Incertidumbres regulatorias podrían afectar la inversión en el mercado eléctrico y los objetivos de transición energética

CAMBIO: Las políticas sobre la transición energética avanzan lentamente frente a la creciente demanda, y a ello se suman retos como la falta de infraestructura de transmisión. ¿Cómo evalúa la regulación actual del sistema? 

Manuel Gómez Fajardo: A pesar de los esfuerzos de la Upme para la expansión de redes en el Plan de Expansión de Referencia y de sus iniciativas con los planes de obras urgentes, lo cierto es que hay rezagos en el desarrollo y construcción de infraestructura de transmisión. Además, los procesos de asignación de capacidad de transporte requeridos para el desarrollo y construcción de nuevos proyectos han avanzado de manera muy lenta; no han cumplido con los términos legales y regulatorios; han aplicado escenarios y señales distintas a las previamente anunciadas por la Upme como planeador y adoptadas por la Creg como regulador; y no han considerado la totalidad de los proyectos de expansión que fueron aprobados con posterioridad a agosto de 2024. Esto evidencia una pérdida de oportunidad respecto del uso de la red como recurso escaso. Lo anterior no solo es bastante negativo, sino que también hace que algunos inversionistas reevalúen sus decisiones de inversión en Colombia, porque dichos comportamientos de las autoridades no garantizan la seguridad jurídica y desconocen los principios de buena fe y confianza legítima que deben regir las relaciones entre Estado y particulares. 

CAMBIO: El Gobierno está impulsando cambios regulatorios a través del Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). ¿Cuál es su opinión sobre el rumbo que se está marcando en materia de regulación energética?

M.G.F: En relación con el rumbo del Gobierno en estos temas, es preciso decir que muchos de los anuncios que hace son populistas y, aparentemente, no tienen intención real de materializarse, más allá de generar una reacción positiva ante sus votantes más dogmáticos. Sin perjuicio de lo anterior, hay señales políticas y regulatorias que producen un impacto sobre el mercado y generan pánico innecesario, lo cual, a la larga, actúa como enemigo de la estabilidad y garantías que requiere el mercado y la inversión principalmente extranjera. 

De otra parte, la instrumentalización de la Creg por parte del Gobierno nacional para establecer precios de escasez diferenciales por tecnología (bajos para renovables y carbón y altos para el resto) genera distorsiones de incentivos porque se está utilizando un precio regulado, cuya función es hacer exigibles las obligaciones de energía en firme, como un mecanismo de regulación indirecta del precio de bolsa. Lo anterior, además de ser antitécnico y reducir las señales para la contratación de largo plazo por parte de comercializadores (prueba de ello es que, según reporte de XM de 4 de marzo del 2025, nadie se acogió voluntariamente al menú de transición de corto plazo), sin resolver el tema de las tarifas altas. Lo anterior, dado que muy pocos comercializadores están expuestos sustancialmente a bolsa (muchos comercializadores serios tienen exposiciones a bolsa de menos del 10 por ciento de las compras necesarias para atender su demanda) y la generación no es el único factor al determinar el costo unitario del kilovatio/hora.

Además de todas estas modificaciones regulatorias actuales y eventuales, lo cierto es que narrativas tales como “las tarifas de energía son ilegales” que han sido acuñadas por el Gobierno, cuando estas siguen la lógica de las metodologías Creg y del funcionamiento de mecanismos de mercado establecidos por el esquema institucional y normativo, resultan contraproducentes, generan pánico para los inversionistas, y hacen más parte de un discurso de oposición que el de un Gobierno.

CAMBIO: Colombia tiene energía en firme hasta 2027 y la creciente demanda requiere la entrada de nuevos proyectos. ¿Qué rol cumplen en esto las subastas y los contratos de largo plazo y cómo pueden impulsar la atracción de inversiones? 

M.G.F: Es preciso resaltar que las subastas de contratación de largo plazo son necesarias para que los inversionistas encuentren señales adecuadas para el desarrollo de proyectos nuevos para la generación a partir de fuentes no convencionales de energías renovables. Ello se debe a que la financiación y apalancamiento de nuevos proyectos depende de mecanismos de contratación de largo plazo que aseguren el flujo de recursos por un plazo suficiente y a un precio razonable para repagar la deuda. 

El 28 de febrero, el Gobierno publicó un proyecto de decreto que desarrolla o implementa la posibilidad de acudir a mecanismos de contratación de largo plazo, pero el cual además de estar en borrador requiere de la expedición de normas por parte de otras entidades tales como el Ministerio de Minas y Energía y la Creg, y requiere de que la Upme como planeador evalúe el cumplimiento de objetivos tales como la incorporación de diversas tecnologías de generación teniendo en cuenta criterios socioeconómicos, ambientales y de ubicación (nodos, áreas, territorio, regiones geográficas), lo cual a la fecha no es claro qué significaría.

Por otro lado, la solución tampoco está en mecanismos que son fruto de la improvisación como es el caso de la propuesta relacionada con los contratos por diferencia, cuyo contenido parece confuso, no está fundamentado en metodologías claras, al tiempo que tiene errores de desconocimiento y descontextualización de la regulación, y no incorpora las lecciones aprendidas de mecanismos de contratación anteriores.

CAMBIO: ¿Qué aspectos de la regulación actual considera que deben ser modificados o mejorados para acelerar la implementación de proyectos de energías renovables en Colombia?

M.G.F: Más que expedir regulación nueva, se requiere adelantar un nuevo esquema de subastas de contratación de largo plazo que incentiven el desarrollo y construcción de nuevos proyectos a partir de fuentes no convencionales de energías renovables. Igualmente, se requiere que se declare la inconstitucionalidad o se desmonte el incremento de transferencias del sector eléctrico para proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energías renovables en áreas con mayor velocidad del viento o radiación, el cual impacta fuertemente el modelo financiero de los proyectos. 

Por otro lado, es preciso optimizar y agilizar el procedimiento de conexión, manteniendo las señales adecuadas y considerando la expansión de red derivada de la construcción y puesta en operación de nuevos proyectos de expansión, lo cual generaría incentivos positivos de cara al desarrollo de nuevos proyectos. Por último, es necesario que se desmonte la regulación nueva de cargo por confiabilidad relacionada con precios de escasez diferenciales, de tal manera que no se generen desincentivos para la participación en estos mecanismos y que, por el contrario, se fomente la incorporación de mayor capacidad de generación a la matriz. 

CAMBIO: Las hidroeléctricas representan más del 60 por ciento de la capacidad eléctrica del país, ¿cuáles son algunos de los desafíos más apremiantes para diversificar la matriz y cómo se puede impulsar esto desde la regulación?

M.G.F.: Todas las fuentes de generación son necesarias en un contexto de transición energética, en razón a la complementariedad que debe existir entre estas. Así las cosas, es preciso considerar que uno de los componentes del ‘trilema’ de la transición energética es la seguridad y continuidad del suministro, lo cual se logra a través de distintas tecnologías para tener una matriz más resiliente. Por ejemplo, las plantas térmicas que funcionan a partir de combustibles fósiles como el gas natural y que no se ven afectadas por variables meteorológicas para su funcionamiento pueden ser esenciales.

Lo anterior, evidentemente sin perjuicio de la necesidad de incentivos adecuados para el desarrollo de proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energías renovables, dado que estos son más sostenibles desde el punto de vista ambiental y tienen menores costos que, en el largo plazo, hacen que la energía resulte más asequible para los usuarios.

CAMBIO: ¿Qué necesidades tiene Colombia en términos de almacenamiento de energía eléctrica y autogeneración remota? ¿Cómo puede aportar esto a la suficiencia energética del país a mediano y largo plazo?

M.G.F: Para poder tener esquemas de negocio atractivos de almacenamiento de energía, se requiere de modificaciones regulatorias que permitan que el mercado de bolsa funcione con despacho intradiario y que se generen otras innovaciones, como permitir y regular el arbitraje de precios de energía mediante proyectos standalone de almacenamiento, definir la implementación de cargos por capacidad y evaluar alternativas para revivir, con modificaciones sustanciales, el marco regulatorio para el desarrollo de proyectos que sirvan de soporte a la red previamente establecido mediante la resolución 98 de 2019 de la Creg. Ahora bien, será preciso evaluar cómo funcionaría el esquema de contratación de largo plazo establecido en el proyecto de decreto del 28 de febrero para, entre otros objetivos, promover esquemas de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías. Respecto de dicha propuesta normativa, surgen dudas tales como quién celebraría estos contratos, para qué servicios concretos se estructurarían y, de acuerdo con las opciones proveídas por dicho decreto, en qué casos los precios se formarían de manera competitiva y en qué otros se formarían con cargo a parámetros de costos eficientes, así como las metodologías que se implementarían para dicho fin. 

En cuanto a la autogeneración remota, esta es una gran oportunidad para Ecopetrol y para otros industriales que están interesados en consumir energía en puntos distintos a donde es generada. Particularmente, resulta atractivo para quienes requieren una buena demanda de energía para su operación y encuentran predios u oportunidades para autogenerarla en lugares alejados de su operación y tienen un porcentaje de excedentes que quieren enajenar en el mercado de energía mayorista. Al respecto, a pesar del estudio de evaluación del decreto publicado por la Creg que daría preliminarmente algún tipo de claridad sobre cómo se manejarían los distintos cargos y sobre el uso de la red, lo cierto es que el regulador deberá adoptar medidas adicionales para su implementación. 

CAMBIO: Finalmente, a modo de reflexión, ¿cuál es la transición energética que el país necesita para responder a la demanda actual? 

M.G.F.: Una transición energética ordenada que tenga en cuenta la complementariedad de las fuentes de generación para tener una matriz más resiliente y que no parta de decisiones fruto de la improvisación, ni que genere señales que se conviertan en desincentivos para la inversión.

*Contenido elaborado con el apoyo de Cuatrecasas.