Impuestos anticipados: los problemas del proyecto de decreto en el que trabaja el gobierno Petro

Hace apenas algunas semanas, en el consejo de ministros del 31 de marzo, el presidente Gustavo Petro señaló a su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, como el culpable de los problemas de caja que acarrea el Gobierno desde el año pasado y las finanzas apretadas de la nación. 

“No es que no hayamos recaudado, es que en 2023, por un decreto ministerial del Ministerio de Hacienda, se anticiparon los impuestos de 2024. Le dijeron a los empresarios que no solo pagaran lo que debían pagar en 2023, sino un porcentaje de lo que tenían que pagar en 2024. En 2023 aparece una barra altísima y en 2024 una más baja, porque parte de lo que tenía que ingresar en 2024 lo hizo en 2023”, dijo el mandatario. 

Irónicamente, hoy el Ministerio de Hacienda, dirigido desde el 25 de marzo por Germán Ávila, tiene listo un borrador de decreto que anticiparía el recaudo de varios impuestos de 2026 en 2025. 

El documento de 33 páginas, publicado para comentarios por Hacienda, contempla cambios en las retenciones y autorretenciones del impuesto sobre la renta, amparadas en el artículo 365 del Estatuto Tributario que establece la facultad del Gobierno para establecerlas. 

“El Gobierno nacional podrá establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios, y determinará los porcentajes tomando en cuenta la cuantía de los pagos o abonos y las tarifas del impuesto vigentes, así como los cambios legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas, las cuales serán tenidas como buena cuenta o anticipo”, dice dicho artículo. 

¿Qué cambiaría con el proyecto de decreto? 

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana analizó los ajustes en las tarifas y condiciones de retención y autorretención en la fuente que propone el borrador de decreto. 

El primer gran cambio que identificó el Observatorio es la disminución de las bases mínimas para aplicar retención, cambios que tendrían un efecto generalizado sobre todas las personas naturales y jurídicas que reciben ingresos sujetos a retención, incluso por montos menores a los actuales. 

“Por ejemplo: en servicios, pasa de cuatro UVT (cerca de 200.000 pesos) a dos UVT. Para otros ingresos, baja de 27 UVT (aprox. 1.344.000 pesos) a 10 UVT (menos de 500.000 pesos)”, explicaron los investigadores de la entidad, quienes resaltaron que también se incrementan algunas tarifas, como en la compra de oro, que subiría del 1 al 2,5 por ciento. 

El segundo cambio importante es en las autorretenciones, que aplica a personas jurídicas beneficiarias de exoneraciones de aportes, y se calcula sobre las ventas, pues el proyecto propone incrementos en la mayoría de sectores. 

“Por ejemplo: actividades hoy al 0,55 por ciento pasarían al 1,2 por ciento. La generación y comercialización de energía eléctrica subiría del 2,2 al 4,5 por ciento. Actividades de construcción como demolición o vivienda residencial subirían del 1,1 al 3,5 por ciento”, indicó el Observatorio. 

Las críticas al documento 

Varios expertos cuestionaron la intención del Gobierno. Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, aseguró que, de acuerdo con cálculos hechos por la institución, las nuevas tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta implicarían un adelanto en el pago de impuestos de 2026 a 2025 por 13,9 billones de pesos, lo que equivale a 0,8 por ciento del PIB. 

“Esto repetiría el error de 2023, con el agravante de que no se ha aprobado una nueva reforma tributaria, por lo que esta operación abrirá un hueco fiscal adicional equivalente el próximo año. En términos prácticos, es como si un trabajador solicitara un adelanto de su salario de 2026 para cubrir los gastos de 2025”, explicó Mejía. 

Según el experto, la única salida responsable es recortar el gasto. Desde el año pasado, Fedesarrollo viene insistiendo en que el Gobierno necesita acomodar sus gastos este año y hacer un nuevo recorte en el presupuesto, que según las cuentas de la entidad debería ser un recorte de 28 billones. 

Al respecto, José Ignacio López, presidente del centro de estudios Anif, mencionó también que aumentar las retenciones en la fuente puede ayudar a solventar el problema de caja del Gobierno, pero redundará en una caída de ingresos fiscales en un futuro, dado que las retenciones son anticipos de impuestos. López alertó también que una mala calibración puede afectar la liquidez y estabilidad financiera de las empresas.

“El aumento de retenciones en Colombia usualmente se da cuando hay una reforma tributaria que eleva los impuestos. En ese caso, las mayores retenciones ayudan a suavizar el efecto en caja del sector privado. En la actual coyuntura, en la cual no tenemos una nueva reforma, el efecto de las retenciones sobre la liquidez de las empresas puede ser el contrario”, cuestionó López. 

En su análisis, el Observatorio Fiscal de la Javeriana también se sumó a las críticas por considerar que aunque el Estado mejoraría su flujo de caja gracias a los mayores anticipos del impuesto de renta, las personas naturales y jurídicas perderán liquidez en el corto plazo, lo que a juicio de los académicos puede afectar la capacidad de consumo e inversión de las personas y las empresas. 

“Aunque estas medidas pueden ser entendibles desde el punto de vista fiscal, es clave señalar que trasladan presión financiera a los contribuyentes hoy, con la promesa de “compensar” en el futuro. Es como si el Estado cobrara por adelantado lo que supone que los ciudadanos ganarán, sin certezas”, aseguraron.