Demandan nombramiento del primo de Abelardo de la Espriella como delegado en cinco universidades públicas
Congresistas del Pacto Histórico instauraron una demanda de nulidad al nombramiento de Rodolfo Londoño de la Espriella. Como reveló CAMBIO, el primo del primer mandatario es uno de los sacerdotes que habría participado en un exorcismo realizado en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía.
Por: Jonathan Beltrán
El pasado 25 de agosto, la ministra de Educación, Viviane Morales, firmó el decreto con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella designó a sus representantes ante los Consejos Superiores de 14 universidades públicas. Apenas 48 horas después, se presentó la primera demanda de nulidad en contra de uno de esos nombramientos oficializados.
En la lista de delegados del jefe de Estado ante los órganos encargados de tomar las decisiones en las instituciones de educación superior públicas aparece el sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella, primo del presidente. Por su vínculo familiar con el mandatario, congresistas del Pacto Histórico acudieron a la justicia para pedir que se anule su designación.
Londoño de la Espriella integra la orden de los Siervos del Espíritu Santo y ha participado en distintas actividades religiosas organizadas por el Gobierno nacional en Bogotá y Barranquilla desde el pasado 7 de agosto. Ahora, tras su designación, asumiría un papel clave como intermediario entre la administración central y cinco universidades públicas.
Las cinco universidades en las que Londoño de la Espriella asumiría como delegado presidencial son la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. En sus Consejos Superiores, el representante del jefe de Estado participaría en la toma de decisiones sobre asuntos estratégicos de las instituciones.
Desde esa posición, el delegado presidencial tiene voz y voto en decisiones que van desde la aprobación de los planes de desarrollo y los presupuestos de las universidades hasta la definición de políticas institucionales y otros asuntos de gobierno universitario. Su presencia también resulta relevante en la elección de rectores, uno de los procesos de mayor peso dentro de estos órganos.
Los detalles de la demanda de nulidad a la designación del primo de De la Espriella
La demanda de nulidad busca que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo revise si la designación se ajusta a las normas que regulan la participación de familiares del presidente en cargos dentro de la administración pública. En ese sentido, las congresistas Laura Daniela Beltrán e Isabel Vera sostienen que el vínculo familiar con el jefe de Estado amerita un examen de fondo sobre la legalidad del nombramiento y las circunstancias en las que fue realizado.
Uno de los argumentos centrales de la acción judicial está relacionado con las restricciones constitucionales y legales frente al nepotismo. La demanda pide establecer si el parentesco entre el delegado y el presidente puede afectar la validez de la designación y si se cumplieron los requisitos exigidos para que Londoño de la Espriella asumiera la representación presidencial ante los Consejos Superiores de las cinco universidades.
Las congresistas también cuestionan la idoneidad de la designación y sostuvieron que, a su juicio, un juez determine si el nombramiento respondió a criterios objetivos y legales. La controversia, según plantean, no se limitaría al parentesco, sino que también corresponde al papel que tendrá el delegado en órganos de dirección de instituciones públicas que cuentan con autonomía universitaria.
“Esto es preocupante. Familiares en cargos estratégicos y una cercanía religiosa que ahora llega a instituciones que deben preservar su autonomía e independencia”, señalaró la representante Beltrán. Además, cuestionó que las universidades públicas puedan terminar sometidas a intereses familiares o políticos y sostuvo que “no son una extensión de la Presidencia, ni una sacristía, ni una famiempresa”.
Por su parte, Isabel Vera defendió que sean los jueces quienes establezcan si el nombramiento cumple con la Constitución y la ley. “En Colombia las reglas tienen que aplicarse para todos, sin importar el apellido ni la cercanía con el poder”, afirmó la congresista, quien concluyó que la demanda busca precisamente que se determine si esa independencia está en riesgo con la designación.
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