“La descertificación no tiene efectos positivos para ninguno de los dos países”: expertos analizan la decisión de Estados Unidos

Colombia fue descertificada por Estados Unidos en la lucha antidrogas, pero la Casa Blanca activó un waiver por “interés nacional” que evita la aplicación inmediata de sanciones y preserva la cooperación bilateral. En la práctica, esta figura funciona como una matrícula condicional: el país mantiene la asistencia en seguridad, justicia y desarrollo, pero queda bajo la obligación de mostrar avances verificables en los próximos 12 meses.

Este compás de espera eleva la exigencia sobre metas y verificación, y que si Colombia no demuestra cambios sustanciales —en erradicación de cultivos, reducción de producción y tráfico de drogas, así como en el fortalecimiento judicial y financiero contra las organizaciones criminales— el país sí podría enfrentar sanciones económicas y políticas a gran escala.

Las proyecciones de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) dimensionan lo que está en riesgo: con una descertificación completa, el turismo podría perder hasta 1.000 millones de dólares anuales en divisas si Estados Unidos eleva sus alertas de viaje al nivel máximo; la cooperación bilateral en seguridad, justicia y desarrollo —que ronda los 450 millones de dólares anuales— podría reducirse entre 135 y 225 millones en sanciones intermedias, o hasta 315 millones de dólares si las sanciones son severas. 

Pero las cifras son apenas la superficie del problema. Expertos consultados por CAMBIO advirtieron que la descertificación total no solo tendría un costo económico, también pondría en riesgo la cooperación en seguridad, la credibilidad internacional y la relación estratégica con Washington.

El golpe inmediato: cooperación policial y militar

Con una eventual descertificación total el próximo año, el impacto más rápido y tangible se podría sentir en el corazón de la cooperación bilateral: la asistencia en seguridad. La ley estadounidense que regula el proceso de certificación antidrogas establece con claridad que, ante una descertificación, se activa de inmediato una reducción automática del 50 por ciento de la ayuda estadounidense. Para Colombia, ese recorte sería devastador en dos frentes claves: el apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

“Lo que Colombia perdería frente a una descertificación es, en primer lugar, una reducción del 50 por ciento de la asistencia estadounidense, sobre todo en dos rubros esenciales: la cooperación policial y la cooperación en seguridad, que son apoyos claves de Washington en el país”, advierte Manuel Camilo González, profesor de relaciones internacionales de la Javeriana y la Universidad San Buenaventura. Su señalamiento no es menor: gran parte de la capacidad operativa de la Fuerza Pública —desde entrenamiento especializado hasta acceso a inteligencia y tecnología— depende de esos recursos.

En la misma línea, Theodore Kahn, director de Análisis de Riesgos Globales de Control Risks, recalca que el golpe no se limita a la reducción presupuestal, sino a la parálisis de operaciones estratégicas: “si se suspenden programas de cooperación en seguridad, habría un nuevo golpe a la capacidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía para llevar a cabo operaciones en el territorio. En ese sentido, la descertificación se convertiría en otro factor que agrave la ya debilitada capacidad de la Fuerza Pública”. Dicho de otro modo, la descertificación añadiría presión sobre unas instituciones que ya enfrentan dificultades serias para contener la expansión de los grupos armados ilegales y el crecimiento de los cultivos ilícitos.

Así las cosas, el país perdería la capacidad de sostener operaciones conjuntas que durante dos décadas han sido un pilar de la política antidroga y de la ofensiva contra organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.

Las consecuencias financieras y multilaterales

Otro de los terrenos sensibles para Colombia en caso de descertificación sería el acceso a financiamiento internacional. Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, lo resume en una frase contundente: “pierde ante todo credibilidad ante la comunidad internacional. La descertificación puede tener varias modalidades: unas leves y otras severas. Si nos imponen las segundas, podemos también perder facilidades de acceso a los organismos multilaterales de crédito: los Estados Unidos lo obstaculizarían”.

Esa credibilidad es la llave de entrada a los préstamos de instituciones como el Banco Mundial o el BID. En la práctica, significa que proyectos de infraestructura, programas sociales o planes de desarrollo rural quedarían expuestos a retrasos o incluso bloqueos si Washington decide votar en contra o abstenerse en las mesas directivas de esos organismos. Theodore Kahn, de Control Risks, subraya que este tipo de represalia ha ocurrido en el pasado: “ha habido una vinculación directa entre la decisión de descertificar a un país y el hecho de retirar el apoyo para préstamos en estos órganos multilaterales. En ese escenario estaría en riesgo, por ejemplo, préstamos del BID o del Banco Mundial, posiblemente implicando cantidades relevantes de dinero para proyectos estratégicos o para inversiones sociales en el país”.

El riesgo no es solo que el flujo de dinero se detenga, sino que los mercados interpreten la descertificación como un signo de aislamiento político. Esto también podría elevar el riesgo país y, por ende, el costo de financiamiento para Colombia en los mercados internacionales. A juicio de Kahn, esa percepción es uno de los efectos indirectos más peligrosos, porque puede congelar decisiones de inversión extranjera y frenar la llegada de capital privado en sectores clave como energía, telecomunicaciones o manufactura.

AmCham estima que, bajo sanciones intermedias, Colombia podría ver bloqueado entre el 25 y 35 por ciento de las aprobaciones anuales de financiamiento multilateral. Con sanciones severas, las restricciones llegarían al 50 o 60 por ciento, lo que se traduciría en pérdidas de entre 431 y 517 millones de dólares al año. El panorama se complica con el financiamiento externo privado. Según AmCham, las sanciones intermedias elevarían el costo de financiamiento entre un 8 a 10 por ciento, y en un escenario severo se podría “provocar un efecto dominó” sobre la inversión extranjera, frenando nuevos proyectos en sectores clave.

David Fernando Varela, profesor de la Universidad Javeriana y doctor en asuntos internacionales de la Universidad Johns Hopkins, introduce aquí un matiz importante: el desenlace no necesariamente tendría que ser extremo. “Es difícil calcular el impacto económico, porque la reducción de la ayuda puede llegar hasta el 50 por ciento, (…) descertificar, en cambio, no tiene ningún efecto positivo para ninguno de los dos países”.

El costo diplomático y reputacional

Si algo resaltan los analistas es que la descertificación no solo sería un golpe financiero, sino un cuestionamiento político que dejaría a Colombia en una posición incómoda en la arena internacional. Varela lo plantea con claridad: “descertificar es lanzar una acusación seria contra el gobierno de un país aliado y, sin duda, generaría una tensión mayor en las relaciones internacionales”.

Esa tensión no se quedaría en lo simbólico. Según Luis Alberto Villamarín, analista internacional, la descertificación podría abrir la puerta a sanciones adicionales, como restricciones comerciales o mayores trabas migratorias. “Si Trump la aplica como lo hizo con India —imponiendo fuertes aranceles— significaría que con Colombia podría cortar todo tipo de ayuda: económica, social, cultural y de seguridad”.

Los efectos indirectos: inversión, riesgo país y gobernabilidad

Más allá de los recortes automáticos, la descertificación tendría un eco indirecto que podría sentirse con más fuerza en la economía real. Theodore Kahn explica que el solo anuncio puede “congelar o retrasar inversiones privadas por la creciente preocupación por la situación de seguridad en el país y también por las implicaciones reputacionales”. Esa percepción se traduce en un mayor riesgo país, lo que encarece el crédito y frena decisiones de expansión de empresas multinacionales.

A esto se suma el efecto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Villamarín advierte que Estados Unidos podría endurecer los requisitos de visas, dificultando la movilidad de colombianos hacia ese país. “Si de por sí a los colombianos los miraban con desconfianza en los aeropuertos, ahora será peor, y lo mismo para los migrantes que ya están allá”. Es decir, el impacto no solo recaería en la macroeconomía, sino también en la experiencia directa de miles de personas.

Escenarios futuros: ¿choque o negociación?

Con todo lo anterior, el waiver deja a Colombia en una situación de prueba: durante los próximos 12 meses debe mostrar avances verificables en la lucha contra las drogas para evitar sanciones más severas. No se trata de un cheque en blanco, sino de una advertencia acompañada de un plazo definido.

En caso de que el país no cumpla con las metas, las medidas que hoy están suspendidas podrían entrar en vigor y todas las afectaciones mencionadas por los expertos, como las reducciones en la cooperación y obstáculos en los organismos multilaterales de crédito, podrían activarse.

El desafío inmediato, entonces, es doble: sostener la cooperación actual y, al mismo tiempo, ofrecer resultados que convenzan a Washington. De ello dependerá si en la próxima revisión la relación entra en un escenario de confrontación o si se mantiene el canal de negociación abierto gracias al interés estratégico que Estados Unidos aún reconoce en Colombia.