la producción agropecuaria frente a la crisis del cambio climático no sólo para mitigar sus impactos, sino para hacerle frente de verdad. Así, la industria cañera viene incorporando procesos tecnológicos para hacer un uso eficiente del agua y procesos de reforestación en las cuencas. La agricultura campesina es el futuro, porque hace rotación de cultivos, protege los suelos y puede combinar una producción forestal con una agrícola.

Lo tercero es el financiamiento. En la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario estamos afianzando algunas líneas de tasa subsidiada y de incentivos de capitalización rural para avanzar en innovación tecnológica en la producción agropecuaria que nos permita que la producción no sólo mitigue el impacto climático, sino que aporte a la transformación del sector agrícola. Fortalecer a través del aseguramiento del crédito agropecuario para que la gente empiece a sembrar y sepa que si hay un fenómeno climático que afecta su cosecha, tiene la posibilidad de proteger su ingreso a través de financiamiento. Si la producción alimentaria es la sostenibilidad y la seguridad de un país para proveer sus alimentos, yo tengo que generar instrumentos que incentiven esa producción y que protejan el producto.

CAMBIO: ¿El Ministerio de Agricultura está interesado en que otros gremios les presenten proyectos similares a la Apuesta por el Desarrollo Rural Integral del Norte del Cauca, iniciativa de Asocaña, construida con las comunidades?

M.C.: La esencia del acuerdo nacional, de la Reforma Agraria, es poder sentar a los sectores productivos, al sector privado, a los gremios que representan esa producción, a tener ese tipo de conversaciones. El acuerdo que tenemos con Fedegán, con sus bemoles, sus ‘ires y venires’, es parte de eso. Es decir, hoy las tierras que nos interesan para la reforma agraria son las que, en general, están en ganadería extensiva porque son los grandes predios con una producción ineficiente. Son las que nos interesa comprar, y es decirles a los propietarios que están agremiados en Fedegán: ‘Ofértenos sus tierras, que nosotros las queremos comprar a precio comercial y ponerlas en manos de la agricultura campesina’. Esa es la muestra de lo que podría ser ese el acuerdo nacional.

CAMBIO: En esas tierras no va a haber ganadería.

M.C.: No, porque se trata de resolver un conflicto de uso del suelo que hemos caracterizado hace 100 años. Las tierras planas que deberían dedicarse a la agricultura y están en la exposición de motivos de la ley 200 de 1936, las necesita el país para una agricultura de crecimiento en cadenas. La apuesta del Gobierno es comprar tierras para la economía campesina, que también puede ser una economía de escala. Si en el norte del Cauca, por ejemplo, se siembran 30.000 nuevas hectáreas de café, esa es una economía a escala y puede haber 100 familias produciendo café. Después de que haya muchas con una línea productiva –café, panela, cacao– en el norte del Cauca, o frutales en la costa, es que los podamos asociar a través de las cooperativas de producción para lograr un proceso de transformación y comercialización eficiente y rentable, que es como lo ha pensado la Reforma Agraria desde hace más de 60 años. 

CAMBIO: Los azucareros están trabajando con las comunidades de su zona de influencia, y esas comunidades lo que menos siembran es caña.

M.C.:  Esa es la otra dimensión, ¿Cómo hacemos para que los grandes y medianos productores, que tienen una estabilidad en algunas regiones muy asociadas a los grandes monocultivos, pensemos en la palma, por ejemplo, y se sienten a discutir, no con el Gobierno, sino con las comunidades, como lo hizo Asocaña? El planteamiento a futuro es esta discusión entre el gran sector privado, los productores pequeños y la agricultura campesina. 

¿Qué queremos producir? ¿cómo lo vamos a producir? ¿con quién lo vamos a producir? Frente a la crisis del cambio climático, frente al tema de la producción de alimentos en términos de abastecer alimentariamente al país, pero también en términos de la paz, lo que venimos haciendo con Asocaña muestra que eso se puede hacer. Pongo la discusión sobre la paz en el territorio: si la gente se empieza a entender, si se desincentiva el prejuicio y la estigmatización, se puede avanzar. Tuvimos una reunión con Asocaña y con Procaña, y el balance que hace Claudia Calero, de Asocaña, es positivo. También Procaña hace un balance positivo en términos de tener menos incidentes, porque sabemos quién es quién, porque estamos ahí. Cuando alguien dice: “es que a mí me gustaría tener esa tierra”, pero sabe que el dueño de ella es, digamos, Pedro, lo piensa dos veces porque nos reconocemos en el territorio. Y eso implica desbaratar prejuicios como el racismo, el clasismo y todo lo que forma parte de la historia agraria. Hay heridas, pero es posible seguir adelante.

CAMBIO: El sector azucarero tiene 5.200 hectáreas invadidas en el norte del Cauca. Están secuestrando a los trabajadores y entre enero y junio hubo 159 casos de reclutamiento  de menores, 125 en el Cauca. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, insiste en que puede haber planes maravillosos, pero si no hay una garantía de seguridad, van a fracasar.

M.C.: El Gobierno inició una reunión con los gremios, el Ministerio de Defensa y toda la fuerza pública. Se llegó a unos acuerdos. El Gobierno, en general, tiene dos estrategias que nosotros podemos acompañar. La paz total como una apuesta para poder construir la desmovilización o la reincorporación de los grupos armados a las propuestas de la legalidad, en eso habría que seguir insistiendo. Nosotros no estamos en las mesas de negociación, pero acompañamos las iniciativas necesarias para tratar de consolidar esa apuesta del Gobierno Nacional.

Y la segunda tiene que ver con la concepción de la seguridad humana, de poder fortalecer las gobernanzas territoriales. Que los productores grandes o pequeños se sientan seguros. Que el campesinado, indígenas y afros se sientan acompañados para decirles “no” a los actores armados ilegales. Es lo que hicimos en la Amazonía. Es difícil, pero es reconstruir la posibilidad, desde el territorio, de que la gente se organice. Poner al Gobierno Nacional, pero también a los territoriales, a estar allí con la gente, para que la gente recupere la presencia institucional. Son las dos apuestas que en este ministerio hemos orientado en conjunto al sector. 

CAMBIO: Uno de los temas que han manifestado los cultivadores es la necesidad de aprender a hacer agroturismo, pero la inseguridad es un gran impedimento.

M.C.: Sí, son los temas estructurales, y yo creo que están asociados no sólo a la presencia de un actor armado, sino a la persistencia de las economías ilícitas. Entonces, por ejemplo, algo que ha dicho el presidente es que necesitamos resolver el tema de la salida al Pacífico. Si nosotros logramos restablecer los puertos y facilitar el tema de la salida por el Micay al Pacífico y poner allí unas economías lícitas, habrá transformación.

CAMBIO: Hay una enorme diferencia entre la cantidad de tierra que tienen los indígenas, comparada con la que tienen los ‘afro’ en el norte del Cauca. Es una de las grandes quejas de la comunidad ‘afro’. ¿El Ministerio de Agricultura promueve alguna acción para que haya más equidad en la repartición de tierra?

M.C.: Detrás de este tema está la historia del reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos, tanto indígenas como comunidades negras y, ahora, campesinos. Prácticamente, desde la fundación de la República, por un peso colonial fuerte ya estábamos reconociendo los territorios indígenas y de los resguardos. En cambio, los territorios de las comunidades negras los venimos a reconocer con la Constitución del 91. Sin embargo, tenemos casi todo el Pacífico constituido en territorios colectivos de las comunidades negras. 

CAMBIO: Si el Gobierno tiene claridad de que llevamos 200 años reconociendo las tierras indígenas, un año las campesinas y 40 años las de los ‘afro’, ¿por qué sigue dándole más tierra a los indígenas y no se concentra en equiparar la diferencia?

M.C.: No es más tierra. Si usted ve las cifras de Constitución de Resguardos y de Ampliación de Resguardos, los grandes números están en la Amazonía, cuyos territorios son, además, protegidos. Es lo que estamos intentando hacer en zonas con conflictos interculturales, como por ejemplo en el Catatumbo, donde hay un conflicto indígena-campesino frente a la zona de reserva campesina. O con los Barí, en el Perijá, que es un conflicto también del pueblo indígena con la zona de reserva campesina, o en el norte del Cauca, donde ya son conflictos entre afros, indígenas y comunidades campesinas. Avanzamos en acuerdos interculturales, y aquí hay una muy mala práctica que ha agudizado los problemas, que es reconocer este territorio indígena por encima de la comunidad negra y lo que se hace es generar una ‘miniguerra’ frente a ese territorio.

Entonce,s la instalación del Consejo Intercultural e Interétnico nos ha permitido escuchar esas voces y decirles que busquemos un acuerdo. Entregaremos tierras de fincas cañeras que llevan décadas de conflicto, como La Emperatriz, en el norte del Cauca, porque ya logramos que allí hubiese un acuerdo. No un acuerdo forzado por el Gobierno, sino uno que tiene que nacer allí, para que esas comunidades lo respeten y se lo apropien.

CAMBIO: ¿El hecho de que el Gobierno le entregue estas fincas invadidas, con unas historias tremendas de sangre, a quienes invadiron, no es legitimar las vías de hecho, los actos de invasión porque siempre van a terminar bien?

M.C.: Pero eso es parte del régimen agrario desde hace 100 años.

CAMBIO: Sí, pero hasta qué punto…

M.C.: La discusión debe ser cuál ha sido el modelo de ocupación tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades campesinas frente a un Estado que ha obviado ordenar y reconocer las brechas que hay entre quien produce la tierra y quien tiene el título: esa es la pelea de más de 100 años. Estamos hablando de la primera norma que se pronuncia frente a eso, es la ley 48 de 1882, que empieza a tomar una decisión en el ordenamiento jurídico de que la tierra es para el que la trabaja y pone a defender al Estado al que entró a ocupar la tierra, a pesar de que había alguien con un título. Es la discusión de cómo y quién produce la tierra. Claro, eso hoy en día suena terrible porque ya todo está ocupado, ya hay tensiones, pero en general ha sido un modelo de ocupación.

CAMBIO: O sea, esa ley de 1882 legitima una invasión…

M.C.: Ordena proteger al colono que está produciendo la tierra. No es una invasión: es un modelo de ocupación, porque el régimen jurídico en Colombia empezó a entregar las tierras por connotación fiscal y de colonización. Se les decía a los extranjeros, a principios del siglo antepasado –estamos hablando de la primera República–: ‘Venga, mónteme un tren o ponga a producir algo y yo le entrego títulos’. Entonces, los extranjeros venían y se les entregaban 30.000, 40.000 hectáreas entre un río y el otro. Y venían los militares de las batallas y se les entregaban títulos entre un río y el otro, pero allí no había gente o había gente que estaba produciendo la tierra. Es lo que alguien llamó la ‘pelea del papel contra el machete’, la del título contra el que ocupaba la tierra. Eso se fue desarrollando y el Estado nunca se preocupó por ordenar esa situación más allá del ordenamiento jurídico, porque implica una presencia territorial. No se trata de incentivar invasiones, sino de ordenar las situaciones y los conflictos de tenencia y propiedad de la tierra.

CAMBIO: Algunos interpretan eso como una violación a la propiedad privada…

M.C.: Claro, pero no es la propiedad per se. Se es dueño de la tierra, pero hay que ponerla a producir. Es el trabajo sobre la tierra, y entonces a ese que tiene ahí su cacao, su caña, es decir, que está produciendo, debemos protegerlo y ampararlo no por la propiedad per se como derecho inmaculado y absoluto, sino por la producción agropecuaria.

CAMBIO: Lo que se está haciendo es que entran a quemar los cañaduzales, que son tierras sembradas.

M.C.: Claro, es el conflicto que queremos desincentivar, porque aquí hay que poner sobre la mesa las pretensiones de los pueblos indígenas que, como en la Sierra Nevada de Santa Marta o del Catatumbo, son inmensas. Todos tendríamos que mejorar nuestras prácticas sobre la tierra, pero hay unas discusiones que tienen que ver con el reconocimiento de la ancestralidad. Por eso son importantes los acuerdos interétnicos e interculturales, y no es cosa de decir ‘Venga, nos sentamos en Bogotá’. Es allá.

CAMBIO: Dicen, palabras textuales, “nos mandan de Bogotá unos corbatudos de por allá que no tienen ni idea de qué pasar acá”.

M.C.: Eso es parte del cambio que hemos hecho en el Gobierno. Todos los ministerios son entidades absolutamente centralizadas. El Incora, por ejemplo, era una entidad que tenía una oficina, al menos por departamento, con presencias en algunos municipios, y la liquidamos. Y se nos ocurre que para cumplir el Acuerdo de Paz la solución era poner una entidad absolutamente centralizada, con 8 oficinas satélites en todo el país. ¿Cómo hago yo reforma agraria? ¿Cómo avanzo en el desarrollo rural? Toca descentralizar. Deberíamos tener un sector muchísimo más sólido y esto ya es una locura mía: no debe haber entidades adscritas, sino un gran Ministerio de Agricultura con presencia al menos en todos los departamentos, y ojalá en la mitad de los municipios.

CAMBIO: Y de la mano del Ministerio de Medio Ambiente...

M.C.: Claro. Pedirle a un Gobierno nacional –chiquitico, disminuido, acabado, que sólo está en Bogotá– que resuelva, es muy complejo. Nos toca recurrir a todo para que nuestros contratistas y funcionarios puedan ir a atender a los territorios. Es un costo que no se debería estar asumiendo o que sería mejor asumir con una oficina sólida y robusta.

CAMBIO: ¿Cuál es la mayor diferencia y la mayor coincidencia que se ha dado en la Apuesta por el Desarrollo Rural Integral del Norte del Cauca? 

M.C.: La mayor coincidencia es que el sector agropecuario debe crecer democratizando los servicios públicos, las vías terciarias, la infraestructura para la transformación y los bienes rurales como elemento de desarrollo esencial para consolidar la estructura agropecuaria. La principal diferencia está alrededor de los temas de uso y tenencia de la tierra. Los temas de las pretensiones de las comunidades étnicas creo que es la principal, aunque no diría diferencia, sino el principal escenario de tensión, 
Necesitamos jueces con presencia en los territorios, con un conocimiento especializado y herramientas interdisciplinarias que permitan resolver los conflictos. 

CAMBIO: Pero también se percibe temor en los empresarios porque se está irrespetando el derecho a la propiedad privada, básicamente.

M.C.: Hay una carga ideológica de un sector político. Es decir, la expropiación agraria es una reivindicación liberal de hace 100 años, desde la ley 74 de 1926, cuando ya se hablaba de la necesidad de redistribuir las tierras para poder democratizarlas y ponerlas al servicio de la producción agrícola.
También es un debate económico para el país. El de por qué tener unas sabanas impresionantes, con suelos que se llenan con las aguas que vienen de nuestras montañas, que tienen nutrientes, y no se ponen a producir como debería. Todavía tenemos una acumulación de buenos suelos en Colombia que no han sido eficientemente explotados. Incluso hay procesos de hace 90 años y lo que estamos haciendo en la jurisdicción agraria es enlistarlos para que el juez nos pueda resolver la discusión claramente.
Entonces aquí les hemos dicho: ‘Quien produce la tierra no debe tener angustia. Aquí se protege a quien la produce, y ojalá que la produzca bien, y que la produzca de manera sostenible pensando en la crisis climática’.

CAMBIO: Esta apuesta con Asocaña, Gobierno y comunidades está concebida para 10 años. ¿Este gobierno puede garantizar su permanencia en ese lapso?

M.C.: Evaluamos cómo facilitar la permanencia de las políticas del Gobierno en el sector. Estamos estudiando cuáles serían los mecanismos no para amarrar a ningún gobierno, sino para poder dejar que lo que funciona siga siendo sostenible. La única forma de garantizar la continuidad es fortaleciendo y consolidando los procesos organizativos de las comunidades y los territorios, y apropiándolas de los instrumentos. 

*Contenido elaborado con el apoyo de Corazón de Caña.