El plan B de la reforma a la salud

El proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno de Gustavo Petro al Congreso todavía no se ha empezado a discutir en la Comisión Séptima y ya ha sufrido un evidente desgaste. No solo por las críticas de los sectores especializados, que temen que Colombia vuelva a los tiempos del fallido Instituto de Seguros Sociales. También, por los reparos de tres ministros –y el director de Planeación– sobre el desfase presupuestal que supondría la reforma, y hasta las dudas acerca de si es constitucionalidad tramitar el proyecto como ley ordinaria y no como ley estatutaria.

Para completar, el Congreso recibió cuatro proyectos de reforma más, incluida una propuesta particular redactada entre tres partidos de gobierno (Conservador, Liberal y La U) que, en resumen, consiste en mantener vivas las EPS e ir en contra de la estatización del sistema.

Para profundizar: Esta es la reforma a la salud que proponen los partidos tradicionales

Hasta la semana pasada, el Gobierno Petro confiaba en su margen político y estaba decidido a aprobar el proyecto en el capitolio a como diera lugar. Especialmente porque la de salud es el abrebocas de sus otras dos ambiciosas reformas: la laboral y la pensional, que le siguen en la fila.

Sin embargo, en entrevista con CAMBIO, el presidente Petro habló de la posibilidad de retirar la reforma. "El proyecto de la ministra de Salud es el proyecto del Gobierno, es el proyecto del presidente. Tiene unas líneas rojas, si no, lo retiramos. Y si lo retiramos, dejamos que pase lo que va a pasar", aseguró el mandatario.

Bajo esa misma narrativa, hoy la ministra Corcho dijo que el Gobierno retiraría del Congreso el proyecto en caso de presentarse modificaciones significativas en los “puntos esenciales” del articulado. En este sentido, si el trámite en Capitolio se torna complejo, la ministra Carolina Corcho puede optar por retirar el proyecto y radicarlo después o pasar parte del articulado por la vía de los decretos.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, admite que hay cosas del proyecto que deben hacerse con o sin reforma, aunque necesiten del Congreso para liberar los recursos.

El colega que la antecedió en la cartera, Fernando Ruiz, cree que el 80 por ciento de la reforma puede pasarse por decretos.

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“La reforma está entre lo que impactará la salud de los colombianos y la parte donde no se necesita porque ya está en la ley o porque es factible aprobarlo por decreto”, dice Ruiz.

El capítulo cinco, que agrupa la transformación en la prestación del servicio, contempla pasar de un modelo territorial a uno poblacional, en el que todos los colombianos se afilien al Centro de Atención Primaria (CAPs) de su barrio. Ruiz asegura que la creación de los Caps no necesita reforma porque ya existen desde la Ley 1438 de 2011, como sucede en Bogotá. El exfuncionario afirma que los modelos predictivos también existen, por ejemplo, en Boyacá y Guainía, y que no necesitan ley.

Jonathan García, investigador de sistemas de salud de la Universidad de Harvard, considera que la inversión en infraestructura también puede hacerse por decreto, especialmente lo relacionado con las zonas rurales. Los recursos proyectados para inversión de infraestructura hospitalaria, en la reforma, parten de sostener los 1,5 billones de pesos aprobados con destino al desarrollo de los Caps para 2023, con un pequeño crecimiento del 1,1 por ciento anual a lo largo de los diez años del ejercicio financiero. “Ya la ministra lo hizo con el presupuesto de este año y podría repetirlo con los próximos tres años”, dice García.

En el capítulo siete de la reforma, en el que se describen las redes integradas e integrales de servicio de salud, se habla del Sistema Único Público de Información Integral en Salud, que garantice el cruce de información entre las diferentes Instituciones prestadoras de servicios de salud. Este punto no necesita aval del Congreso porque en 2020 se creó la Ley 2015 sobre la historia clínica electrónica interoperante.

Actualmente cada EPS tiene su propio sistema de información. Si un paciente se traslada a una EPS distinta, o asiste a una clínica diferente de donde normalmente la atienden, debe llevar una carpeta con su historia clínica. La ley, aunque pendiente de implementación, contempla precisamente eso: que las clínicas y hospitales intercambien datos clínicos relevantes, documentos y expedientes de cada paciente.

García dice que la formalización de trabajadores sí requiere de una ley porque exige crear un estatuto especial. En contraste Andrés Vecino, investigador de temas de salud de la universidad de Johns Hopkins, afirma que un acto administrativo del Ministerio de Trabajo podría resolver el problema. El inconveniente aquí es saber de dónde se sacará la plata para ello.

Ruiz rescata que el artículo siete, que crea la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud, ya existe. “Los determinantes sociales, es decir, el mecanismo de la comisión intersectorial de salud, ya existe. Y de él hacen parte el presidente y varios de los ministros –agrega–. También está creado el plan decenal de salud pública, pero lo tienen abandonado y eso quedó formulado desde el año pasado”.

La parte dura de la reforma –o, mejor, lo que requiere ley– es la intención de acabar las EPS y reemplazarlas por toda la estructura de fondos nacionales y regionales. La reforma habla de un giro directo a prestadores. Actualmente, las EPS reciben la plata y se encargan de pagarles a los prestadores. El proyecto del Gobierno busca que la Adres, que es una especie de banco de la salud, pague directamente a clínicas y hospitales. Pero incluso en este caso, puede haber una alternativa jurídica distinta de la reforma.

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Para Ramón Abel Castaño, consultor en temas de salud, “el giro a prestadores también se puede sacar por decreto, porque ya lo contempla otras leyes previas. De hecho, hoy se hace con el 70 por ciento de facturación del régimen subsidiado”, concluye.

Así las cosas, si el trámite de la reforma se complica y –por ejemplo– toca aplazarlo por inconveniencia política o por falta de consensos, el Gobierno tendría suficiente margen de maniobra para darle vía libre a buena parte de la iniciativa de reforma a la salud por sus propios medios.