Aseguradores y camioneros se unen a los gremios con propuestas para la ley de financiamiento

Este jueves el Congreso reactivó la discusión sobre la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno para el presupuesto nacional de 2025 con una audiencia pública, la primera de este momento previo a los debates y votaciones del proyecto de ley.

Durante la audiencia, tanto gremios como centros de pensamiento advirtieron nuevamente sobre los riesgos de cumplimiento en las metas de déficit fiscal desde este año, mientras que para 2025 se espera un gasto que en el mismo proyecto del Gobierno está desfinanciado en 12 billones de pesos inicialmente.

Además, la bancada del Partido Centro Democrático anunció que, de presentarse la votación del proyecto de ley, presentará una ponencia negativa. Esta ley de financiamiento no tiene mensaje de urgencia por el momento, lo que significa que tendrá que atravesar las votaciones en las comisiones económicas por separado en Cámara y Senado, para luego pasar a las respectivas plenarias antes del 13 de diciembre, cuando se estima que el Congreso salga a vacaciones, y hace apenas un mes se nombraron los ponentes y coordinadores ponentes para el proyecto.

Más ideas para el debate

Mientras tanto, después de la audiencia pública dos gremios presentaron sus propuestas para el proyecto que pretende modificar el régimen tributario del país. Por un lado, Fasecolda, el gremio de las administradoras de seguros, envió una carta a los ponentes y coordinadores ponentes del proyecto para sugerir que la tasa reducida de impuesto de renta, que quedaría en 30 por ciento, se aplique a todas las empresas, sin importar su tamaño.

Gustavo Morales, presidente del gremio, argumentó que la tarifa actual de 35 por ciento es una de las más altas de la región y a eso deben sumarse sobretasas en algunos sectores, como el suyo, que deja la tasa de renta corporativa en 40 por ciento y agregó que “es una mala idea tener tasas diferenciales basadas en el tamaño de la renta líquida de las empresas. Estas tasas generan distorsiones significativas en el sistema tributario y afectan su eficiencia económica. Si bien la progresividad puede tener ventajas, aplicar tasas más altas según el nivel de ingresos puede desincentivar el crecimiento de las empresas emergentes, que buscan consolidarse en el mercado”.

Por su parte, Colfecar, el gremio de los transportadores terrestres de carga publicó un comunicado en el que pide que parte del recaudo del impuesto al carbono, que aumentaría con el proyecto de ley de financiamiento, se destine a pagar una parte del programa de modernización de la flota automotriz, que está 80 por ciento en manos de pequeños transportadores, según sus propios cálculos.

“Este incremento en el impuesto al carbono, también representa un riesgo en materia de orden público, puesto que un nuevo incremento en el precio del diésel podría desencadenar –nuevamente– protestas de pequeños transportadores independientes, considerando que el Gobierno nacional firmó un acuerdo con quienes lideraron las protestas que solo aceptaron un incremento en el precio de 800 pesos”, advirtió Colfecar.